De los diputados

Exención de RTO para personas con discapacidad

Patricia Tepp presentó en la Cámara un proyecto de ley para eximir del pago de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos a las personas con discapacidad. El proyecto, se inscribe dentro de un conjunto de beneficios sociales que se encontraban previstos para personas que revisten una discapacidad certificada y que no se contempló al momento de establecer el sistema de controles sobre automotores.

Se trata de “atender una necesidad justa y pertinente en personas y familias que poseen mucho gastos, mayores que la media, donde el principio de equidad y de solidaridad social debe primar” expresó sobre la motivación del proyecto. La referente radical expresó igualmente en los fundamentos del proyecto, los principios jurídicos y el conjunto de acciones que lleva adelante la provincia en materia de reconocimiento de derechos a personas con discapacidad en los que esta norma debe entenderse como parte de un sistema integral.

No es este el primer proyecto presentado en el sentido de aumentar derechos de los santafesinos en el campo de la movilidad. Recientemente, Tepp presentó un proyecto -que se suma a las iniciativas de otros legisladores en el mismo sentido- para llevar el beneficio del boleto estudiantil de media distancia en la provincia progresivamente hacia la gratuidad. Al respecto, rige en la actualidad el beneficio de medio boleto para estudiantes universitarios y terciarios, por lo que existe la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones de los beneficiarios “lo que en general es lo más arduo para llevar adelante una política pública, mientras que en el resto se trata de asumir el costo fiscal, y en este campo, provincias con capacidades mucho más modestas que Santa Fe, garantizan el boleto estudiantil gratuito, con el enorme beneficio social que ello genera al permitir el acceso de estudiantes de todo el territorio provincial a la educación superior de calidad” sostuvo.

Los mencionados proyectos apuntan al redireccionamiento de fondos hacia sectores particularmente vulnerables, pero expresando de igual modo, estrategias de racionalidad y control sobre benéficos que suponen garantizar de forma efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos de la provincia.