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Sergio Schoklender acusó ayer al vicepresidente Amado Boudou de valerse de testaferros para cobrar 160 millones de pesos que debía percibir la Fundación Madres de Plaza de Mayo y quedarse con esos fondos. Schoklender hizo estas acusaciones al realizar ayer una declaración espontánea en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi que lo investiga, junto con empresarios y funcionarios acusados de desviar dinero que el Estado entregó a las Madres para la construcción de viviendas sociales.
Schoklender declaró por escrito y en 27 carillas señaló que se desvió el dinero de las Madres a un fideicomiso mediante el cual “se robaron todo el patrimonio de la Fundación”. Reveló -y dejó por escrito- que “según comentarios, Boudou habría adquirido un Rolls Royce que se encontraría a nombre de su padre”, y dijo que correspondía a la patente CNR 301. Sin embargo, según corroboró el diario La Nación, dicho dominio corresponde a una limusina Peugeot que está registrada a nombre de una persona domiciliada en Villa Lugano, sin relación aparente con el vicepresidente.
“Allegado”
En su escrito, Schoklender dijo que cuando dejó la fundación en 2012, quedaban por cobrar 160 millones de pesos de diversas jurisdicciones por casas construidas por las Madres. Afirmó que en ese momento, las Madres constituyeron un fideicomiso merced a las gestiones de un allegado a Boudou, conocido como Aybar Roberto Domínguez. El administrador de ese fideicomiso es el ingeniero mendocino Luis Debandi. Schoklender dijo que Domínguez y Debandi “siguiendo instrucciones de Boudou, desviaron el dinero con la firma de Hebe de Bonafini”.
Schoklender declaró como acusado, es decir, sin prestar juramento de decir la verdad, y se está defendiendo de una acusación. En esta causa que investigó el juez Norberto Oyarbide , y que la Cámara Federal anuló parcialmente, quedan por ser indagados unos 60 acusados, entre los que está Schoklender. El juez avanza para comenzar a fin de año las indagatorias que involucrarán a los funcionarios nacionales que autorizaron el envío de los fondos y no controlaron su destino.
Números turbios
Según se supo, el administrador del fideicomiso cobra en concepto de honorarios el 16% del giro de fondos destinados a emprendimientos que lleven adelante las madres. Sin embargo, el contrato original firmado el 24 de agosto de 2011, establecía que los honorarios del administrador iban a ser sólo de 1%.
Schoklender ahora volvió a la carga sobre esta información para sostener que los fondos habían ingresado al fideicomiso al que fueron desviados. Además, que la Fundación no presenta balances desde hace dos años.
El fideicomiso, por su parte, hizo saber que las deudas se están pagando y que las cuentas ya fueron auditadas dos veces.
Schoklender insistió en que se haga una auditoría sobre los fondos de la Fundación y denunció que el fideicomiso es “sólo un medio para vaciar las arcas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en beneficio propio y de terceros”.
“Ninguna donación ni subsidios que se otorguen a las Madres pueden tener como pretensión endulzar los bolsillos de un particular, presumiblemente testaferro de Amado Boudou”, escribió con asistencia del defensor oficial Hernán Figueroa. Y advirtió que se vació la Fundación y que el dinero cobrado “fue a parar a manos de distintos funcionarios nacionales, entre los que se encuentra el contador Amado Boudou”.
Más para el juicio político
La diputada nacional por Unión PRO, Patricia Bullrich, anunció que hoy presentará una ampliación del pedido de juicio político que promueve contra Amado Boudou, luego de que el vicepresidente fuese imputado por anotar domicilios falsos en su documento de identidad. Bullrich insistió en su pedido para que se inicie en forma “urgente el trámite porque a pesar de que se han seguido sumando nuevos hechos, y se reclamó reiteradamente su tratamiento, tras más de dos años, el expediente continúa cajoneado”, denunció.
A través de un comunicado, la legisladora aseguró que en el caso del vicepresidente, procesado por el caso Ciccone y por irregularidades en la documentación de un vehículo, “existen suficientes pruebas que pueden ser consideradas como mal desempeño de sus funciones, y falta de idoneidad para ejercer el cargo. Ahora se le suma una nueva irregularidad que afianza aún más nuestra postura, de que más allá de los delitos que se le imputan, la inhabilidad moral para ejercer sus funciones estaría más que demostrada”, aseveró.
En este sentido, Bullrich apuntó que al vicepresidente “se le adjudica que ha denunciado para diversos trámites tres domicilios o inexistentes o ajenos a su persona, otra imputación más por la cual Boudou debería dar explicaciones en el Congreso”.