Gobierno insiste en que no habrá cambio en Ganancias

Tomada insistió con la posición del gobierno sobre el tema. Foto: DyN

De la Redacción de El Litoral

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Télam

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que no está en estudio ninguna modificación en el Impuesto a las Ganancias respecto del medio aguinaldo que se cobrará en diciembre, descartó la posibilidad de cambiar lo estipulado en las negociaciones paritarias de este año y consideró que la situación del mercado laboral es “estable”.

“No es un tema que está en consideración”, respondió el ministro al ser consultado por Télam sobre si se evalúa la posibilidad de que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) esté exenta de aplicación del Impuesto a las Ganancias.

Tomada dijo que el gobierno “ya aclaró cuál es el reducido impacto en términos de población al que afecta” ese gravamen, y también explicó “todo el esfuerzo que el año pasado hizo para excluir a millones de trabajadores del pago de Ganancias”, por lo que “ahora no está concretamente en la agenda” ninguna modificación en la materia.

Ante los crecientes reclamos de varios gremios del pago de un bono de fin de año, el funcionario resaltó que este beneficio “es habitual en la práctica laboral” del país que “tiene que ver con cuestiones de trabajo a nivel empresa”, por lo que es un sistema que “podrá seguir funcionando”.

No obstante, el ministro sostuvo que “la política salarial general se fijó en el marco de las negociaciones colectivas que se celebraron en su mayoría en el primer semestre y eso define cuál va a ser la regla que van a regir los salarios durante un año y nadie quiere violar eso”.

En relación a la situación del empleo, Tomada lo consideró “estable”, aunque reconoció que “hay despidos” pero que “son en menor nivel a los que había en 2013 y 2012 más allá del catastrofismo que han querido instalar”.

El ministro indicó, además, que “las suspensiones, que en algún momento parecían que se iban a extender a distintos sectores de la actividad en forma masiva, quedaron encapsuladas en dos sectores”, como “el metalmecánico con toda su cadena de valor”.

Tomada resaltó, por otra parte, la importancia de la capacitación laboral, como la que llevan adelante Adimra y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que junto a otros cuatro o cinco sectores más permitió al Ministerio de Trabajo firmar planes trianuales para “generar una política sostenida en un sector que es estratégico en términos de formación”.

Licitación del 4G Al cierre de la presente edición, iba a realizarse en Tecnópolis la apertura de sobres con las ofertas económicas de las cuatro empresas que entraron en la recta final de la licitación por la telefonía 4G, a pesar de que los anuncios sobre cambios en la Ley de Telecomunicaciones podrían alterar, según los expertos, un negocio que implica un ingreso para el gobierno cercano a los 2 mil millones de dólares. Aunque nunca hubo cambios formales en los pliegos, en los últimos días, se suscitaron dudas sobre el modo de pago, ya que algunas de las empresas hicieron trascender que preferían desembolsar pesos y el gobierno nacional, que necesita los dólares para engrosar las reservas, a lo sumo aceptaría la suscripción de bonos a fin del año 2015, nominados en esa moneda. Las cuatro oferentes que siguen en carrera son: Telefónica Móviles Argentina (Movistar); Telecom Personal; Arlink (propiedad del grupo Vila-Manzano) y AMX Argentina (Claro). Entre ellas, se dilucidará la subasta de mañana y a mediados de noviembre, se adjudicarán las frecuencias a quienes ganen la pulseada económica. Nextel y Cablevisión habían comprado los pliegos del concurso, pero al final desistieron de seguir en la compulsa. La ampliación del espacio significará una mejor capacidad para las comunicaciones de voz, pero a su vez, permitirá una mejor navegación por Internet y transmisión de video. El gobierno avanzará en la licitación a pesar de que hace apenas 24 horas anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley que “podría alterar las condiciones del negocio de la telefonía celular de manera fundamental, condiciones que no estaban presentes cuando arrancó la licitación el 19 de septiembre pasado”, señaló un consultor del área. El proyecto estipula que el servicio de telefonía celular es un “servicio público esencial”, de modo que el gobierno podrá regular hacia adelante tanto las tarifas como las condiciones del servicio. Hasta ahora, este tipo de servicios era de “interés público” y si bien el gobierno tiene injerencia en los precios, los valores y las condiciones de los servicios son determinados por las operadoras.

El dato Cinco mil Ayer, los gremios del transporte terrestre, aéreo y marítimo, unificaron en 5 mil pesos el monto del bono salarial de fin de año que pedirán cobrar. La semana próxima harán llegar el pedido formal a los responsables de las empresas. En caso de no obtenerlo, amenazan con tomar medidas de fuerza.