El máximo tribunal rechazó por “inadmisible” los planteos del ex policía condenado a 20 años por los delitos de apremios ilegales, tormentos y privación ilegal de la libertad agravada.

Se leyó este martes la primera sentencia por delitos de lesa humanidad, donde resultaron condenados a prisión Víctor Hermes Brusa (21 años), Juan Calixto Perizzotti (22 años), Héctor Colombini (23 años), Mario José Facino (20 años), Eduardo Ramos (23 años) y María Eva Aebi (19 años). Encuesta:¿Creés que los fallos en las causas por la represión ilegal son justos?

Transmisión del veredicto en vivo El veredicto se conocerá a las seis, según lo anticipó el presidente del Tribunal Oral Federal. Un centenar de testigos declaró a lo largo de las 40 audiencias que duró el juicio. Organizaciones de derechos humanos convocan a las 16.30, a una marcha desde la Plaza del Soldado y hasta tribunales para escuchar la sentencia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó la Unidad de Seguimiento para Delitos de Lesa Humanidad. Su informe anual es concluyente: si se suman las causas juzgadas en esa materia y las que están en debate se verá que se triplicó la actividad judicial contra la impunidad.

Será el próximo martes a las seis de la tarde. En la última audiencia del juicio, Facino negó, Aebi desmintió y Brusa agradeció.

Luego de finalizadas las etapas de los alegatos, el martes 22 a las 18 el Tribunal se expedirá por las acusaciones que pesan sobre Brusa, Aebi, Perizotti, Facino, Ramos y Colombini.

Los defensores oficiales de cuatro de los acusados se opusieron a una condena por “genocidio”, aunque reconocieron la existencia de una “plan sistemático”. El martes, los abogados particulares de Perizzotti y Colombini pidieron la absolución. La audiencia de hoy estaba destinada a las réplicas y contrarréplicas.

El primer turno fue para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que repasó los hechos vividos por las 14 víctimas de delitos de lesa humanidad.

Los abogados de la familia Ayala Bergero presentaron un escrito en el que declaran la “terminante ajenidad” de la propiedad con lo ocurrido durante la última dictadura.