Para los dealers y kioscos de drogas

Luis Rodrigo

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Por cuarta vez la Cámara de Senadores santafesina le dio media sanción a un proyecto que adhiere a la Ley Nacional Nº 23.737, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional Nº 26.052, sobre “tenencia y tráfico de estupefacientes”.

Como en 2017, 2014 y 2013, la Cámara alta votó en favor de que la justicia santafesina tome a su cargo la persecución penal del llamado narcomenudeo, un término que simplifica el objetivo de la norma aunque no figure en ninguno de sus 12 artículos.

A diferencia de las tres frustraciones anteriores, ahora la Casa Gris apoya la sanción de la norma. El gobernador Miguel Lifschitz (que como senador había votado en contra) cambió su posición a la luz de su experiencia como responsable de la seguridad de los santafesinos y le pidió a las Cámaras la sanción de este proyecto, que recibió una modificación importante.

Condición

La aprobación en el Senado el pasado jueves 26 siguió dos pasos precisos: se alteró el Orden del Día para que fuera tratado primero el asunto Nº15 y, luego de votada esa moción, se agregó un cambio más que relevante, que puede ser clave para la suerte del proyecto de ley en Diputados.

El texto original decía que la ley entraría en vigencia a los 60 días de promulgada (es decir de su publicación en el Boletín Oficial), pero desde sus bancas, durante el tratamiento en particular, los senadores acordaron cambiar el artículo Nº10: ahora comenzará a regir “una vez que esté creada la Policía Antinarcóticos con los respectivos elementos técnicos”.

La modificación fue “a propuesta del senador (Joaquín) Gramajo”, según subrayó, como miembro informante por el oficialismo, su par Lisandro Enrico.

Tanto el justicialista como el radical protagonizaron las negociaciones que llevaron a la media sanción. Y a que sólo tres senadores del PJ se abstuvieran: Rubén Pirola, Alcides Calvo y Danilo Capitani.

Armando Traferri, jefe del bloque del PJ y titular de la Comisión de Seguridad prefirió retirarse antes de la hora de la votación. El senador por San Lorenzo está en contra de quitarle la competencia a la justicia federal (y sobre todo de dárle más poder a la policía provincial). Es quien ha propuesto crear una Policía Antinarcóticos, un proyecto de ley que habrá que debatir, consensuar y eventualmente aprobar para que prospere la iniciativa sobre narcomenudeo que pasó a Diputados.

Además de Gramajo y Enrico, al proyecto también lo firmaron el justicialista Eduardo Rosconi, que en 2013 y 2014 presentó su propio proyecto, y los radicales Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Hugo Rasetto, Rodrigo Borla y Germán Giacomino, así como de los socialistas Miguel González y Miguel Ángel Cappiello.

La media sanción contó con 12 votos afirmativos de los firmantes más los justicialistas José Baucero y Guillermo Cornaglia.

Otro debate

“Llegó el momento de habilitar a la Justicia Provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de Santa Fe” para “investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el escalón que llamamos narcomenudeo”, dijo en su mensaje del 1º de Mayo el gobernador Lifschitz, al inaugurar el período ordinario de sesiones.

Tras el receso hubo acuerdo: el peronismo exigía que la ley entrara en vigencia recién dentro de dos años y los autores del proyecto buscaban que fuera cuanto antes. La discusión también incluyó a la cabeza del Poder Judicial que -públicamente- rechazó la nueva obligación diseñada por el Senado. (Enrico acusó por entonces a los jueces que se oponen de “no querer trabajar”).

La salida es hacerlo ni demasiado tarde ni tan temprano. Se hará cuando se haya creado una policía especializada. ¿Distinta de la actual?, ¿bajo otra conducción?, ¿dependiente del Ministerio Público de la Acusación o de la Casa Gris?. Las preguntas abundan y responderlas llevará -sin dudas- mucho tiempo, como querían los jueces santafesinos.

Clima

Una semana antes de la media sanción en el Senado, el jefe del bloque Juan Domingo Perón dijo: “Tenemos que tener una policía antinarcóticos preparada”, y luego se quejó: “el mismo fiscal general (Jorge Baclini) dijo que se necesitarían por lo menos 14 o 15 fiscales más en la provincia. Lo mismo nos plantean los jueces”. Los dos reclamos de Traferri figuran en los artículos 8 y 15 del proyecto

“El derecho se debe aggionar a la realidad que nos toca. La sociedad necesita que se apruebe esta ley contra el narcomenudeo”, dijo Gramajo al iniciar las exposiciones.

Advirtió que en Córdoba, una acordada de la Corte evita las posibles superposiciones: “el fiscal provincial debe hacer la investigación pero en cuanto detecta alguna vinculación con el ámbito interprovincial o internacional, debe derivar el caso a la justicia federal”. La diferencia respecto de la situación actual es que ahora “habrá un legajo en manos del juez federal con la situación planteada por el fiscal provincial”.

“No se está persiguiendo al consumidor, sino a los kioscos; aún en las localidades más pequeñas hay vendedores (o dealers) sabemos los intereses económicos que hay detrás de esto”, destacó.

Subrayó que todas si Santa Fe no hace lo mismo que las demás provincias de la zona central (las más pobladas) “seguirá aislada” y comparó: “estuvimos durante demasiado tiempo aislados por un Código Procesal Penal escrito que no condecía ni con la realidad del país, ni de América”.

Números

Enrico dijo que la ley está vigente en Buenos Aires (2006), Córdoba (2012), Chaco (2014), Entre Ríos (2018) y en Santiago del Estero “también este año, donde el Ejecutivo le indicó al fiscal general que tenía 70 días para adaptar las fiscalías porque es un tema que no puede esperar más”.

“Este paradigma procura desplegar a la Justicia Provincial a la par de la Justicia Federal. No se trata de sustituirla. A la Justicia Federal la integran en Santa Fe cinco juzgados con 7 jueces y 8 fiscales. Esos son los que se hacen cargo de todas las investigaciones sobre la venta de drogas en toda la provincia, con 3,2 millones de habitantes. Con esta ley (si propera en Diputados) le estamos sumando 142 fiscales más y en el artículo 8vo. 15 fiscales especializados más”.

Destacó que -en base a la experiencia de Buenos Aires y de Córdoba- se ha elaborado el proyecto que procura evitar los problemas que surgieron en ambas jurisdicciones. A diferencia de Córdoba, en Santa Fe, el fiscal general no podrá delegar en uno o dos fiscales especializados las investigaciones. “Todos los fiscales están obligados a atender una denuncia de venta de drogas, esté donde estén. No podrán decir, lo paso al fiscal de delitos del naroctráfico”, anticipó.

Y los jueces tendrán una recomendación, una norma de actuación muy clara: la amplitud de los indicios, es decir, la celeridad en la investigación”. Subrayó que los jueces deberán actuar según el art.3ro para “evitar la pérdida de la evidencia y la prosecución de la actividad delictiva, propiciando el cese del hecho antijurídico”, o sea “evitar que sigan vendiendo”, dijo desde su banca Enrico.

Del mismo modo la norma ordena la “no criminalización del consumo personal” y lo describe. Además, facilita las exigencias para los allanamientos y el “desbaratamiento” de la comercialización de drogas.

Tras el receso hubo acuerdo: el peronismo exigía que la ley entrara en vigencia recién dentro de dos años y los autores del proyecto buscaban que fuera cuanto antes.