La Justicia Federal procesó al presidente de Bolsafe Valores

De la Redacción de El Litoral
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El fiscal federal, Walter Rodríguez, confirmó esta mañana que por resolución del juez Federal Francisco Migno se abrió proceso al contador Mario Rossini por las estafas de Bolsafe Valores y además se decidió procesar a otros nueve imputados en la causa.

La resolución del juez Miño se conoció en las últimas horas y le imputa al contador Rossini los delitos de administración fraudulenta e intermediación bursátil no autorizada.

—¿Rossini no había sido procesado todavía por la Justicia Federal?

—En la Justicia Federal, Rossini no había sido procesado. Sí, por la Justicia provincial, por supuesto que por un número bastante restringido de casos, eran 62 si no me equivoco. Ahora, este procesamiento comprende a un volumen de víctimas bastante más amplio, nosotros llegamos a contar durante la primera indagatoria 408 damnificados y en este momento debe haber unos 450.

—Rossini se encuentra en prisión domiciliaria, ¿esta medida puede revertirse?

—Bueno, lo que está en juego en la Cámara de Casación Penal es dónde cumple la prisión preventiva, si en una institución carcelaria o en su domicilio. Hasta ahora, por la decisión de la Cámara Federal de Rosario la debe cumplir en su domicilio hasta tanto la Cámara confirme o revierta.

Embargo

—¿La fiscalía ha realizado algún pedido puntual respecto de esta medida?

—Los fiscales Palacín y Gonella presentaron un recurso de casación y en virtud de ello es que está en la Cámara de Casación Penal, que deberá definir si tiene razón la Cámara de Rosario o tenemos razón quienes integramos el Ministerio Público y pensamos que debería ser contraria la resolución.

—¿El procesamiento de Miño alcanza a Rossini y cuántas personas más?

—Tenemos a otra persona de apellido Rossini que es familiar, el hermano que es abogado, jubilado, Omar Santos Francisco Rossini.

También hay otros diez procesados. En el primero de los casos, el juez ha establecido que son coautores. El auto de procesamiento contiene un embargo por 20 millones de pesos que si no se deposita luego de una intimación se dirige a una inhibición general de bienes.

—¿Han podido establecer el monto aproximado de la defraudación?

—Hay determinados parámetros que hacen a la posibilidad de establecer un piso. Pero debemos tener en cuenta varios factores que hacen que en este momento se haya establecido de una manera más o menos cercana al daño producido. Esto es que estamos ante la posibilidad de que el daño se le produjo individualmente a unas 400 personas, cosa que es bastante compleja. Como hablamos de un piso, no deberíamos perder de vista el trámite de quiebra que se está sustanciando en la Justicia provincial y que ha establecido un monto que va de entre 50 a 80 millones de pesos. Por supuesto que esa cifra es también bastante caprichosa, porque comprende a aquellos que fueron a verificar la quiebra.