El kirchnerismo aprobó la nueva ley de hidrocarburos

El Litoral
DyN

El kirchnerismo sancionó esta madrugada la reforma de la Ley de Hidrocarburos, pese a los cuestionamientos de la oposición que asoció la iniciativa con los intereses del empresario kirchnerista Lázaro Báez y criticó la falta de una legislación de protección ambiental.

Tras más de catorce horas de debate, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, que ya tenía la media sanción del Senado, fue aprobada por 130 votos afirmativos, 116 negativos y la abstención de Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino).

El oficialismo consiguió la aprobación de la propuesta con el apoyo de sus tradicionales aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero y Frente Nuevo Encuentro.

En tanto, se manifestaron en contra los diputados del radicalismo, el PRO, Frente Renovador, Partido Socialista, GEN, Coalición Cívica, Unidad Popular, Unión por Córdoba, Compromiso Federal y otros bloques minoritarios.

"Soberanía energética"

En los discursos de cierre, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, resaltó que "la soberanía energética será una realidad con la aprobación de este proyecto que logra sinergia entre la Nación, las provincias y nuestra empresa de bandera YPF, es el verdadero concepto federal de este proyecto de ley".

Por su parte, el presidente del bloque radical, Mario Negri, acusó al Gobierno de políticas "erráticas, improvisadas" y remarcó que "no podemos apoyar un proyecto de coyuntura apurado que no incentiva la competencia sino por el contrario prorroga de manera exclusiva, ilimitada y casi a perpetuidad las áreas que tienen concesionadas".

En tanto, el massista Mario Das Neves aseguró que "no hubo consenso" entre el Gobierno y los gobernadores de las provincias petroleras para la elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos, sino que "hubo apriete deliberado".

Regalar petróleo

El diputado socialista Juan Carlos Zabalza cargó contra la propuesta oficial porque responde a "la urgencia de ingresar dólares y avanzar en la explotación de los hidrocarburos no convencionales a cualquier precio, y de los convencionales también".

El macrista Federico Sturzenegger afirmó que "nunca se regaló el petróleo" como va a ocurrir con la nueva Ley de Hidrocarburos, ya que según explicó esta norma "permite extender los contratos en las mismas condiciones que la ley vigente o prácticamente similares y esos contratos son baratos y convenientes para las empresas".

El kirchnerista Mario Metaza abrió el debate con una fuerte defensa de la propuesta oficial y advirtió que "necesitamos muchos chevrones", en referencia al acuerdo que la empresa americana firmó con YPF para la exploración del yacimiento de Vaca Muerta, para alcanzar el autoabastecimiento energético en la Argentina.

Mientras que el santacruceño Eduardo Costa (UCR) rotuló como "ley buitre" a la propuesta del Gobierno porque "les da a los que han generado esta crisis, a los que no invirtieron y a los que se llevan nuestros recursos, más herramientas y beneficios, perjudicando a las provincias productoras".

El macrista Federico Pinedo denunció que "esta ley beneficia de manera desmesurada a algunos concesionarios privados como el señor Lázaro Báez en perjuicio de las provincias" y resaltó que "es imprescindible recuperar el autoabastecimiento energético, que se perdió miserablemente".

Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI) también se sumó a los cuestionamientos de la nueva ley al considerar que "estamos entregando a una inmobiliaria la costa de Santa Cruz, porque convengamos que al menos Lázaro Báez es una inmobiliaria".

Para Martín Lousteau (Suma+Unen) con esta iniciativa el Gobierno le está "regalando de más a las empresas petroleras solo para paliar urgencias de corto plazo".

Propuesta

La propuesta enviada por el Ejecutivo fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación al establecer 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.

Además, el proyecto otorga a los gobernadores la posibilidad de prorrogar hasta 10 años las concesiones de las empresas que cumplan con las inversiones.