Informe del fiscal regional

El primer balance de Arietti

Expresó preocupación por la alta tasa de audiencias suspendidas o con retraso en los tribunales de Santa Fe. Causas en números.

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El fiscal regional señaló que en el último año aumentó la tasa de individualización de presuntos autores de homicidios y hubo un leve incremento en la realización de juicios orales.

Foto: Mauricio Garín

 

Redacción de El Litoral

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El fiscal Regional de la Circunscripción Judicial Nº 1, Carlos Arietti, presentó su primer Informe Anual de Gestión que abarca desde el 20 de abril de 2017 -en que juró en el cargo- hasta la actualidad. En su trabajo, planteó los inconvenientes encontrados y enumeró las propuestas para resolverlos.

Informó que gestionó la cobertura de recursos humanos y materiales, “con el objetivo de lograr una mejor organización del trabajo y asignación de funciones más especializada”. Destacó que “la reorganización se planteó desde dos aspectos: por un lado, el refuerzo de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios; y por otro, la creación de tres nuevas unidades fiscales especiales (UFE): Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas); Delitos Complejos; y Ejecución y Control”. Además en la Unidad Fiscal Santa Fe, se diferenció la oficina de Flagrancia y Turnos de la de Investigación y Juicio.

En su informe, admitió que “existe una gran preocupación por la alta tasa de audiencias suspendidas o con retraso en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, ya que a fines de 2017 tal situación afectaba el 61,3% del total de las audiencias agendadas”.

Explicó Arietti que “además de la reorganización de la Fiscalía Regional 1, durante 2017 también se tomaron decisiones tendientes a lograr una mayor eficiencia en las tareas. Se estableció una atención diferenciada en las mesas de entradas, una normalización de la carga de casos en el sistema informático y una unificación de criterios para la asignación de casos por fiscal, con el fin de evitar el forum shopping y permitir una persecución más eficaz de reiterantes. Asimismo, se establecieron pautas de clasificación de los casos para favorecer un manejo ágil de la carga de trabajo, y también se mejoró la administración de los efectos”.

Añadió que “la mejora de los procesos de trabajo también implicó una optimización de la articulación con actores externos. Se obtuvieron claves de acceso al sistema de la Agencia Nacional de Materiales Controlados ex Renar (Anmac) con el fin de conocer rápidamente los datos de los usuarios y registros de armas de fuego. También se logró la obtención de claves de acceso para la carga y consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) y se mejoró la articulación con los Centros Territoriales de Denuncias (CTD)”.

En datos

Arietti expuso algunas cifras. “En la UFE Homicidios, se aumentó la tasa de individualización de presuntos autores de homicidios, ya que pasamos de 37% en 2016 a 58% en 2017. Hubo un aumento en la cantidad de juicios orales realizados, ya que se llevaron a cabo cinco durante todo 2017, y sólo en el primer semestre de 2018 ya se realizaron cinco (en 2016 fueron tres en todo el año). A la fecha, se presentaron cinco acusaciones y existen, por lo menos, ocho juicios orales con fecha de inicio ya agendada por la Oficina de Gestión Judicial para la segunda mitad de este año”.

Consideró que las estadísticas de Gefas también son positivas. “A la fecha, se presentaron 35 acusaciones. La actuación de esta Unidad Fiscal Especial ha permitido un aumento cuantitativo y cualitativo en las intervenciones jurídico penales, específicamente en materia de delitos sexuales. Por otro lado, sólo en los últimos ocho meses de 2017 se realizaron 288 cámaras Gesell, en comparación con las 76 que se habían realizado en todo 2016, lo cual implica un mayor respeto al derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a ser oídos”.

En el área de Delitos Complejos, destacó que “actualmente esta UFE tiene 18 personas privadas de su libertad y ya se han cerrado condenas en juicios abreviados a penas de prisión efectiva e importantes consecuencias patrimoniales (multas, reparaciones y donaciones)”.

Por otro lado, destacó la actuación de los fiscales y manifestó que en 2017 “asistieron a 4.509 audiencias en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, de las cuales 3.960 fueron de investigación penal preparatoria, 372 de juicio (tanto oral como de procedimiento abreviado) y 177 de ejecución penal. Asimismo, se realizaron 1.020 audiencias imputativas en libertad en las distintas fiscalías que componen la FR1, incluidas las del interior, y se solicitaron 617 órdenes de allanamiento”.

Otros indicadores también reflejan el trabajo realizado durante el 2017, en comparación con 2016. “Los juicios orales y públicos pasaron de 3 a 5, las suspensiones de juicio a prueba aumentaron de 49 a 92, y las condenas en procedimientos abreviados se incrementaron de 364 a 391”.

Durante la presentación, destacó la tarea realizada por el Área de Solución Pacífica de Conflictos (Aspac) de la regional, la cual trabaja conjuntamente con el Centro de Mediación de la Corte Suprema de Justicia y la Oficina de Mediación Penal del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la provincia. Agregó que “recientemente se comenzó a trabajar también con mediadores de la Universidad Nacional del Litoral (integrantes del Cecamarco) y del Centro de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En total, se derivaron 1.786 casos para intentar arribar a una solución compositiva del conflicto”.

Los problemas

El informe de gestión de Arietti tiene en cuenta los problemas planteados tanto dentro de la fiscalía como hacia el exterior del MPA. Entre éstos, remarca problemas con los tribunales, la falta de orientación hacia las víctimas del resto de los actores del sistema y desconfianza de la población para colaborar en las investigaciones.

El fiscal admite problemas en el sistema de notificaciones y citaciones así como en la organización de las audiencias en tribunales.

“Se verificaban gran cantidad de acusaciones presentadas y un agendamiento de juicios orales. “Según el relevamiento efectuado por esta Fiscalía Regional, a mediados de 2017, se contabilizaban 85 requerimientos acusatorios presentados ante la OGJ en condiciones de avanzar hacia un juicio oral”.

Acto

Escucharon el informe de Arietti, entre otros, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; y el presidente del Colegio de Jueces de Segunda Instancia, Roberto Prieu Mántaras. También, estuvieron presentes los jefes de las unidades regionales de la Policía comprendidos en la circunscripción y de la Policía de Investigaciones (PDI), fiscales jefes de las Unidades Fiscales y otras autoridades provinciales y municipales.

  • Apuntamos a mejorar la capacidad de dirección y control sobre el personal policial en función judicial. Otro de los objetivos es preparar a la fiscalía para los desafíos que podrían presentarse a través de la asignación de funciones en materia de faltas y de delitos cometidos por menores de edad”.

Carlos Arietti

fiscal regional