Iniciativa sobre el sistema penal en Diputados

Buscan un nuevo acuerdo para juzgar la conducta de fiscales y defensores

Serían tres sistemas diferentes de acuerdo al tenor de las denuncias. Sería una vuelta de tuerca tras la sorpresiva reforma votada en noviembre del año pasado.

Mario Cáffaro

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En el Poder Legislativo se analiza dividir la tarea de juzgamiento de fiscales y defensores del nuevo sistema penal tras la reforma votada sobre fines del año pasado donde toda la responsabilidad recayó en manos de ambas cámaras. El sistema votado en noviembre prácticamente no pudo ponerse en marcha por diferencias entre cuerpos de la manera en que iban a encarar la tarea y en una sala de uno de los anexos de Diputados se acumulan las carpetas con expedientes.

Ahora es el radical Santiago Mascheroni quien ingresó un proyecto de ley que “tiene por objeto perfeccionar algunos aspectos procedimentales introducidos en las leyes 13013 y 13014 por la ley 13695 en materia de juzgamiento de fiscales y defensores del sistema penal provincial”. El proyecto es motivo de conversaciones a dos bandas: por un lado con los propios diputados y también con algunos senadores para tratar de lograr un acuerdo que permita un tratamiento antes del final del año parlamentario.

“Como cuestión conceptual se reitera el criterio de que el mismo Poder Legislativo que ha resuelto las designaciones de dichos funcionarios, sea el ámbito institucional que resuelva las denuncias por faltas graves o comisión de delitos dolosos juzgando tales causas incoadas contra los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa, manteniendo y se precisan tres sistemas que permiten abordar separadamente las faltas leves, las faltas graves en el desempeño técnico jurídico y las faltas graves por mal desempeño funcional o institucional que pudieren derivar en remoción o suspensiones agravadas” explicó el legislador a El Litoral.

El proyecto pretende disponer que corresponderá a los cinco Fiscales Regionales el tratamiento y resolución de las faltas leves; al Tribunal de Disciplina con investigación por la Auditoría General de Gestión para los casos de faltas graves en el desempeño técnico jurídico y al Poder Legislativo para los casos de faltas graves originadas en el mal desempeño institucional o funcional o por la comisión de delitos dolosos.

En sucesivos artículos, establece la obligación de la Auditoría General de informar al Poder Legislativo de las denuncias o procedimientos en trámite a los fines que este pueda ejercer el derecho de avocamiento y entender en el trámite directamente. En tal caso la Auditoría se inhibirá de continuar el trámite y lo remitirá a la Legislatura. Asimismo se inhibirá remitiendo las actuaciones, cuando estimare prima facie que en la causa en cuestión pudiere corresponder remoción o suspensión de hasta 180 días sin goce de sueldo.

También modifica la gradación de las sanciones e incremento de multas y suspensión en el cargo sin goce de sueldo conforme a los diferentes tipos de causas.

El radical explicó que el proyecto recepta criterios aportados por el propio presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, y otros legisladores en la reunión de Labor Parlamentaria realizada el 19 de septiembre donde se discutió y acordó la necesidad de impulsar una reforma a la actual legislación que haga más ágil y eficiente el juzgamiento de fiscales y defensores.

Asesores

En forma paralela, Diputados y Senado siguen discutiendo una modalidad de designación o contratación de asesores de la Comisión de Acuerdos para la tarea del juzgamiento de fiscales y defensores. El acuerdo inicial era cuatro asesores (dos por Cámara) pero ahora se analiza que sean seis (tres cada uno) con una serie de requisitos a los abogados o escribanos que sean propuestos para la tarea.

También es una iniciativa de Mascheroni aunque en este caso deberá ser convalidada por la Asamblea Legislativa. “El sistema propuesto no es abstracto en cuanto a las características que se plantean en torno a requisitos e incompatibilidades para ser designado asesor de la comisión, sino que guarda relación con parámetros ya establecidos para instituciones de similares condiciones, por ejemplo Policía Judicial, MPA, o el Servicio Público Provincial de Defensa, entre otros”, señaló el diputado.