En el fallo, se confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, en la cual se condenó a Juan José Luis Gil a la pena de cinco años de prisión por los delitos de amenazas agravadas y coacciones agravadas, cometidos en perjuicio de funcionarios y testigos que intervenían en causas en las que se investigan crímenes contra la humanidad cometidos en la última dictadura en la provincia de Santa Fe. 

Son buscados por delitos de lesa humanidad. En el marco del 37aniversario del golpe de 1976, confluían hoy manifestaciones oficialistas y opositoras. 

Fueron utilizados durante la última dictadura para secuestrar y torturar. Por iniciativa del gobierno provincial, quedaron señalizados con una placa que pretende mantener viva la memoria y dejar en evidencia aquellas “huellas” del horror. 

Se juzga a los militares retirados Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna y al civil Pedro Alberto Rodríguez por el secuestro y las torturas que padeció el entonces titular del Sindicato de Municipales de la ciudad de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado.

El beneficio ya puede tramitarse y el monto a percibir será equivalente a dos veces el haber mínimo de pensión vigente.

Era un desaparecido durante la última dictadura cívico militar. Su cuerpo es uno de los ocho cadáveres hallados en una fosa común del Campo Militar San Pedro, propiedad del Ejército en cercanías de Laguna Paiva. Antes habían sido identificados los cuerpos de María Esther Ravelo, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso y de Gustavo Adolfo Pon.

Es la causa “Rodríguez Pedro Alberto y otros” en la que se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos de los que fue víctima Manuel Oscar Casado en San Lorenzo durante la última dictadura cívico militar. Es la undécima causa que se tramita en Santa Fe desde 2009.

Se trata de las dependencias de la Guardia de Infantería Reforzada, la Comisaría 4, el Departamento de Informaciones de la Policía y la Comisaría 1. 

Deberá hacer tareas comunitarias. El juez consideró que tuvo una forma "especialmente intolerable e innecesaria de expresarse". 

Es por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas.