El Clan Maldonado

Redacción de El Litoral

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El juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, elevó a juicio una investigación seguida contra 17 personas, acusadas de conformar una organización que, al menos desde enero de 2017 y hasta el 19 de agosto de ese año, llevó adelante actividades de comercialización de estupefacientes, con epicentro en la ciudad de Santa Fe y en la localidad de San Javier. La medida había sido solicitada por la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo de Jorge Gustavo Onel, y tiene en la mira al denominado Clan Maldonado, informó el sitio web www.fiscales.gov.ar.

La investigación comenzó en enero de 2017, a partir de una denuncia anónima recibida por la Brigada Antinarcóticos de Santa Fe, donde se señalaba que en dos domicilios del barrio Barranquita, enfrentados entre sí, residían un hombre y una mujer, y que esta última comercializaba material estupefaciente para el primero.

Las tareas de inteligencia llevadas adelante desde entonces, que incluyeron intercepciones telefónicas y registros fílmicos, permitieron identificar la intervención y el rol de cada uno de los imputados, así como establecer que el accionar delictivo se extendía hasta la ciudad de San Javier, al norte de la capital provincial. La investigación a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1 estableció además las diferentes estructuras jerárquicas al interior de la organización -el mencionado hombre y su pareja se encontraban en el nivel superior-, donde incluso algunos de los imputados impartían directivas al resto de la banda desde el lugar donde se encontraban detenidos. La comercialización del material estupefaciente se habría llevado a cabo mediante la modalidad de “entrega pactada” en diferentes domicilios o bien bajo la forma “delivery”.

Allanamientos y detenciones

El 19 de agosto de 2017 se llevaron a cabo una serie de allanamientos lo que permitió la detención de los acusados, así como el secuestro de cocaína, marihuana, y diversos elementos -como por ejemplo una importante cantidad de tubos eppendorf- utilizados para diversificar el material estupefaciente en pequeñas dosis.

En el domicilio habitado por el hombre y su pareja, asimismo, se secuestró un cuaderno donde se encontraban consignadas diferentes operaciones de venta de material estupefaciente, especificándose quiénes serían los deudores y en razón de qué monto. Por otro lado, la Fiscalía destacó la situación patrimonial de los imputados, quienes cuentan con al menos dos domicilios y dos automóviles, habiendo manifestado tener un negocio ella y él realizar actividades de albañilería, “no existiendo en la causa constancias objetivas que justifiquen los ingresos que percibieran por esas actividades”.

“En relación con la actividad delictiva verificada en esta ciudad, valoro que se encuentra ampliamente acreditado que el imputado como su pareja, tenían como misión principal el aprovisionamiento de sustancia estupefaciente a distintos actores, quienes luego se encargaban de distribuirla en distintos puntos de venta y/o de comerciarla por sus propios medios”, consignó el fiscal Onel.

Con distintos grados de participación según el caso, los imputados serán juzgados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención organizada de tres o más personas, ilícito previsto y reprimido por el art. 5 inc. c) y 11 inc. c) de la ley 23.737; y comercio de estupefacientes, ilícito previsto y reprimo por el art. 5 inc. c) de la ley 23.737.