ENTREVISTA CON OSCAR BLANDO

Nancy Balza

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Oscar Blando es director de Reforma Política y Constitucional de la provincia. Desde un primer momento fue el encargado de coordinar encuentros con sectores de la actividad social, política, académica y económica para sentar las bases de la reforma constitucional. Luego, estuvo al frente de la comisión redactora del proyecto impulsado por el gobernador Miguel Lifschitz que arribó a la Legislatura provincial a mediados de abril.

En diálogo con este diario, evaluó que hay consenso institucional, social, académico y también político para la reforma, pero consideró necesario salir de la “lógica obstruccionista” y llegar a acuerdos parlamentarios para lograr su aprobación.

—¿Podemos recordar cuándo se comenzó a trabajar en reuniones de coordinación?

—Más allá de que el gobernador Miguel Lifschitz había propuesto la reforma de la Constitución como un ideal político de su proyecto, en agosto de 2016 se abrió un proceso con las Bases para la Reforma que significó un camino inverso al que normalmente se toma como paradigma. En lugar de ser presentado un proyecto terminado a la Legislatura, con acuerdo de los partidos políticos, se empezó por el diálogo y la consulta con los distintos sectores de la sociedad civil: académicos, gremiales y empresariales, y con los cultos. Fue un proceso muy rico en el que intervinieron desde usuarios y consumidores hasta pueblos originarios, personas con discapacidad, con la incorporación de temáticas de diversidad sexual y perspectiva de género, entre otras. Se sumó el trabajo del Consejo Económico y Social; se hicieron audiencias públicas en la UNR y reuniones en la UNL y la Católica de Santa Fe; fueron convocados constitucionalistas que produjeron documentos, que luego se publicaron en la página web de la provincia. Fue un camino de mucha riqueza y el proyecto de necesidad de la reforma que elevó el gobernador a la Legislatura es la síntesis de ese largo proceso. Una de las conclusiones es que las instituciones consultadas estuvieron a favor de la necesidad de la reforma. Incluso los sectores que pueden ser más sensibles en algunos temas: para ello tuve reuniones con familiares de víctimas del delito y la inseguridad, apoyando la idea del derecho de víctimas que está expresamente contemplado. Ahora, es la Legislatura la que tiene que aprobar o no el proyecto, con mayorías agravadas de dos tercios de ambas Cámaras.

Durante los procesos democráticos, desde el ‘83 hasta acá hubo distintos intentos de reforma constitucional, de gobiernos justicialistas y del Frente Progresista, pero siempre hubo lo que el profesor Hugo Quiroga (politólogo y docente de la UNR) llama un “consenso negativo”. Es decir, vetos recíprocos. Y la idea es salir de esta lógica obstruccionista y llegar a acuerdos parlamentarios, sobre la base de que hoy todos dicen que son reformistas.

Por eso digo que hoy la llave la tiene la Legislatura que es la única que puede habilitar el proceso de reforma constitucional. Creemos que debe hacerse en un año no electoral como es 2018; algunos sostienen que debe hacerse en 2019 con las elecciones y otros hablan de hacer una consulta en 2019 para arribar a la reforma en el año 2020. Esto perjudica la posibilidad de dar certezas porque si no se ponen fechas ni límites, el proyecto en la sociedad decae. Aquí, hubo un consenso institucional, social y académico. También hay, en lo declamativo, un consenso político; por lo tanto me parece que es hora de salir de esa lógica obstruccionista e ir a un acuerdo definitivo porque nuestra Constitución necesita ser reformada.

—¿Esa decisión no está en duda?

—Salvo alguna voz solitaria, no está en duda. Me parece que todos coinciden en que a la Constitución hay que adecuarla y no solamente en términos de receptar los principios y valores de la reforma nacional del ‘94, aunque no se trata de copiar y pegar. Las normas internacionales de derechos humanos son progresivas y la Constitución del ‘94 es un piso y no un techo. Es cierto que el acceso a la información pública está en la carta magna nacional, pero el proyecto presentado por el gobernador propone que, además, haya obligación de brindar información sistemática, constante y accesible para todos, en todos los sectores estatales, poderes, municipios y comunas. Podemos hacer una Constitución más igualitaria en muchos términos y mejorar el texto del ‘94 y estaríamos cumpliendo con los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica que establece que los Estados deben adaptar las disposiciones al derecho interno. Acá, se discutió para qué incorporar derechos y garantías si están en la Constitución del ‘94 y lo que decimos es que eso da valor de derechos fundamentales, que los derechos son universales, incondicionales e inviolables. Por lo tanto, ningún Poder Ejecutivo, ni Legislativo ni Judicial puede contradecir los preceptos constitucionales. Vivimos en Santa Fe con un sistema donde la legislación es más progresista, más actual que los principios de la Constitución. Es fácil advertirlo en términos del Poder Judicial con el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa y con el rol del procurador, por ejemplo.

—Usted habla de una voluntad obstruccionista, ¿en qué le parece que se funda?

—No entendemos bien en qué consiste porque ciertamente todos están, por lo menos desde la declamación, a favor de la necesidad de la reforma. Lo que habría es una discrepancia en términos de la oportunidad o el momento, y eso es eminentemente político. Por lo tanto, no estamos hablando del fondo de la cuestión, de incorporar tal o cual derecho, sino que estamos hablando de criterios políticos y es la política la que tiene que destrabar estos criterios que tienen mucho más de oportunistas que de oportunidad. Hay proyectos en la Cámara de Diputados y se presentó otro en el Senado. Es hora de que se pongan de acuerdo en términos de qué reforma se quiere hacer y cómo. También es importante que quede claro el método del tratamiento de una ley de reforma constitucional y en esto hay dos criterios extremos: uno es el de la Constitución de 1962 (ley 5.443) que establece la necesidad de una reforma parcial y enumera los artículos (todos salvo el 4 que estableció la capital de Santa Fe). En el otro extremo está la Constitución nacional del ‘94, con un pacto político en el que hubo temas que conformaban el núcleo de coincidencias básicas, una parte donde estaban expresados hasta con la redacción de los artículos qué se quería incorporar y una parte para que resolviera la convención constituyente. El Ejecutivo de Santa Fe tomó una línea intermedia que es la que tomaron todos los antecedentes anteriores, de Obeid, de Reutemann y del Frente Progresista: explicar qué artículos y materias se reforman y en algunos casos qué dirección y sentido tiene esa reforma.

—¿Y para qué se quiere reformar la Constitución? ¿Cómo podría sintetizar esos objetivos?

—Las reformas constitucionales tuvieron siempre un núcleo conceptual, una razón de ser. Si pensamos en la Constitución fundacional de 1853 estaba claro que era la paz, la organización nacional, salir de la anarquía, organizar el país sobre la base de un Estado. A mediados del siglo XX las constituciones tuvieron una impronta: conquistados los derechos políticos, el sufragio -aunque fuese sólo masculino-, se necesitaba incorporar desde las primeras décadas del siglo los derechos sociales; por eso la del año ‘49, la del ‘57 con el artículo 14 bis. En Santa Fe, la Constitución de 1921 separaba la Iglesia del Estado e incorporaba los derechos sociales, y la de 1962 fue la Constitución de la gobernabilidad como respuesta a un proceso de inestabilidad política a nivel nacional y provincial. Si tuviéramos que sintetizar las razones fundamentales de la reforma hoy, hay que aspirar a una Constitución más igualitaria porque uno de los problemas de la Argentina y de Latinoamérica es la desigualdad. Y no hablamos sólo de la cuestión de género, sino de que todos tengan la misma ciudadanía electoral, en términos del acceso a la Justicia, de libertad de expresión y acceso a la información. Otro aspecto es el de la transparencia porque uno de los problemas que socava a las democracias es la corrupción y la impunidad, y por eso se considera necesario abordar el tema de la Justicia como parte del proceso y unido a esto los controles. Otro aspecto que fue reconocido es el del ambiente, para discutir el desarrollo productivo y el sistema económico que tienen un impacto directo. Y luego se plantea qué democracia queremos, si más liberal o más deliberativa. Por eso, el tema de audiencias públicas, el presupuesto participativo, iniciativa popular, consulta, revocatoria y otras modalidades que deben darse en términos de hacer una democracia de proximidad. Y en esto tiene que ver la autonomía que es otro eje: toda reforma constitucional significa discutir poder, las relaciones de poder y el poder mismo. Y una de las cuestiones es cómo se descentraliza el poder.

—¿Le parece que el tema de la reelección sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar con la reforma o ya fue superado?

—El tema de la reelección fue utilizado más para una justificación negativa que como un verdadero problema. Si miro los antecedentes, todos planteaban este tema. El proyecto de Jorge Obeid de 2004 establece claramente la posibilidad de una reelección por un solo período consecutivo pero con una cláusula que dice que no resulta aplicable a la persona que en ese momento estaba en el gobierno. La reforma de Carlos Reutemann establecía la inclusión de una disposición transitoria habilitando la reelección del gobernador y planteó una acción declarativa de inconstitucionalidad del art. 64 de la Constitución de Santa Fe porque violaba el pacto de San José de Costa Rica, cuestión que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El actual habilita la posibilidad de una reelección consecutiva y, luego, un intervalo. La línea es similar en los proyectos del justicialismo y del Frente Progresista. Se está dilatando el tratamiento debido a un error conceptual porque la Legislatura no redacta la Constitución: habilita temas, materias y artículos. Lo que puede hacer es habilitar ese tema y luego, elección de convencionales de por medio, será ese órgano el que decida.

—Acá no hay un núcleo de coincidencias básicas.

—No, esto no es un Pacto de Olivos. Al contrario, es una cuestión absolutamente abierta aunque sí se necesitan, por lo menos, consensos para lo que vamos a habilitar.