Mónica Niel, presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe (primera circunscripción) y Claudia Rosciani, secretaria de asuntos gremiales. Foto: Flavio Raina
Por Natalia Pandolfo
Mónica Niel, presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe (primera circunscripción) y Claudia Rosciani, secretaria de asuntos gremiales. Foto: Flavio Raina
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Pasaron dos años y medio desde la última promesa. Desde entonces, todo fue una larga espera tamizada por un espeso malestar. “Es con los testimonios recabados, los diagnósticos desesperados y una larga lista de preocupaciones que este Colegio ratifica la declaración de la Comisión ad hoc para el monitoreo de Políticas Públicas del Sistema de Alojamiento de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y los dichos de las presidentes de los Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de la segunda circunscripción de la provincia”, definían los profesionales locales en un comunicado publicado el 17 de septiembre pasado en este diario. Allí planteaban cuatro puntos: el transcurso de tiempos cronológicos incompatibles con la urgencia de las situaciones tratadas (situaciones de abuso, violencia, estado de adoptabilidad); los desacoples en las intervenciones, yuxtaposiciones de equipos y criterios que dilatan las resoluciones; la situación salarial de los trabajadores de Desarrollo Social y la falta de una política eficaz para el tratamiento del abuso sexual infantil (por citar un dato, no existen estadísticas desde 2008). Efectos desastrosos “En marzo hicimos una conferencia de prensa junto con los otros colegios -trabajadores sociales, psicopedagogos, terapistas ocupacionales- por este mismo tema. Hacía dos años y medio habíamos conseguido una entrevista con la ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, en la que acordamos que había que darle una solución al problema de los trabajadores de este área, que cobran la mitad de lo que cobran los que están bajo la órbita de Salud, cuando hacen la misma cantidad de horas y ejercen funciones de idéntica jerarquía. Pasó todo este tiempo y no se consiguió nada, excepto un suplemento que es muy inferior de lo que haría falta”, explica Mónica Niel, presidente del Colegio de Psicólogos de Santa Fe (primera circunscripción). “Ya en ese momento advertíamos que, de no resolverse esta situación, iba a haber una rotación permanente de profesionales para tareas que son muy complejas. Eso se cumplió: la gente se fue yendo, obviamente. Y en este momento hay una situación que ha reventado por todas partes”, grafica. Claudia Rosciani, secretaria de asuntos gremiales, agrega: “Suele haber respuestas tipo parche -dar un suplemento, pasar tal cantidad de personas a planta-, cuando estamos hablando de poder situar esta problemática en toda la complejidad que tiene. Esto amerita que se tome mucho más en serio el tema por parte del Estado”. “La declaración de la Comisión Ad Hoc que el mismo Ministerio creó en 2013 dice, por ejemplo, que es un fraude hablar de calidad en relación a las instituciones que alojan niños. Esta comisión se expide porque, dicen, consideran necesario no quedar en una situación de complicidad con lo que está ocurriendo. Es gravísimo -sostiene Niel-. No se trata sólo de dilatar los tiempos o precarizar aún más la situación de esos niños que ya están en situación de vulnerabilidad: se trata de que el efecto que eso tiene sobre la subjetividad es desastroso”. Del dicho al hecho “Nos encontramos con leyes muy progresistas, pero los medios para arbitrarlas son absolutamente deficitarios. En los hechos, tenés equipos trabajando con 200 situaciones al mismo tiempo. Equipos que piden que se tomen medidas excepcionales, y estas medidas no se toman, porque no hay dónde mandarlos, y los lugares que hay están en estado calamitoso”, expresa Niel. En este panorama, la situación de los profesionales es crítica: “Quedan atrapados, resolviendo situaciones con sus propios recursos materiales, subjetivos, éticos”, denuncia Rosciani. Niel asiente: “Si vos decís: ‘Niñez va a tener un lugar prioritario', pero tenés el 40 por ciento de la gente contratada o en negro, y cobrando la mitad de lo que debería, eso es una definición política”. La otra cuestión que critican es la de los tiempos: “Cuando se trata, por ejemplo, de un niño que tiene que ser separado de su familia de origen, interviene todo un procedimiento administrativo que tiene plazos legales que no se cumplen, donde el directamente dañado es el niño. Pero también son afectados los trabajadores, que quedan atrapados en una situación de impotencia tremenda cuando ven que no hay una respuesta seria. A veces no hay ni siquiera respuestas por escrito. No hay respaldo de ningún tipo: los profesionales están solos. Estamos hablando de personas que trabajan en una situación de mucho desgarro. Entonces, este accionar es perverso”, coinciden las profesionales. Abusos Es uno de los temas más complejos y, paradójicamente, más invisibilizados: no existen datos que permitan abordarlo. “Se sabe que siempre hay una diferencia entre lo que lo administrativo/legal permite y lo que la realidad exige; pero acá ya es realmente abismal. Como no hay posibilidad de tomar alguna acción en serio, como se debe y a tiempo, se deja todo en la misma situación”, explica Rosciani. La última estadística, de 2008, dice que se denunciaban 900 casos de abuso sexual infantil por año en la ciudad. A ellos hay que sumar los que no se denuncian. “Se pregona la nueva Ley Nacional de Infancia como el paradigma de protección de derechos pero lo que observamos a diario es lo contrario: se tiende a revincular al niño con la familia en nombre del ‘interés superior' y de los lazos de sangre”, denunciaban los profesionales en el comunicado. “Estas situaciones se leen siempre poniendo el acento de desconfianza o de duda sobre las víctimas. Esto no tiene que ver con la ignorancia o con la falta de recursos solamente. No tomar partido como corresponde en esas situaciones también implica una toma de posición”, concluyen.