Corral prepara el decreto para renovar el Órgano de Control del Transporte

Lía Masjoan
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Desde marzo pasado, los integrantes del Órgano de Control del Transporte Público de pasajeros por colectivo tienen sus mandatos vencidos. Pero siguen ejerciendo funciones y cobrando sus sueldos. El pedido de aumento de boleto de colectivo del 30% que vienen haciendo las empresas desde abril cobró fuerza en la última semana y el bloque de concejales del PJ advirtió que si no se renueva el organismo, “no es procedente evaluar el incremento”.

El Ejecutivo va por la misma línea y descarta cualquier aumento sin el dictamen del Órgano. Por eso apura el proceso de nuevas designaciones. El secretario general Carlos Pereira confirmó a El Litoral que en estos días estarán enviando al Concejo el mensaje con la propuesta de los nuevos integrantes pero dijo que “no sabemos si mantendremos a los mismos o habrá cambios”. Actualmente está integrado por Juan Francisco Jaurena, Luis Camilo Larrosa y Carolina Galluccio, que ingresó a fines de 2012 en reemplazo de María Cecilia Arietti.

El dictamen del Órgano no es vinculante pero sí constituye una herramienta importante para el Ejecutivo a la hora de decidir si corresponde o no actualizar la tarifa. Además, la ordenanza 11.580 regula, desde el año 2009, las condiciones de prestación del servicio de transporte público de pasajeros por colectivos, “y si bien, en su artículo 16 delega al Departamento Ejecutivo Municipal la potestad que le fuera propia al Concejo Municipal de proceder a la redeterminación de las tarifas, también exige la emisión de un dictamen previo del Órgano de Control” explicó el edil justicialista Ignacio Martínez Kerz.

Por su parte, Pereira aclaró que “el pedido de las empresas ingresó en abril y hasta ahora todos los informes que hemos hecho desde la Subsecretaría de Transporte y desde el Órgano de Control no nos están habilitando el aumento”.

Demoras

Consultado sobre por qué se demoró tanto la nueva postulación, Pereira dijo que se “estaban evaluando alternativas de cambio” y que, de todos modos, “pueden continuar haciendo seguimiento de los temas vinculados a los colectivos y brindando asesoramiento, salvo emitir dictámenes”. Y explicó que en el Tribunal de Cuentas “se han dado situaciones similares y no ha provocado problemas”.

Una vez que el Ejecutivo defina sus candidatos, debe publicar los antecedentes en medios escritos de comunicación y enviarlos a los colegios de profesionales para que, de haberlas, presenten objeciones, observaciones o impugnaciones. De todos modos, el Concejo Municipal extenderá el receso hasta el 7 de agosto, con lo cual hasta esa fecha no podrá tratar la propuesta del Ejecutivo.

Desde el bloque del PJ ya anticiparon que quieren que entre los candidatos haya un referente de las organizaciones públicas o privadas vinculadas a la protección de los derechos de usuarios y consumidores. Y presentaron un proyecto de comunicación en este sentido “en virtud de preservar los objetivos de su creación y propender a la participación ciudadana”.

Martínez Kerz argumentó sobre esta propuesta: “La jerarquía institucional diseñada en la norma para este Órgano de Control no se ha reflejada en su actuación desde la fecha de su conformación. En los cuatro años transcurridos, hemos sido obligados observadores de numerosas modificaciones en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros por colectivos: modificaciones en los recorridos urbanos; ausencia de líneas concesionadas; deficiencias en las unidades; incumplimiento de las frecuencias; incrementos en el precio del boleto; por nombrar las más sobresalientes y generalizadas, sin olvidar la decisión política de postergar un barrio completo de nuestra ciudad retirándole la modalidad de prestación sin contemplar las necesidades y opiniones de los vecinos”.

Funciones

El Órgano de Control del Transporte Público se puso en funcionamiento en 2009 por ordenanza Nº 11.580. Tiene como funciones la auditoría del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de los prestadores del servicio; las acciones de control que el Ejecutivo implemente sobre el sistema de transporte; y el análisis de las bases de cálculo de los regímenes tarifarios y dictaminar sobre las mismas a solicitud del Departamento Ejecutivo Municipal.