El gobierno busca evitar protestas
Desarrollo Social paga aumentos pero “la paz social está en riesgo”
Carolina Stanley efectivizará desde esta semana incrementos en los planes -en especial Argentina Trabaja- para 450 mil beneficiarios. Las organizaciones “dialoguistas” piden más; la izquierda anuncia ollas populares.
Redacción de El Litoral
El Ministerio de Desarrollo Social dispondría aumentos progresivos en los montos de los programas sociales hasta fin de año. El presupuesto de la cartera que conduce Carolina Stanley no sufrirá el impacto del ajuste, según dejan ver en la Casa Rosada, no sólo de cara al Presupuesto 2019.
La ministra ofreció la pasada semana un aumento progresivo del 26,5% durante 6 meses -de $4.750 a $6.000- y un bono con un monto a definir a fin de año para “los montos del salario social complementario” como lo llaman las organizaciones sociales. Es un beneficio que reciben alrededor de 400 mil beneficiarios “por sus tareas comunitarias y productivas”.
La erogación supone un incremento de $ 650 millones en el presupuesto asistencial. Pero fue considerada “insuficiente” por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular; Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha, entidades “dialoguistas”. A la mesa se sentó además el obispo de Merlo y Moreno, Fernando Maletti.
La Nación revela esta mañana que el esfuerzo del gobierno será “un poco más”. Para el gobierno los beneficiarios son 50 más que los que mencionan en sus comunicados las organizaciones sociales. Y los voceros de Desarrollo Social ya adelantan pagos de $ 5.000 en los próximos días.
Si bien la desconfianza persiste, el gobierno mantiene el diálogo con Juan Grabois (CTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Emilio Pérsico (Movimiento Evita) o Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
La Casa Rosada insiste en asegurar que el Presupuesto 2019 tendrá “contención” para el gasto social y que el acuerdo con el FMI incluye una cláusula de “salvaguarda social” para añadir $13.500 millones a la inversión social si la crisis se agrava. La administración nacional intenta contener eventuales protestas en la calle contra Mauricio Macri en medio de la crisis cambiaria y la amenaza recesiva.
De hecho Daniel Menéndez afirmó que “la paz social está en riesgo”; advirtió que sin las medidas reclamadas “habrá más protestas en la calle”. Más contundente fue Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, que prepara por izquierda “ollas y cortes frente a los supermercados de todo el país”.
Contra Macri y con título jesuita
“Usar el aguinaldo para pagar los servicios, los alimentos por las nubes, la mitad de nuestros niños en la pobreza, despidos masivos... Eso es cagarle la vida a todos. Su falta de respeto hacia el pueblo argentino es sólo superada por su hipocresía”, dijo Fernando Navarro en su cuenta de Twitter, dirigiéndose al presidente Mauricio Macri.
El diputado se define como peronista y tiene además un motivo personal para celebrar: ya posee la matrícula para ejercer como abogado. Se recibió hace ya casi un año en la Universidad de El Salvador, una institución privada, confesional católica, que se define a sí misma como “continuidad en el espíritu jesuita”.
Emergencia alimentaria
La Casa Rosada tiene en estudio la posibilidad de impulsar uno de los proyectos de ley: el de emergencia alimentaria. El planteo es parte de las medidas que reclaman junto al pedido para asignar 25 % de toda la obra pública a las cooperativas. En lista están además la ley de emergencia en adicciones, y otra iniciativa para promover y subsidiar la agricultura familiar, que carece de financiamiento. Entre los reclamos están además la ley para regularizar dominios en 4,228 barrios precarios en todo el país, que tiene media sanción de Diputados.
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