Germán de los Santos

La figura del delito de cuello o de guante blanco, que surgió a finales de la década del 30 de la mano del criminólogo estadounidense Edwin Sutherland, sirvió para alertar que sólo los pobres iban a la cárcel. Los sociólogos de esa época, según Sutherland, habían llegado a la conclusión de que la delincuencia era resultado de “trastornos mentales, desviaciones psicópatas, barrios pobres y familias deterioradas”, y que sólo el 2 por ciento de los delincuentes que iban a la cárcel tenían una buena posición económica. La taba parece seguir del mismo lado.

A ése delito de guante blanco siempre se lo identificó como algo más sofisticado que otros, porque entre otras cosas no se usa la fuerza, sino la cabeza. Lo que a veces ocurre es que profesionales, como abogados, contadores o escribanos, que cometen delitos generalmente creen que esa condición los hace invisibles, impunes. Eso ocurrió con los 16 detenidos en una causa de estafas inmobiliarias en el sur de Santa Fe, donde uno de los ardides de esta organización era apropiarse de inmuebles de personas que habían muerto -y sus propiedades nunca eran reclamadas por familiares- y rápidamente transferirlas y venderlas. En realidad, como señaló el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, era una banda de guante blanco pero “las estafas eran muy burdas”.

Uno de los líderes de esta banda que está acusada de realizar estafas por 25 millones de dólares es Antonio Di Benedetto, un abogado penalista, que tuvo su pico de fama cuando fue defensor del ex juez de Rufino Carlos Fraticelli y luego de su ex esposa Graciela Dieser. En las escuchas telefónicas de la causa, Di Benedetto aparece como el alfil que parece tener todo bajo control, y hace alarde con los otros miembros de la banda de sus contactos con el gobierno de Cambiemos en Buenos Aires.

Otro miembro imputado de esta organización es Eugenio Luis Casadei, un escribano de Venado Tuerto que rubricaba las estafas, que junto a Raúl Alberto Jaime, un gestor de 62 años del Registro de la Propiedad de Rosario, que desde hace décadas transita los pasillos del organismo logró el sueño de ser un intermediario a protagonista de escrituras que tramitó allí.

En 2015 Jaime gestionó una escritura del estudio de Casadei. Lo diferente era que el gestor figuraba como comprador del inmueble. El propietario real del terreno era Enrique Plebani, quien nunca había podido firmar el traspaso de un lote de 300 metros cuadrados en Venado Tuerto, porque había fallecido hacía 15 años.

La maniobra consistía en detectar un lote cuyo titular había fallecido y nunca fue reclamado ni se inició una sucesión. “Después con una escritura apócrifa se lo vendían a un tercero y éste puede venderlo a otro, que ya puede comprar de buena fe”, explicó una fuente de la causa.

Ese tercero que se utilizó para la maniobra era la firma Tacuru SRL, inscripta en Chaco, que vendió la propiedad ubicada en Moreno 1010 en Venado Tuerto a Jaime por un valor de 20.000 pesos. Esa firma está ligada a un médico de Villa Cañás, en el sur de Santa Fe, que también fue detenido.

Luego, el 9 de enero de 2015 Jamie intentó vender ese inmueble que había adquirido. Pero esa casa no se terminó transfiriendo porque el Registro de la Propiedad rechazó la operación debido a que en agosto de 2017 la oficina de Gestión Judicial de Venado Tuerto presenta una medida cautelar. En ese momento ya se empezaban a descubrir las maniobras de estafas con inmuebles y campos.

Lo que a veces ocurre es que profesionales, como abogados, contadores o escribanos, que cometen delitos, generalmente creen que esa condición los hace invisibles, impunes.