Causa Hotesur
Procesaron a Cristina Kirchner y a sus hijos por lavado de dinero
En la causa, se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario detenido Lázaro Báez.
Uno de los hoteles que administraba Hotesur, involucrado en la maniobra que se investiga.
Foto: Archivo El Litoral
Redacción de El Litoral
Télam
El juez federal Julián Ercolini procesó por supuesto “lavado de dinero” a la ex presidente Cristina Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el caso Hotesur, en el que se investigan las contrataciones hechas a hoteles de la familia Kirchner por parte de contratistas de obra pública.
El magistrado también le dictó el procesamiento al empresario detenido Lázaro Báez y a su hijo Martín; al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice; al detenido ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y Romina Mercado, sobrina de la ex presidente, entre otros. El juez, además, trabó embargos a los procesados de hasta 800 millones de pesos cada uno, según consta en el fallo judicial de 439 páginas que emitió este lunes. En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario detenido Lázaro Báez.
Simulación
Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner, cuya concesión había sido otorgada a la firma Villa Mitre, de Lázaro Báez.
Los procesados “habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en su fallo.
Los acusados “realizaron diversas operaciones comerciales -con las que pretendieron otorgarles a las ganancias antes mencionadas apariencia de legítimas- mediante las cuales se canalizaron los fondos en forma regular desde las empresas de Báez adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a Valle Mitre SA -también del empresario nombrado-; fundamentalmente a través de la actividad hotelera”, remarcó.
Valle Mitre, “sin contar con capacidad económica ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y abonó mensualmente en concepto de cánones locativos, sumas de dinero que finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquéllos, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos”, sostuvo el juez.
Roles
Para la ejecución de la maniobra, “fue necesario que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández se hicieran de fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros; en consecuencia registraron entre los años 2005 y 2009 múltiples negocios -en su mayoría con Lázaro Antonio Báez-, en los que también intervino Máximo Kirchner, en nombre de aquéllos”, según escribió el juez.
Al referirse a la situación particular de la ex presidente, el juez Ercolini sostuvo que “realizó diversas acciones -junto con otras personas también imputadas en esta causa- con el fin de introducir el dinero obtenido mediante la defraudación al Estado nacional investigada en la causa 5.048/16 (por supuesto de direccionamiento de la obra pública) en su patrimonio a través de la actividad hotelera”.
“Resultó fundamental para ello -continuó el juez- la estrecha y permanente relación que la encausada mantuvo con Lázaro Báez y otras personas de su entorno, dado que ello posibilitó que se cumpliera con los designios criminales fijados”.
La causa en la que se investigó una maniobra supuestamente realizada entre 2007 y 2015, se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la ex presidente había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.
Menem y Río Tercero
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expedirá el próximo jueves sobre el pedido de “sobreseimiento” del ex presidente Carlos Saúl Menem en el marco de la causa por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, ocurrido en 1995, en la que está imputado por el delito de “instigador de estrago doloso agravado por la muerte de personas”.
En agosto de 2013, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, había dictado el procesamiento del ex mandatario nacional, y en febrero de 2014 ese procesamiento fue revocado y sobreseído en la causa. Ese fallo fue recurrido en casación por los querellantes y la resolución se conocerá en el mediodía del jueves.
Las explosiones ocurrieron el 3 de noviembre de 1995, con el resultado de siete muertos y más de 300 heridos y, de acuerdo con los distintos fallos judiciales, lo sucedido fue una acción “intencional, programada y organizada”, con el objeto de “ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”, como maniobra para encubrir el comercio ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Menem ya tiene una condena de siete años de prisión por el contrabando de armas, aunque esa sentencia se encuentra en instancia decisiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El tercero
Este procesamiento es el tercero contra la ex mandataria en causas vinculadas con supuestos delitos de corrupción: el primero fue en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, y el segundo en el caso conocido como Los Sauces, que tiene las mismas características que Hotesur.
La ex mandataria está procesada, además, por las supuestas irregularidades en la operatoria con dólar futuro en el final de su mandato y por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la investigación del atentado a la Amia.
Ayala
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (PRO), resolvió suspender la reunión prevista para hoy en la que se iba a resolver el pedido de desafuero de la diputada nacional Aída Ayala (UCR), en la causa por asociación ilícita investigada por la Justicia Federal chaqueña.
“La jueza (Zunilda) Niremperger pidió el desafuero para detener a Ayala con el fin de indagarla, pero apenas la diputada se enteró del pedido, se presentó y fue indagada”, explicó el diputado de Cambiemos.Y agregó: “En ese contexto, para que Ayala permanezca detenida hace falta que la jueza dicte el auto de prisión preventiva, algo que todavía no hizo. Al día de hoy no hay ningún motivo para desaforarla ni tampoco para detenerla”, completó.
Ayala está imputada por “haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cártel de empresas con un alto índice de sobreprecios”, cuando era intendente de Resistencia, cargo que ocupó en 2015.
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