Es el principal imputado de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. Dispusieron su traslado a la Delegación de la Policía Federal de Rosario. Buscan garantizar su presencia en las audiencias que comienzan el martes.

El ministro de Justicia, Julio Alak afirmó que se trata de un "imperativo ético irrenunciable apoyar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia".

Elliott Abrams, subsecretario de Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano de 1982 a 1985, declaró en el juicio que se sigue a Videla y Bignone, entre otros, por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades. Abrams reconoció que "había muchas juntas militares en América Latina, pero yo no recuerdo un caso como el de Argentina, fue el peor”.

Varias familias pudieron cerrar una dolorosa etapa luego que se identificaran los cuerpos y se les entregaran los restos de sus seres queridos, asesinados durante el proceso militar. Uno de los casos emblemáticos fue el reconocimiento de los restos de Guillermo Vargas Aignasse, en Tucumán. En Santa Fe, identificaron a María Isabel Salinas de Bosso, María Esther Ravello y Gustavo Pon.

La medida fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante el Juzgado Federal Nº1 de Santa Fe. El pedido expresa que el sobreseimiento “carece de la debida fundamentación, estando pendientes de realización diversas medidas probatorias necesarias a los efectos del esclarecimiento de los hechos”.

El gobierno provincial pidió que "se le informe cualquier resolución o disposición que modifique las condiciones o modalidades de detención de imputados y condenados por delitos de lesa humanidad", y que se tomen “medidas restrictivas en virtud del impacto que estos beneficios representan para víctimas, testigos, querellantes y familiares" de los juicios.

Una resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Fe benefició con salidas transitorias a tres represores que fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

El Directorio del Colegio había cancelado la matrícula en agosto, pero la justicia rosarina había levantado la medida. El organismo analizó la condena que pesa sobre Juan Daniel Amelong por delitos de lesa humanidad, la cual fue apelada, y explicaron que la decisión obedece a que Amelong “no reunía los estándares mínimos para el ejercicio de la profesión en forma decorosa”.

“Para nosotros es misión cumplida, se sacaron sangre del lugar correcto, que está guardada para análisis futuros, fue comparado con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), no dieron positivo pero queda una gran incógnita, no desde el punto de vista del Banco que es impecable, ni de la sangre, ni de los resultados”, sostuvo la titular de Abuelas.

Se trata del ex teniente Daniel Amelong. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El Colegio de Abogados de Rosario le había suspendido la matrícula. Pero un Tribunal revocó la decisión.