La política en foco

La reacción de los ajustados

Gabriel Rossini

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El paro de 24 horas impulsado por el sindicato de Camioneros, en reclamo de un aumento salarial del 27 por ciento -apoyado por los gremios enrolados en las dos CTA, la de Hugo Yasky y Pablo Michelli, y los docentes de Ctera-, más la huelga nacional que lanzó la CGT para el próximo 25 de junio en rechazo de la política económica del gobierno nacional muestran por primera vez desde la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015 que la tolerancia social llegó a su límite.

Agobiados por los irracionales aumentos de las tarifas de los servicios públicos que sobrepasan las posibilidades de pago de la mayoría de los usuarios, de los precios de los combustibles que parecen no tener fin y la devaluación del peso que se traslada a los precios de la vida cotidiana, el salario de los trabajadores sufrió en los últimos dos años y medio una caída del poder de compra real superior a los 15 puntos, lo que impactó fuerte sobre el consumo masivo.

Las consecuencias de las políticas económicas claramente se reflejan en la economía real y en la vida cotidiana de los argentinos. Para tomar sólo uno de los tantos estudios de mercado que se hacen por estos días, el de la Universidad de Palermo publicado por Infobae indica que un 61% de las personas consultadas apenas logra llegar a fin de mes, un 11% reconoce estar endeudándose para cubrir sus problemas de ingresos, y un 7% dice estar consumiendo sus ahorros. Sólo un 20% tiene ingresos suficientes como para poder ahorrar.

Éste es el contexto en lo cual deberán sobrevivir los actores de la economía real en al menos los próximos dos semestres, donde impactarán sin piedad las medidas que se tomaron, las que se tomarán, y que nos volvieron a explicar por televisión economistas aprendices de brujo. Este estado de cosas podría verse agravado si el gobierno vuelve a errar con los cambios de funcionarios anunciados esta semana y no consigue, al menos, recrear parte de las expectativas que lo llevaron a ganar las elecciones.

La gente de a pie tiene al menos que percibir que su vida va a mejorar, tener expectativas respecto a un futuro mejor y eso se ha perdido. La inmensa mayoría de las personas que conocemos vive peor que hace dos años y medio y ha dejado de creer que eso es consecuencia de una presunta herencia recibida, que probablemente no haya sido explicada porque en realidad no existía, y sí de medidas que tomó el gobierno al que le resta aún la tarea más difícil: explicar el ajuste que implementará a partir de ahora.

La sociedad civil argentina tiene un nivel de organización y participación que no tienen las otras de Latinoamérica. Suponer que no iban a reaccionar ante tamaño retroceso en las condiciones de vida es de una ignorancia sin atenuantes. Hasta Cavallo por TN les aconsejó con insistencia a los economistas del gobierno que lean libros de historia argentina.

El problema no lo tiene el gobierno con las organizaciones sociales o con aquellos que hacen de la pobreza un negocio político. Lo tiene con la “gente común”, por utilizar un término, a la que la plata no le alcanza y que después de la crisis de 2001 vivió no en un cantón suizo pero sí bastante mejor que hoy. Son compatriotas que tienen al menos tres crisis económicas en el lomo (Alfonsín, Menem y De la Rúa) y sabe de qué se trata. Ahora, tomarán conciencia de lo que esto significa los más jóvenes, que no tienen en su memoria histórica la vida cotidiana en el contexto de una crisis económica.

El conflicto social irá en aumento porque las condiciones de vida empeorarán aún más. ¿Entiende esto el gobierno? La respuesta se verá en los atenuantes que impulse. La discusión por el acuerdo con el FMI teñirá los días por venir de una sociedad que está acostumbrada a salir a la calle a pelear por lo que cree le corresponde. Si la reacción del gobierno es decir que el plan económico no se cambia como lo hizo el ministro Dujovne las cosas no mejorarán.

Sin un plan económico que privilegie la producción por sobre la especulación financiera, que proteja a la industria nacional, lo que significa el trabajo de los argentinos, que estimule la inversión en ciencia y tecnología, que comercie con el mundo en condiciones de equivalencia y cuide las divisas que este comercio genere, no habrá salida. Mientras tanto el gobierno deberá echar por tierra la idea de que a las decisiones de política económica las toma el responsable de la mesa de dinero del Banco Central.