El dolor de México, el dolor del mundo

Andrea Sosa Cabrios
dpa

Dicen que caminan por la calle como si el alma se les hubiera ido y que se preguntan todo el tiempo dónde estará su hijo, si alguien le estará dando de comer. Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en México desde hace 34 días cargan la angustia en los rostros y en las palabras.

El gesto adusto, el reclamo firme, la frustración con las investigaciones. Eso es lo que ha quedado en las familias después de reunirse el miércoles durante cinco horas y por primera vez con el presidente Enrique Peña Nieto en Ciudad de México en la residencia de Los Pinos.

“No pasó nada”, lamentó hoy en una entrevista de radio Emiliano Navarrete Victoriano, padre de uno de los alumnos desaparecidos de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero. “Para mí, en lo personal, estoy igual como en el principio”.

Después del encuentro con el presidente, en el que se firmó un acuerdo de diez puntos que contempla rediseñar el plan de búsqueda, en los relatos de los padres han predominado el enojo, la tristeza y el desaliento.

“Estamos ya muy desesperados, ya son 33 días de sufrimiento para nosotros y no vemos respuestas”, dijo Epifanio Álvarez, otro de los padres, en una reunión con la prensa la noche del miércoles, luego de la cita con Peña Nieto.

“Es como una pesadilla para mí con mi esposa. Es una pesadilla que estamos viviendo y no nos podemos despertar de esto. Si estamos comiendo nos acordamos: estará comiendo, estará bebiendo, le darán agua”, relató.

Los jóvenes fueron desaparecidos el 26 de septiembre en el estado de Guerrero, en el sur de México, por policías municipales aliados con el grupo criminal Guerreros Unidos, que antes les dispararon y mataron a tres estudiantes y a otras tres personas.

Las autoridades federales se mantuvieron al margen de las investigaciones en los primeros días y esperaron más de una semana para anunciar que la Procuraduría General de la República se pondrían al frente de las indagatorias.

Mientras tanto, nada se sabe de los estudiantes. La escuela de Ayotzinapa, a la que asisten en régimen de internado alumnos de familias pobres, tradicionalmente ha sido muy combativa con bloqueos de calles, robo de autobuses y protestas que, en algunos casos, se tornan violentas.

Según la fiscalía, los jóvenes inquietaron al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con su presencia la noche en que su esposa encabezaba un acto en una plaza, por lo que mandó a frenarles el paso cuando supo que habían llegado a la ciudad, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El alcalde y su mujer, María de los Ángeles Pineda Villa, señalada como una de las principales operadoras de los Guerreros Unidos, ahora están prófugos. No se hizo nada para retenerlos antes de que se esfumaran, cinco días después de las desapariciones.

Las investigaciones han llevado hasta ahora al arresto de más de 50 personas y al hallazgo de al menos 38 cadáveres en fosas clandestinas, que en un principio la fiscalía ha descartado que se trate de los jóvenes, aunque se está a la espera de nuevos estudios de ADN. No hay ninguna pista sobre el destino de los estudiantes.

Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, dice que para él su hijo no está desaparecido, sino que “fue raptado por unos uniformados que son policías municipales de Iguala, Guerrero”.

Cada día vuelve a casa con las manos vacías. “Yo cuando regreso a mi casa me da tristeza regresar, ver a mis hijos, que no les llevo nada. Otra vez llegué sin nada, sin algo bueno de que ya encontré a su hermano. Me da tristeza caminar por mis calles del barrio donde vivo, me siento como un desconocido”.

Los padres son mujeres y hombres sencillos. Campesinos, indígenas. Los estudiantes, en promedio de unos 20 años, vivían y estudiaban en la escuela para salir adelante y ser maestros. Supuestamente, los policías los entregaron a los Guerreros Unidos.

Una versión publicada por el diario Reforma indica que, según Sidronio Casarrubias, el líder de la organización criminal, ya detenido, entre los estudiantes se habían infiltrado 17 miembros de Los Rojos, una banda rival, lo cual es rechazado por las familias.

“Ellos fueron agredidos cobardemente, disparándoles a matar como si fueran algunos maleantes. Los muchachos iban desarmados, no eran delincuentes”, cuestionó Navarrete. “A mí me llena de coraje (bronca) las actuaciones del gobierno, que suponemos que debe de estar para ayudarnos, porque no somos sus ovejas para que nos mate a la hora que se le dé su gana”.

dpa