De la redacción de El Litoral
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Sobre tablas y por unanimidad los senadores santafesinos convirtieron en ley la prórroga -por dos años más- de la expropiación de la planta fabril y todos los bienes de uso necesarios para el funcionamiento de Naranpol Cooperativa.
La Cámara Alta alteró el orden de la sesión para tratar el proyecto que, con media sanción, llegó de Diputados. Los senadores José Baucero (PJ-San Javier), Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) recordaron las horas difíciles que pasaron los trabajadores de la firma, cuando los empresarios los dejaron abandonados a su suerte.
Subrayaron que lograron evitar que se consumara el proceso de descapitalización de la planta y dijeron que “porque sus trabajadores nunca bajaron los brazos” hoy Naranpol “está en funcionamiento”.
Los legisladores expresaron su deseo de que, en el futuro, la cooperativa asegure, en forma definitiva, la propiedad de la planta.
Desde 2012
La cooperativa está compuesta por más de 90 asociados y brinda, directa e indirectamente, más de 150 puestos de trabajo. Los trabajadores la administran desde diciembre del 2012.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara Baja por el diputado justicialista Avelino Lago (ayer presenció en el recinto la aprobación del Senado) y consiste en una prórroga “en todos sus términos por el plazo de dos (2) años, de la vigencia de la Ley Provincial Nº 13.317 a favor de la Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada”.
El mismo texto legal “autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio correspondiente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias”.
“Con fuerte presencia en la región y en otras 15 provincias del territorio argentino, sus productos brindan una excelente calidad y precio accesible para el disfrute de las familias argentinas. Ubicada en la capital de la provincia de Santa Fe, su planta productora cuenta con la tecnología y personal capacitado, acorde a las exigencias del mercado”, subrayan los considerandos del proyecto de ley aprobado.
En Rosario
Otro proyecto de ley de características similares, se trató a continuación, para beneficiar a 22 familias del sur santafesino. Fabricaciones Rosario Ltda. logró la ampliación -también por dos años- de la misma figura legal que cobija a las fábricas recuperadas: la expropiación temporal ante un caso de urgencia, prevista por la Ley Nº 7534.
La cooperativa rosarina emplea a 22 personas y es la continuación de la firma Loar SRL, nacida en 1977, que fuera líder en la fabricación de repuestos del automotor. Hoy, produce válvulas para equipos de combustibles líquidos y GNC.
En 2013, la compañía (entonces en manos de empresarios) bajó su planta de 60 a 25 trabajadores.
Figura legal
La Ley Nº 7534, de Expropiaciones de Santa Fe, ha previsto que en el caso de la “ocupación temporal” puede el Estado expropiar “el uso temporal de un bien inmueble, por dos años como máximo, cuando el interés general en la ocupación esté vinculado con la construcción o reparación de una obra pública o prestación de un servicio público”. Y también describe otro caso: la “ocupación temporal de urgencia”.
Sobre este último la norma dice que “por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad que ponga en juego la solidaridad recíproca de los miembros de ésta e impidan toda forma de procedimiento, el gobernador o la autoridad administrativa a quien éste faculte debidamente mediante decreto motivado, puede disponer, bajo su responsabilidad, la ocupación temporal de bienes inmuebles, debiéndose constatar previamente el estado de conservación de los bienes que son objeto de la misma”. Esto es en rigor, lo que han hecho, cada vez que lo creyeron necesario, los trabajadores con la toma de la planta: preservar su fuente de trabajo.
Una larga lucha
Naranpol, una de las marcas que identifica a Santa Fe, llegó a emplear a 500 personas. Fue la tercera planta del sector a nivel nacional. Antes de convertirse en una fábrica recuperada (en 2012) hubo más de 40 audiencias de conciliación, numerosas medidas de fuerza, reducciones salariales, rebaja de los sueldos a sólo un tercio, caída del Convenio Colectivo de Trabajo, un año sin haberes, ocupación de la planta y años de luchas en la fábrica, en la calle, en las oficinas del Ministerio de Trabajo y en la Justicia.