Sobreseen a acusado de quemar un auto oficial

El coche -un Peugeot 807 modelo 2010- fue devorado por las llamas el 16 de junio de 2013, frente a la vivienda del mandatario local en barrio Candioti. Foto: Flavio Raina/Archivo

De la Redacción de El Litoral

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El juez de Instrucción Tercera, Luis Octavio Silva, dictó el sobreseimiento definitivo para dos empresarios de la noche, que habían sido acusados por la policía como los supuestos autores del ataque incendiario contra el auto oficial que utilizaba el intendente José Corral.

La Justicia se expidió el miércoles pasado sobre la situación procesal de los imputados Leandro Agustín e Ignacio Luis Yódice, a quienes terminó por “sobreseer definitivamente” de los cargos de “daño calificado”, “incendio” y “coacciones agravadas”, según las atribuciones delictivas formuladas durante la indagatoria realizada en octubre del año pasado.

Como paso previo para el sobreseimiento, el juez Silva había dictado el auto de “falta de mérito” para los hermanos y socios de la firma Grupo Malena SRL, la cual administra dos espacios dedicados a la diversión nocturna.

La decisión judicial fue notificada la semana pasada a las partes y hasta hoy, ni la querella -Esteban Gaggiamo y Carlos Rosenfeld-; la defensa -Romeo y Ramiro Díaz Duarte-; ni el fiscal -Jorge Andrés- opusieron objeción a tal determinación, por lo que en las próximas horas podría quedar firme.

En la vereda

La investigación policial-judicial se inició con el incendio de un Peugeot 807 Full, modelo 2010, que la madrugada del domingo 16 de junio de 2013 estaba estacionado frente a la vivienda particular del intendente Corral, en barrio Candioti.

El vehículo de uso oficial se quemó íntegramente por lo que debió intervenir personal de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional Uno, que en medio de la noche sofocaron las llamas sobre calle Chacabuco.

Como por esa época el Ejecutivo municipal estaba en medio de una pelea encarnizada con los empresarios bolicheros de la ciudad, entre otros focos de conflicto, rápidamente las miradas se concentraron en ese ámbito y como si fuera poco, aparecieron elementos de prueba que señalaban a los hermanos Yódice.

Un “acta de inteligencia” realizada por la policía, en la que se consignaban fuentes “de la calle”, señalaba que “el día de la marcha (13 de junio de 2013) los escucharon decir a los Yódice que estaban armando el atentado”.

Amenazas telefónicas

Eso, sumado a escuchas telefónicas y mensajes de texto de los cuales se desprende que ambos recibieron amenazas y extorsiones anónimas a sus celulares, reclamándoles una deuda en relación al auto quemado del intendente, fueron motivo suficiente para dirigir la investigación hacia los hermanos Yódice, a pesar de que éstos denunciaran el hecho ante la Justicia oportunamente.

Para asegurar la prueba, se realizaron dos allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé, en los que se secuestraron computadoras y celulares. Como resultado del análisis de las llamadas se determinó que provenían de una dirección de Buenos Aires donde no pudieron localizar morador ni otro elemento que conecte el atentado con un encargo, lo que para la defensa da la pauta de lo que vulgarmente se conoce como “una causa armada”.

Lo cierto es que con los elementos reunidos hasta entonces, el fiscal Nº 7, Jorge Andrés impulsó la investigación e incluso llegó a pedir la privación de la libertad de los acusados, cosa que el juez Silva no hizo lugar.

En esa oportunidad, los abogados de los Yódice calificaron de “incomprensible” la actitud “persecutoria respecto de estas personas”, declaraciones que cobran vigencia ahora, luego de que las pericias informáticas -análisis de celulares y computadoras- no permitieron establecer contacto con el hecho.

Clausura y protesta Tres días antes de que ocurriera el siniestro sobre el auto del intendente Corral, empleados y personal de seguridad de una confitería bailable de la Recoleta cortaron el tránsito en bulevar Gálvez y avenida Rivadavia en señal de protesta por una clausura reciente. El Estado había sancionado al empresario local por la presencia de menores dentro del boliche y eso generó un contrapunto sobre quién tiene la obligación de permitir el ingreso de menores y cuál es el rol del municipio a la hora de inspeccionar para que se respeten las normas. Como antecedente del conflicto que iba en aumento entre bolicheros y el municipio, esa misma semana las autoridades denunciaron el ataque con una bomba molotov al domicilio de la supervisora de espectáculos públicos que le hizo la multa al boliche.