El caso del Unimog
Pidieron prisión preventiva para Zancada por violar restricciones
La petición fue formulada por el cacique Nicolás Paniagua, querellante de la causa. El hombre denunció intimidaciones, amenazas y maniobras para entorpecer la investigación. Dijo que teme por su vida y la de su familia.
El utilitario habría sido comprado por los imputados, con un subsidio de la provincia, que habría sido triangulado mediante personería jurídica de una comunidad indígena.
Foto: Archivo
Gustavo Capeletti
A través de sus apoderados legales, el cacique Nicolás Paniagua, de la comunidad mocoví Cacique Colashi, de Los Laureles, solicitó a la Justicia de Reconquista el dictado de la prisión preventiva para el ex director de Economía Familiar de la provincia, Pablo Ventura Zancada, y para el contador Roberto Fumo, ambos imputados por graves delitos: defraudación al Estado provincial, peculado, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso.
Paniagua es querellante en la causa denominada como el “escándalo del Unimog”, que remite a la compra de un utilitario por parte de los imputados mediante un subsidio otorgado por la provincia que fue triangulado mediante la personería jurídica de la comunidad indígena. El caso le costó el puesto a Zancada, que terminó renunciando.
El coordinador general mocoví, con el asesoramiento legal de los doctores Andrés Ramseyer y Andrés Ghío, expuso en un escrito presentado en sede judicial que “soy permanentemente acosado por Zancada que me manda audios de WhatsApp y me llama por teléfono” para pedirle, supuestamente, que “le firme unos papeles para terminar el tema del Unimog, que todo quede en la nada”.
El cacique agregó que “llegó a ofrecerme dinero” pero al no aceptar ningún soborno directamente me manifestó que si no levantaba la denuncia “te van a matar, mirá que te tenemos vigilado las 24 horas del día”.
Audios
En esa línea argumental, el afectado citó que el pasado 25 de julio, ante constantes mensajes y audios de WhatsApp de parte del imputado (a pesar de tener restricciones de acercamiento o contacto con él que le fueran explicadas en dos audiencia), realizó la denuncia pertinente en el Centro Territorial de Denuncias que funciona en el MPA de Reconquista.
Y sostuvo además que todas las grabaciones serán exhibidas en la audiencia de medida cautelar fijada para la semana entrante para acreditar el supuesto incumplimiento de los imputados a la orden judicial dictada por el juez de la IPP de prohibición de acercamiento de los imputados con la comunidad aborigen.
Paniagua puntualizó que el 9 de agosto pasado tomó conocimiento que los señores Calixto y Orlando Paniagua habrían manifestado a integrantes de la Comunidad Aborigen Cacique Colashi que “tenían que venir a la ciudad de Reconquista, a buscar ropa y dinero por el juicio de Zancada...”, por lo cual solicitó al fiscal interviniente que disponga realizar medidas probatorias para recolectar evidencia, dado que “sospeché maniobras para entorpecer la investigación y sobre todo que los imputados incumplirían la restricción ordenada”.
Fue así, relató, que en aquel momento la PDI realizó un trabajo de campo tanto en la terminal de ómnibus de Reconquista, como en el domicilio del señor Zancada y en el de una abogada de la ciudad.
Registros fílmicos
De esa pesquisa que incluyó registros fílmicos, ahora en poder de la Fiscalía, “se puede observar en forma nítida y clara a los señores Calixto y Orlando Paniagua, y un tercer sujeto que sería el hijo de uno de ellos a quien sindican en la Comunidad como “Carlos”, entrando al domicilio de la abogada en cuestión desde donde, luego de un tiempo prolongado, salieron el señor Fumo y Zancada.
El cacique denunció entonces, que en virtud de lo expuesto, los imputados “violaron la prohibición de acercamiento y comunicación con comunidades aborígenes de la etnia mocoví de los departamentos Vera y General Obligado”; es decir, la restricción que oportunamente ordenara el juez de la causa, lo que “habilita la petición de prisión preventiva que solicito”, dado que no sólo “es evidente que el comportamiento de los imputados indica la voluntad de los mismos de perturbar la investigación” sino que directamente han “desobedecido la orden judicial oportunamente impuesta, todo a los efectos de aleccionar dos días antes de una audiencia a los testigos (Orlando y Calixto Paniagua)” que en su momento la defensa ofreció.
Previo a solicitar protección policial las 24 horas, Paniagua puso a disposición de la Justicia “todos los audios de WhatsApp, los diálogos mantenidos por dicha vía, la bala encontrada en el patio de mi casa, a un metro de mi vivienda”.
Perjuicios
Paniagua dijo temer por su vida y la de los suyos y denunció que vive una situación que le causa graves perjuicios emocionales y psicológicos. Asimismo, expresó que desde hace aproximadamente 5 meses “hay dos personas que se sientan debajo de un árbol del patio de mi casa y permanecen allí toda la noche; incluso golpean la puerta y las lonas de los costados. La verdad no sé quiénes son, pero me amedrentan”. En esa misma línea, solicitó “que se intervengan sus números telefónicos a los fines de recabar evidencias y tratar de individualizar a las personas que me llaman”.
Temor
Los abogados defensores de Nicolás Paniagua, los letrados Andrés Ramseyer y Andrés Ghío, manifestaron que temen que “se cumplan las amenazas, no sólo contra su defendido sino también sobre el fiscal Aldo Gerosa, que fue el único que no opuso reparos para investigar al poder político en este caso” y alertaron sobre “probables influencias en las Cámaras de Apelación dado que este caso interpela fuertemente a un sector político con mucho poder a nivel provincial”.
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