Pronunciamiento de Human Rights Watch
México debe rechazar la reforma que militariza la seguridad pública
Redacción El Litoral
Telam
El Congreso de México “debería rechazar proyectos de reforma constitucional” que den paso a la creación de una Guardia Nacional en el país y amplíen el uso de la prisión preventiva, sostuvo la organización Human Rights Watch en un duro comunicado.
“México necesita mejorar urgentemente la seguridad pública, pero el proyecto sobre la Guardia Nacional es la forma equivocada de hacerlo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, mediante un comunicado divulgado a través de las redes sociales.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso mexicano deberían enfocarse en fortalecer a la Policía civil y al sistema de justicia, en vez de redoblar la política de militarizar la seguridad pública, que ha demostrado ser un fracaso total”, añadió.
En el texto se señaló que durante los dos últimos gobiernos “el uso de militares en materia de seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos”.
La organización expuso que las Fuerzas Armadas de México “están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad”.
Además, añadió, no han conseguido reducir la violencia en México y es posible que, de hecho, hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento de homicidios en los últimos años.
El proyecto permitiría a López Obrador “avanzar con su plan de reemplazar la Policía federal civil con una nueva fuerza controlada mayormente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, expuso.
En el texto se señaló que la militarización de la seguridad pública, iniciada por sus predecesores, los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), “ha resultado en violaciones generalizadas de derechos humanos en México y no ha mejorado la seguridad pública en el país”.
El proyecto, que amplía la prisión preventiva, exigiría que los jueces dispongan la detención de toda persona investigada por un amplio espectro de delitos.
“Este requisito incrementaría considerablemente la cantidad de personas en las cárceles mexicanas que no han sido condenadas por algún delito”, apuntó Vivanco.
El 11 de enero, en respuesta a las críticas crecientes contra la propuesta, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció que López Obrador solicitaría a la Cámara de Diputados que modificara el proyecto de reforma, de modo que la nueva fuerza de seguridad quedara bajo la autoridad civil desde su inicio.
Sin embargo, en una audiencia en el Congreso ese mismo día, Durazo dijo que lo que el Gobierno busca es que la Guardia Nacional quede bajo “mando mixto” de autoridades militares y civiles.
“Poner al secretario de Seguridad al mando no resolverá el problema de fondo de la Guardia Nacional. Aun si toman órdenes de un civil, los miembros de la nueva fuerza estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas”, concluyó Vivanco.
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