De los diputados

Para frenar tarifazos

Héctor Cavallero, Partido Progreso Social (FJV)

Héctor Cavallero presentó varios proyectos con el objetivo de regular la política tarifaria de los servicios públicos y de esta manera asegurar a los santafesinos el acceso como consecuencia de los aumentos en las tarifas

Moratoria para el pago de luz y agua: en ambos establece un régimen de facilidades de pagos para los clientes de la EPE (Empresa Provincial de Energía) y ASSA (Aguas Santafesinas) que registren atrasos en el pago de los servicios. Contemplan que los usuarios podrán optar por abonar de contado y gozar de una quita del 20%. Asimismo, se podrán celebrar convenios de pagos en hasta 50 cuotas y se permitirá una reformulación de convenio de pagos vigentes. El régimen tendrá un plazo de vigencia de 60 días a partir de la promulgación de la ley.

Congelamiento de las tarifas de agua y electricidad: Dejando sin efecto los aumentos de tarifas dispuestos con posterioridad al 30 de noviembre de 2017. Se retrotrae el valor de sus tarifas al establecido a dicha fecha, quedando prohibido todo aumento para el presente año. También la creación del Fondo de Compensación y Regulación de Tarifas de los Servicios Públicos por la suma de 7.500.000.000 de pesos con el objeto de establecer un régimen regulatorio de las tarifas de energía eléctrica y de agua corriente que permita disminuir los efectos de los últimos aumentos efectuados sobre la estructura de costos y competitividad del sector productivo y de los ingresos de la población provincial, y compensar a las empresas prestadoras del servicio por los menores ingresos por facturación que resulten del mismo.

Tope de Intereses: el proyecto modifica el artículo 26 de la ley N.º 10.014 que sostiene que cuando los usuarios no cancelaren las deudas por suministro en las fechas correspondientes, se producirá la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación, pudiendo la empresa interrumpir el suministro. “Proponemos la supresión de los términos ‘actualizaciones y recargos’ ya que importan conceptos gravosos e ilegales para los usuarios y dejan abierta la posibilidad de que unilateralmente la empresa los disponga. Todo ello en aras a resguardar a los consumidores domiciliarios y pequeños y medianos empresarios frente a la excesiva onerosidad de las tarifas y de los recargos por mora, la cual no hace sino dificultar, o directamente impedir, el ejercicio del derecho de todo ciudadano a utilizar los servicios públicos.