Los legisladores incumplen la ley que votaron
Cuarto fracaso de la Asamblea Legislativa
Con el receso legislativo de invierno, se cumplirán 9 meses sin que el Poder Legislativo pueda ejercer el control de defensores y fiscales del fuero penal santafesino.
L.R.
Pasadas las 13 de este jueves 5 de julio, sin legisladores a la vista, dejó de sonar el timbre que llamaba a la Asamblea Legislativa. La sesión de los diputados y los senadores santafesinos quedó otra vez sin quórum al igual que el 14, 21 y 28 de junio.
Como hace siete días, sigue pendiente de tratamiento un reglamento, necesario para llevar a la práctica la facultad de ejercer un control directo sobre las conductas de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal.
A diferencia de otros jueves -el faltazo ya se ha hecho una suerte de hábito-, esta vez la ausencia fue de todos los legisladores. Las bancas vacías mostraron que hubo una suerte de consenso para no dejar en evidencia a algún bloque en particular.
Luego de un mes en el que se dijo, una y otra vez, que el tema se solucionaría sin más dilaciones, en la Legislatura abundan las interpretaciones: desde unas diferencias menores en la letra del reglamento a aplicar para los procesos contra fiscales y defensores, hasta unas nuevas interpretaciones sobre la propia ley que dejara en manos de la Legislatura esa facultad.
La tarde del 30 de noviembre de 2017, sobre tablas y sin debate, las dos Cámaras votaron la ley que luego se promulgó con el Nº 13.695 para asumir desde el legislativo la revisión de la conducta y la actuación de los defensores y los fiscales.
¿Hay ahora alguna duda sobre lo votado hace menos de un año? Preguntas como ésa comienzan a formularse en los pasillos del Palacio Legislativo.
Mientras tanto, más allá del repetido papelón por la falta de quórum, más de 60 expedientes respecto del desempeño de renombrados fiscales en causas que involucran a dirigentes políticos provinciales y municipales -y de algunos defensores- se acumulan en la Comisión Bicameral de la Asamblea Legislativa.
En pocas palabras, los legisladores incumplen la ley que ellos mismos votaron. Y la evaluación del trabajo y las condiciones personales de los integrantes de Acusación y Defensa -que antes estaban en la cabeza de ambos órganos- siguen en una suerte de limbo o, si se prefiere, en el purgatorio.
