De los diputados
Producción vegetal y regulación en el uso de agroquímicos
Silvia Simoncini
- PJ
El modelo productivo dominante en Argentina sustentado en el uso de transgénicos y agroquímicos provoca daños sobre la salud humana y el ambiente. Las zonas más afectadas se encuentran en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.
En nuestra provincia, los proyectos de ley sobre la regulación de la aplicación de agroquímicos presentados en la Legislatura por distintas fuerzas políticas han perdido estado parlamentario por cuarto año consecutivo. Creemos que el Estado debe asumir su responsabilidad de cuidado de la población y tomar decisiones urgentes para detener este espiral destructivo, por lo que hemos ingresado un proyecto de ley para que se reanude el debate y sea tratado el año próximo.
Esta propuesta plantea como objetivo fundamental la transformación del paradigma productivo actual; otorga el carácter de garante en tal sentido al Estado; establece los recursos que posibiliten el progresivo cambio en el modelo de producciones vegetales; y regula la utilización de agroquímicos, definiendo plazos y zonas de exclusión, hasta tanto se logre el objetivo planteado.
Argentina se ha convertido en el país con mayor consumo por habitante de glifosato del mundo. Mientras que en los Estados Unidos su uso es de 0,42 litros por habitante y en Francia el herbicida está completamente prohibido, en nuestro país se utilizan 4,3 litros de este agrotóxico por habitante.
En nuestros campos se cultiva maíz, soja y algodón transgénicos que requieren ineludiblemente agroquímicos para su crecimiento y se siguen exigiendo estudios acerca del efecto nocivo de los mismos sobre la salud humana y ambiental, desconociendo las innumerables experiencias científicas que lo prueban en todo el mundo.
Para enfrentar este grave problema es necesario mirar hacia alternativas productivas, a técnicas tradicionales que conforman un modelo productivo natural, denominado agroecología, que progresivamente reemplace el modelo actual por uno que no ponga en riesgo la salud del hombre ni la naturaleza, que proteja el patrimonio semilla y asegure la soberanía alimentaria.
El Estado debe asumir su responsabilidad política, social y financiera de acompañar con acciones concretas los procesos de transformación del modelo productivo actual, lo cual planteamos en la ley, así como asignar fondos por no menos del 2% del presupuesto general de la provincia y otorgar exenciones impositivas sobre las áreas de exclusión.
También planteamos pautas respecto de distancias, modalidades y prohibiciones sobre el uso de agroquímicos con un criterio de progresividad para minimizar el impacto sobre la rentabilidad de los productores, quienes están hoy cautivos de este sistema que solo les permite sembrar las semillas transgénicas que obligadamente deben comprar a las compañías trasnacionales, las únicas beneficiadas de este esquema, con ganancias incalculables.
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