FIDEICOMISO

Otro efecto de la causa “cuadernos de las coimas”. El objetivo es no poner en riesgo la ejecución del Programa de Propiedad Público Privada.

Redacción de El Litoral

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Clarín

Frente al escándalo generado por “los cuadernos de las coimas” y para no poner en riesgo las obras adjudicadas en el marco del Programa de Propiedad Público Privada (PPP), el gobierno nacional avanza en la idea de crear un fideicomiso, que administraría el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), presidido por el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, y sería el encargado de tomar fondos prestados de los bancos extranjeros que originalmente acompañarían los proyectos adjudicados a las constructoras hoy bajo sospecha. Es decir, los bancos tendrían como cliente deudor al fideicomiso y no a las constructoras.

La estructura permitiría intermediar con los bancos extranjeros, que amenazaron con no dar financiamiento a los proyectos comprendidos en el Programa. Un punto clave de los PPP es que las constructoras adjudicatarias armaron sus ofertas basándose en que su financiamiento provendrá, en la mayoría de los casos, de bancos internacionales. Tienen un año para perfeccionar las líneas crediticias que necesitan para financiar sus proyectos, por montos que van de los 700 a los 1.000 millones de dólares.

Sin embargo, a partir de las denuncias que involucran a empresas ligadas a la obra pública, desde que se inició la causa de los cuadernos, la banca extranjera decidió dar un paso al costado, y tachó de su lista de posibles proyectos a financiar el rubro “obras de infraestructura en la Argentina”, según revela el informe publicado este domingo por Gustavo Bazzan, en el matutino Clarín.

CÓMO FUNCIONARÍA

Con esta iniciativa oficial, el fideicomiso otorgaría financiamiento en condiciones similares a las que los bancos venían negociando con las empresas previo al surgimiento del riesgo judicial por el tema cuadernos. Los financiamientos ofrecidos tendrían contragarantías de las empresas, de la misma manera en la que los bancos las necesitan. Sólo que el financiamiento ya no estaría trabado por un eventual impacto de índole reputacional que afecte a las empresas debido a la causa de las coimas. Eventualmente, si la empresa adjudicataria termina viéndose más complicada por el avance de la causa de los cuadernos, se le permitiría vender su proyecto a otra empresa. Esto le permitiría recuperar la garantía que hoy está en poder del gobierno. Lo que se sabe hasta ahora es que de las cinco empresas adjudicatarias, tres ya estarían rozadas, directa o indirectamente, por el escándalo.

Según consigna el matutino, el gobierno quiere resolver rápido este tema porque, entre otras cosas, los desembolsos por PPP reemplazarían el recorte en obra pública que el gobierno está volcando en el proyecto de Presupuesto 2019.

Se trata de obras en seis corredores viales que demandarán inversiones del sector privado por cerca de 5.500 millones de dólares bajo la modalidad PPP.

El gobierno busca alternativas para el financiamiento de la obra pública