La política en foco

Ivana Fux

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Dos años y medio pasaron ya desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Santa Fe en su reclamo por la deuda de coparticipación federal. Tres meses transcurrieron desde la fecha tope que establecía el Consenso Fiscal para que el gobierno central le hiciese a la provincia una propuesta de pago. Veintisiete días, después de la reunión entre el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, tras la que se dijo que “en una semana”, la Casa Rosada definiría su oferta para cancelar la acreencia. Y nada. El miércoles pasó por Santa Fe el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y una vez más, garantizó su “voluntad negociadora”. Consultado por El Litoral, dijo que están “cerca de un acuerdo”, y que debe privilegiarse la resolución por “la vía política” antes que retornar a la instancia judicial. Es que ante la dilación, el propio Lifschitz deslizó en su momento que ya no había demasiado margen para seguir esperando, y que si esta instancia fracasaba, retomarían el camino de la Corte.

“Desde ya que coincidimos con que esto se tiene que resolver por la vía de la política”, dijo a este medio el ministro de Economía Gonzalo Saglione, después de escuchar a Frigerio. “Es lo que hemos hecho desde el primer minuto de nuestra gestión de gobierno -recordó-; hace dos años y medio que la provincia viene apostando por la vía política. Y obviamente, si ésta se resigna, es porque la misma ha fracasado. El tiempo transcurrido ha sido muy extenso -alertó-; incluso, se viene incumpliendo hasta el propio compromiso asumido en el marco del Consenso Fiscal que decía que antes del 31 de marzo nos debíamos poner de acuerdo en esto”.

La actual coyuntura económica nacional y los contratiempos financieros no ayudan. Pero el punto central en la discusión sigue pasando por determinar e incluir una cláusula de garantía en el acuerdo con el fin de que los bonos con los que la Nación intenta pagar parte de la deuda (el resto se cancelaría mediante la financiación de obras públicas) no se devalúen como consecuencia de la inflación. “El esquema de pago propuesto y que nosotros aceptaríamos supone un largo período de tiempo en el que la provincia podría recuperar esos recursos que indebidamente nos han sido quitados. Lo que hemos solicitado, y estamos esperando la respuesta -insistió-, es que esos bonos no pierdan capacidad de compra. Sugerimos una cláusula de actualización para todo el período de vida de esos títulos, asociada a la evolución de los precios de la economía argentina. Pero hasta el momento no hemos tenido noticias. La última reunión fue el 21 de mayo (con el ministro Dujovne), hace casi un mes, y no hubo más novedades”, lamentó. Finalmente, consideró que “si hubiera flexibilidad del gobierno nacional en aceptar el mecanismo sugerido por el gobierno de Santa Fe, probablemente estuviésemos cerca de cerrar un acuerdo. Quizá el ministro respondió de esa manera porque entiende que la respuesta estará en el corto plazo”, confió.

El punto central sigue siendo determinar e incluir una cláusula de garantía en el acuerdo con el fin de que los bonos con los que la Nación intenta pagar parte de la deuda (el resto se cancelaría mediante la financiación de obras públicas) no se devalúen como consecuencia de la inflación.