Decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

No aplicarán la evaluación cuestionada por mediadores

Una resolución dejó sin efecto dos artículos del cuestionado decreto 4036. Una comisión elaborará un método de evaluación y obtención de información en relación al funcionamiento general del sistema.

Lamberto ayer recibió a un grupo de mediadores y escuchó los planteos que hacen al decreto. Luego consideró un avance la resolución ministerial.

Foto: Gentileza

Mario Cáffaro

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, dictó la resolución 0001 del corriente año para que “no se aplique el sistema de evaluación establecido en los artículos 24 y 25” del Decreto Nº 4036/2018. La decisión intenta encauzar las diferencias suscitadas con los mediadores que salieron a cuestionar los alcances del mencionado decreto, dictado sobre finales del año pasado. Para el resto de los temas cuestionados se dispone que la comisión creada por otra resolución de fin de año sea la encargada de trabajar sobre esas diferencias.

El propio Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, consideró a la decisión del ministerio como “un paso adelante” y prometió que el organismo seguirá acompañando los procesos de diálogo. En su etapa como diputado provincial, Lamberto trabajó arduamente para lograr el dictado de la ley N‘ 13.151, que llegó después de mucho debate en noviembre de 2010. Esa norma instituyó la mediación obligatoria ante el inicio del proceso judicial en el fuero civil y comercial y declaró de interés público el uso, promoción, difusión y desarrollo de métodos no adversariales y desjudicializados de resolución de conflictos. Lamberto después de recibir a un grupo de mediadores opinó sobre la resolución 0001.

La disposición de Silberstein establece que la comisión creada por la resolución 296/18 elaborará “un método de evaluación y obtención de información en relación al funcionamiento general del sistema de mediación prejudicial obligatoria. El mismo no tendrá por objeto evaluar en forma individual a los actores del mismo, sino que consistirá en una encuesta de satisfacción de funcionamiento del sistema general cuya información servirá como insumo para la implementación del diseño de modificaciones o revisiones de diferentes aspectos de la mediación general obligatoria”. A esta comisión se le encargó analizar “las alternativas y requisitos para la apertura de oficinas de mediación en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

Más adelante, el ministro instruyó a los secretarios de Justicia y de Coordinación Legal y Políticas Judiciales a gestionar ante la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de analizar en forma conjunta “la viabilidad de sustituir las comunicaciones y notificaciones que se emplean actualmente en el sistema de mediación prejudicial obligatoria por las notificaciones a través del diligenciamiento de cédulas por parte de la AGEM y/o del mediador en el caso de mediaciones gratuitas”.

Por último, Silberstein ordenó confeccionar el proyecto de decreto para plasmar cuestiones ya dialogadas con actores para eliminar la calificación individual prevista en los artículos 19, 24 y 25 del decreto 4036. Los temas que incluiría el nuevo decreto son la posibilidad de notificar dos reuniones en la misma citación, carácter ejecutivo de los honorarios que se incrementan por ausencia injustificada de las partes, mediaciones vinculadas a situaciones de violencia familiar, mediaciones relativas a materias sujetas a derecho del consumidor, a quien deben exigirse los aportes de ley, escala de honorarios en materia de familia. Se aclara que estas modificaciones no se pueden hacer mediante resolución sino por nuevo decreto.

El proceso

El 17 de diciembre, el Ministerio de Justicia dictó el decreto 4036 que modificó aspectos de la reglamentación de la ley 13.151. Ante cuestionamientos a ese decreto, el propio ministerio firmó la resolución 296 a fines del año pasado para generar instancias para promover el diálogo, la concertación y el consenso en todo aquello referido a la implementación de la modificación realizada. La comisión la integran los secretarios de Justicia y de Coordinación Legal y Políticas Judiciales y dos representantes de cada una de las cinco circunscripciones de los Colegios de Abogados de la provincia, de los cuales uno debe ser mediador.

La comisión debe proponer criterios y pautas destinadas a optimizar la implementación y la aplicación de las reformas al sistema de mediación prejudicial obligatoria en un plazo de seis meses. Las conclusiones deberán ser aprobadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El ministerio aclaró que con los Colegios de Abogados y mediadores trabaja un nuevo proyecto de ley de Mediación que vaya en consonancia con el Código Civil y Comercial de la Nación y con el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia que está a debate en Diputados.

También en los considerandos se destaca que “constituye un eje de trabajo de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos optimizar y expandir el sistema de mediación prejudicial obligatoria en la provincia de Santa Fe, en virtud de lo cual se implementó como estrategia el abordaje del tema en el marco de comisiones de trabajo, de modo de relevar y analizar las experiencias obtenidas como consecuencia de la aplicación del sistema desde su creación hasta la fecha”. No obstante, la cartera considera necesario tener algún tipo de sistemas para la obtención de información relevante para mejorar la gestión.