Proponen crear una oficina anticorrupción municipal

Presentación. Martínez Kerz, Pignata, Saleme y Frana (izq. a der.) durante la difusión del proyecto de ordenanza, ayer en el Concejo. Foto: Gentileza Bloque PJ

De la redacción de El Litoral

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Una Oficina Anticorrupción Municipal dirigida por un fiscal independiente, que detecte e investigue presuntos casos de irregularidades y corrupción en la esfera del gobierno local. Ése es el objetivo central de un proyecto de ordenanza que presentaron los cuatro integrantes del bloque de concejales del PJ, que fue ingresado para su tratamiento en comisiones una vez que comience el segundo período ordinario de sesiones del Concejo, en principio el próximo 7 de agosto.

“El proyecto no tiene antecedentes a nivel nacional. No hay oficinas anticorrupción en otros municipios del país”, aseguró a El Litoral Juan José Saleme, que integra el bloque junto a Ignacio Martínez Kerz, Sebastián Pignata y Silvina Frana. En su letra, el proyecto es explícito: la oficina tendrá por finalidad promover, fortalecer y facilitar los mecanismos necesarios para “prevenir, detectar, y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas” en la esfera del gobierno local.

La oficina dependería del ámbito del Concejo. Promovería investigaciones de oficio o por denuncias que hicieran particulares o agentes públicos, en casos de abuso, desviación de poder y otras irregularidades. Efectuaría la investigación preliminar de los hechos de los funcionarios públicos o de los concesionarios de servicios o de obras públicas municipales. Tendría habilitado el acceso directo a expedientes y archivos municipales.

También, la oficina contaría entre sus atributos recomendar la suspensión preventiva en la función o en el cargo que ejerciere un funcionario cuestionado, y elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la función pública.

Fiscal anticorrupción

La iniciativa propone la creación de un fiscal anticorrupción, que será a propuesta del Ejecutivo pero trabajará en forma independiente y autónoma, sin depender de ninguna dependencia oficial. Será designado por el Concejo por el voto de los dos tercios de sus miembros, previo concurso público de oposición y antecedentes.

El fiscal gozaría de las inmunidades propias de los concejales, “no pudiendo ser molestado, detenido, interrogado, acusado ni reconvenido por las opiniones que emitiere con motivo del desempeño de su mandato”. Podrá solicitar -a los fines de las investigaciones que realice- informes, documentos, antecedentes, etc., que estime útil a cualquier organismo oficial y a personas jurídicas, públicas o privadas.

También podría requerir a la autoridad judicial allanamientos cuando una investigación lo exigiere. Tendría la facultad de ordenar y recibir declaraciones testimoniales de los presuntos responsables de los hechos bajo investigación. Y hasta solicitar el auxilio de las fuerzas policiales provinciales y disponer exámenes periciales.

Transparencia

“Creemos que la oficina debe ser una política de Estado, ése es el espíritu del proyecto. Ésta se dedicará a evaluar previamente el riesgo de corrupción e investigar presuntos casos irregulares en la esfera municipal. El fiscal podrá poner la lupa sobre llamados a licitación que haga el municipio, el uso de fondos municipales, o las habilitaciones presuntamente mal otorgadas a negocios, o el cumplimiento de las ordenanzas de la ciudad”, ejemplificó Saleme a este diario.

“La corrupción existe en todos lados, y Santa Fe no está exceptuada de este mal que afecta a la gestión y a la ciudadanía. Por eso, creemos que es importante llegar a un consenso con el oficialismo para darle curso a este proyecto, cuando se trate. De hecho, deberá aprobarse con los dos tercios de los votos, para lograr el mayor consenso posible. Esto toca de cerca la transparencia en la gestión pública”, cerró el edil justicialista.

El dato Antecedente y veto polémico

• El 24 de octubre del 2002, el entonces edil Leonardo Simoniello (hoy presidente del Concejo) y su par Jorge Henn (actual vicegobernador de la provincia) impulsaron un proyecto que proponía crear una oficina municipal de investigaciones administrativas. La ordenanza (Nº 10.923) fue aprobada por el Cuerpo el 19 de diciembre de ese año. Pero el entonces intendente, Marcelo Álvarez, mediante el Decreto Nº 689, vetó la norma sancionada. “Aquél era un veto a la transparencia en la gestión municipal”, coincidieron por entonces los ediles radicales.