Las razones del juez Lijo para procesar a Boudou y compañía

Patricia Blanco Fernández
(DyN)

El juez federal Ariel Lijo desató sobre la medianoche del viernes la tormenta político-judicial más grave que haya tenido que enfrentar el gobierno kirchnerista en sus once años de mandato, al firmar el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por delitos más graves que los que pedía la fiscalía y dejando entreabierta la puerta para una acusación todavía peor, que podría llevar al compañero de fórmula de Cristina Fernández a prisión.

Es que Lijo evitó avanzar contra el vicepresidente por la figura de la asociación ilícita, un delito que tiene una pena de hasta diez años de prisión para quien sea el jefe u organizador de la banda que se armó para cometer delitos. Pero, habló claramente de la "división de roles" que hubo en la maniobra, un escenario típico de esa clase de delitos.
Además, aclaró que firmaba los procesamientos "sin prisión preventiva", aunque podía mandarlos a todos a la cárcel, tras recordar las amenazas sufridas por varios personajes clave de la causa.

"No había más tiempo. No había más margen para las operaciones que se venían", dijo a DyN una fuente consultada. Así, las cosas, funcionarios, periodistas y curiosos se encontraron leyendo el sábado por la madrugada las 333 carillas de la Resolución que obliga a la presidenta de la Nación a reconsiderar si sostiene a su compañero de fórmula.

Obviamente, ahora comienzan los tiempos de las apelaciones y estará en manos de la Sala I de la Cámara Federal la decisión de revisar el procesamiento de Boudou, su amigo José María Núñez Carmona, el monotributista Alejandro Vandenbroele, los Ciccone (Nicolás y su yerno Guillermo Reinwick) y el funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner, que fue quien a Guido Forcieri, el hombre de la Argentina en el Banco Mundial, quien no se presentó a declarar aún.
Habrá que ver si Boudou sigue adelante con la estrategia planteada por su equipo de abogados, encabezado por Diego Pirota, porque hasta ahora el camino defensivo no le trajo buenas noticias.

La presión se centrará de ahora en más en los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes vivieron en las horas previas al llamado a indagatoria de Boudou una ola de rumores que los responsabilizaban de querer expulsar a Lijo de la causa, luego desactivados.
A principios de este mes, la versión llegó a la tapa de los diarios mientras que el envalentonado vicepresidente pedía desde el programa 678 al juez "poner la cola en la silla y estudiar el expediente". Pero, Lijo volvió a mostrar su jugada: apuró las indagatorias y el 9 de junio escuchó durante ocho horas a Boudou.

Aunque el procesamiento del Vicepresidente parecería una certeza desde el mismo momento en que se llamó a indagatoria, las malas noticias para el Gobierno se esperaban para después del mundial de fútbol. Por eso, la sorpresa de dictar una Resolución en este momento con un escenario económicamente complicado para el Gobierno, con las dificultades de la negociación judicial de la deuda en Nueva York y encima un viernes por la noche.

"Boudou y Núñez Carmona se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma TOF, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la maniobra se habría materializado con división de funciones: Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el Ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes y que Núñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante de la firma TOF", escribió el juez.

Concertadas las reuniones con los Ciccone para quedarse con 70 por ciento de la imprenta "se habría puesto en marcha el salvataje de la empresa para así lograr el objetivo final de contratar con el Estado Nacional para la impresión de billetes", operación que necesito "el aval de la AFIP, lo que resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra".

Con esto, el juez dio por probado no sólo que Boudou y Vandenbroele se conocían, sino que hubo un concierto de voluntades para llevar este plan en marcha. Sin embargo, Lijo sólo sugirió la posibilidad de abrir la puerta al delito de asociación ilícita, porque el procesamiento llegó por otros dos delitos concretos: negociaciones incompatibles con la función pública (el que pedía el fiscal Jorge Di Lello) y por el de cohecho (coimas, la figura que eligió el juez para complicar la situación judicial del vicepresidente porque encuadra directamente el caso como un hecho de corrupción).

"Si lo procesaba por asociación ilícita lo tenía que mandar preso", dijeron a DyN fuentes del caso. Es que la figura de organizador o jefe prevé la pena de cuatro a diez años de cárcel y por lo tanto el delito no es excarcelable.

El juez firmó los procesamientos sin prisión preventiva. Pero, dejó también latente la posibilidad de poder enviar a alguno de los imputados a la cárcel, tras recordar las amenazas sufridas por Sergio Reinwick y por Laura Muñoz, la ex mujer de Vandenbroele, que fue quien abrió la puerta para que la causa se hiciera pública cuando -en medio del proceso de divorcio- contó a radio Mitre que su marido era el testaferro de Boudou.