UNA VOTACIÓN CON FINAL INCIERTO
El Congreso comenzó a discutir el proyecto de despenalización del aborto
Al cierre de esta edición se iniciaba un debate que durará varias horas y desembocará en una definición con resultado impredecible, dada la paridad entre partidarios y opositores. Los primeros oradores destacaron el carácter “histórico” de la sesión. Qué dice el proyecto.
VIGILIA. Pañuelos celestes y verdes se reproducían de manera progresiva en la Plaza de los Dos Congresos, a medida que transcurrían las primeras horas de debate. Y también dentro del recinto.
Fotos: Télam
Redacción de El Litoral
Poco antes de las 11.30 y bajo la presidencia de Emilio Monzó, la Cámara de Diputados inició el debate por la despenalización y legalización del aborto, en una jornada considerada histórica tanto por quienes adhieren a la iniciativa -que ayer obtuvo dictamen favorable en las comisiones- como para quienes manifiestan su rechazo.
“Ni preferencias, ni cuestiones de privilegio, ni homenajes”, anunció el titular de la Cámara Baja luego de las formalidades previas al debate y antes de dar paso al asunto del orden del día sobre el que están puestas todas las miradas, que también están posadas sobre él. Porque si a la hora de la votación se mantiene la paridad de voluntades a favor y en contra que se venía insinuando en las últimas horas, Monzó tendrá la última palabra.
Todo esto ocurre y continuará hasta las primeras horas de mañana -se estima que el debate insumirá al menos 20 horas- en un clima de movilización que tiene su epicentro en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde predominan dos colores: el verde, que simboliza la adhesión al proyecto de ley, y el celeste, de quienes rechazan la iniciativa.
LAS PRIMERAS VOCES
Dentro del recinto de sesiones, los primeros en expresar su opinión fueron los legisladores que presiden las cuatro comisiones que constituyeron la plenaria donde se escucharon más de 730 exposiciones a favor y en contra de la ley. En primer lugar, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO-Legislación General), destacó que “por primera vez se va a tratar un proyecto de despenalización y legalización del aborto en este recinto”, y evaluó que “esto se ha dado por dos factores: la lucha de miles de mujeres y de integrantes de la campaña nacional (que impulsó la iniciativa) y por la decisión del presidente Mauricio Macri de apoyar explícitamente el debate parlamentario”. Y para ratificar su postura a favor, sostuvo que “la legalización del aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas”. Y cerró: “Nunca más una muerte por un aborto clandestino”.
En segundo lugar, Silvia Martínez (UCR- Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) destacó el carácter histórico de la sesión y concluyó en que al cabo de más de 700 exposiciones, “el aborto existe en la Argentina y hay mujeres que abortan cada día”, a la vez que sentenció que “esto se trata de una problemática de salud pública”. En ese sentido, sostuvo: “Tenemos una oportunidad histórica, no la desperdiciemos. ¿Cuándo vieron que haya niñas en los colegios siguiendo lo que pasa en el Congreso? No ha sucedido nunca, están confiando en nosotros, en las instituciones, en la democracia. No los decepcionemos”.
Carmen Polledo (PRO - Salud) ratificó a su turno el rechazo al proyecto mayoritario y consideró que “este debate parte de un conocimiento científico cierto y probado como es que hay vida desde el momento de la concepción”. En otro tramo advirtió sobre un “postulado engañoso que sostiene que estamos frente a una discusión de si ampliamos derechos o no de las mujeres, y la libertad para decidir. La libertad es un valor noble pero tenemos que tener cuidado cuando en nombre de la libertad violentamos los derechos de otros”. Y concluyó: “Si nos equivocamos con esta ley, el daño va a ser irreparable”.
También para ratificar su opinión contraria al dictamen de mayoría, se expresó Gabriela Burgos (UCR - Legislación Penal), quien señaló: “Soy mujer, he defendido los derechos de las mujeres y me siento identificada, pero no me considero que voy a ser más mujer simplemente por el derecho de prohibirle la vida a alguien”. Y por último advirtió que el proyecto que finalmente obtuvo dictamen y sería puesto a votación, “no promueve ninguna política; la única política que se promueve es la de la muerte”.
Cabe destacar que el dictamen de mayoría que se discute hoy en la Cámara de Diputados para legalizar el aborto contempla la sanción de una ley de orden público, es decir de aplicación obligatoria en todo el país, que incorpora la objeción de conciencia de los médicos, pero no de las instituciones, y establece que los adolescentes deberán ir acompañados por un mayor.
El despacho de las comisiones tuvo pequeños cambios, ya que se incorporó la confiabilidad en los datos sobre el registro de estas prácticas médicas, y las penas que se aplicarán a los médicos que cometan mala praxis.
POR LA MINORÍA
El dictamen de minoría, que firma, entre otros legisladores, la presidente de la Comisión de Salud Carmen Polledo, aconseja el rechazo del proyecto de despenalización. Y entre sus fundamentos -que ocupan 15 carillas- destaca que: “La situación es grave y el debate llevado a cabo nos obliga a no mirar para otro lado. Debemos reconocer que el embarazo no deseado es un problema, pero en función de ello debemos trabajar en propuestas superadoras que promuevan el respeto por toda vida humana e incluyan una atención especial a la situación de las mujeres desprotegidas o que se sienten forzadas a abortar. Hay otras maneras de reducir el número de abortos que no sea legalizando más muertes. El aborto suma más vulnerabilidad que no podemos desconocer a la hora de proteger la salud física y emocional de las mujeres”.
QUÉ SE DEBATE
Télam
Los principales puntos del dictamen de mayoría, consensuado ayer por 64 votos a 57, entre los 10 proyectos ingresados, son los siguientes:
- La ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta la semana 14.
- Se dispone que esta ley será de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.
- Se incorpora la objeción de conciencia para aquellos profesionales que lo manifiesten previamente a integrarse a la institución médica, pero esta concesión no podrá ser ejercida por la entidad sanitaria.
- Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.
- El dictamen fija que cumplido el plazo de 14 semanas sólo podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo: a) En caso de que el embarazo fuera producto de violación, con el solo requerimiento del declaración jurada de la mujer. b) Si hay riesgo en la vida o la salud de la mujer o persona gestante. c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
- Previo a la realización de la interrupción del embarazo, se requerirá el consentimiento escrito.
- En el caso de las adolescentes menores a 16 años se aplicará lo establecido en el artículo 26 del Código Civil, que habilita sólo a realizar tratamientos “no invasivos” sin el acompañamiento de un adulto.
- La mujer podrá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.
- El establecimiento de salud deberá garantizar a las mujeres información adecuada y atención previo a la interrupción de la gestión de carácter médico, social y psicológica.
- La práctica médica del aborto se deberá realizar en los hospitales públicos, las obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y de la Justicia, el Pami y las prepagas.
- El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados y fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población.
- Se crea un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyos datos deberán ser de estricta confidencialidad.
- En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer.
- El dictamen sustituye el artículo 85 del Código Penal para que sólo se puedan aplicar penas de prisión de 3 a 10 años al que practique un aborto sin el consentimiento de la mujer. La pena se eleva a 15 años si ocurre su fallecimiento.
- Se aplicará con prisión de seis a dos años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional que dilate u obstaculice un aborto legalmente autorizado.
- Establece que se aplicará prisión de 3 a un año a la mujer que causara su propio aborto o consienta que algún se lo realice a partir de la semana 15.
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