Serán 23 las indagatorias por el fraude de Bolsafe Valores

De la Redacción De El Litoral [email protected] El juez federal Nº 2 Francisco Miño ordenó ayer el llamado a indagatoria a 23 personas vinculadas a las empresas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, de una lista de 49 sospechosos que en mayo había confeccionado la Fiscalía. Esta mañana, el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, confirmó a El Litoral que “lo que resolvió el juez es la convocatoria a 23 de los 49 imputados que habíamos señalado en nuestro pedido de indagatoria del 14 de mayo. Con respecto a esas 23 personas, lo que entendió el juez es que hay un estado de sospecha suficiente para convocarlos a prestar declaración indagatoria y está pendiente la asignación de una fecha determinada”. Claro que del total de 49 personas, más de la mitad fue momentáneamente marginada de la convocatoria al considerar que “ese estado de sospecha no estaría configurado”, agregó el fiscal, para quien todos deberían ser llamados. Aunque se excusó de dar los nombres de los involucrados más allá del contador Mario Rossini, especificó que “todos están vinculados a BV Emprendimientos y Bolsafe, tienen relación tanto en carácter de empleados y directivos de cada una de ellas en el período que es objeto de la investigación”. Y aclaró, “por supuesto no quiere decir que el resto queda desvinculado, pero de momento el juez entendió que no se reunió ese mismo estado de sospecha”. Si bien prefirió no polemizar con la decisión del magistrado, Rodríguez se mostró esperanzado en revertirlo, “no porque tengamos nada personal con ninguno de ellos sino porque nuestra misión es descubrir la verdad y creemos que existen elementos suficientes para que ese grupo de personas también comparezca a prestar declaración indagatoria”. —¿Pueden rechazar esta decisión o esperan a que alguna de las partes se oponga? —Si bien las partes querellantes y el Ministerio Público estamos parados en la misma vereda, la de los acusadores, nosotros como Ministerio tenemos una postura que la estuvimos consultando con la Procelac y en esas conversaciones estamos definiendo la postura, que no es personal, es institucional. Y los querellantes van a hacer lo propio. Estamos en vía de resolverlo con nuestro equipo de trabajo. —Formalmente ¿se puede apelar o no? —Toda decisión que causa agravio en principio es apelable, pero nosotros además de tener que estudiar si hubo agravio pasible de pedir la intervención de la Cámara, tenemos que analizar si del punto de vista de la estrategia conviene o no. Lo que no queremos es producir algún tipo de herramienta para que se empantane la investigación que ya bastante demorada está. Entonces nuestra conversación va girar en torno a las herramientas que tenemos y a las estrategias que nos vamos a proponer. —No hay fecha prevista todavía para las indagatorias —No hay fecha fijada. Dice la resolución “según programación de secretaría” se van a establecer las fechas. —Estas 23 personas están imputadas ¿de qué delito? —Bueno, la resolución no lo aclara. Nosotros propusimos que estas personas sean vinculadas al proceso por una administración fraudulenta principalmente. Después con respecto a este núcleo, la intermediación financiera no autorizada es uno de los tipos penales que nosotros pusimos énfasis en que se aplique. Pero las figuras legales no están descriptas en la resolución del juez.

La trama El fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, presentó el 14 de mayo un escrito de unas 60 carillas ante el juez federal Nº 2, Francisco Miño, acusando a 49 personas por “asociación ilícita para la concreción de una indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales”, entre los que cuentan “intermediación bursátil no autorizada; administración fraudulenta; y el posterior lavado o blanqueo de los fondos, fruto de aquellas maniobras ilícitas”. Para la fiscalía, que trabajó en el caso con el apoyo técnico de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) -fiscal Carlos Gonella- y el Área de Fraudes Económicos y Bancarios de ese organismo -coordinador Pedro Biscay-, se registran 408 ahorristas estafados y se detectaron operaciones de lavado de dinero que durante sólo el 2012 rondaría los $ 40.000.000. De los 49 operadores financieros implicados, 25 son empleados, productores y directivos de Bolsafe y BV Emprendimientos; 13 son directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia.

“Desacertada y arbitraria” —¿Qué opina la fiscalía sobre la resolución de la Cámara Federal de otorgarle la domiciliaria a Rossini? —Nosotros entendemos como Ministerio Público que la decisión es desacertada en virtud de los términos jurídicos y conceptuales que han sido utilizados en el recurso de casación al que tuve acceso. También es arbitraria; esto porque los fiscales Carlos Gonella y Claudio Palacín, entendieron que la decisión no estaba avalada sobre elementos concretos que justifiquen la prisión domiciliaria. Sobre todo porque fue otorgada sin haber especificado qué causal de la que está prevista en la ley fue la que permitió esto.