Luis Rodrigo
La Justicia impide aumentar tarifas sólo en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en toda Santa Fe. Litoral Gas recurrió la medida que considera “discriminatoria”.
Luis Rodrigo
[email protected] José María González es el gerente de relaciones institucionales de Litoral Gas. Habló con El Litoral sobre un fallo de la Justicia Federal de San Nicolás, que rechazó una apelación de esa empresa y así confirmó que no puede cobrarle a los usuarios residenciales el aumento que había dispuesto el gobierno nacional. —¿Qué efectos económicos tiene para Litoral Gas no poder actualizar las tarifas?
—Como Ud. sabe están congeladas desde 1998. Y desde entonces no hubo ninguna planificación sobre qué hacer con las tarifas de gas que paga el consumidor, que deberían sostener tanto su producción, su transporte y su distribución. Hasta ahora, no hubo ninguna actualización tarifaria sobre el margen de distribución, que es lo que le interesa sobre todo a la compañía.
Estas últimas resoluciones del gobierno nacional, que modificaron el cuadro tarifario, permitían fundamentalmente pagarle un nuevo precio de gas a los productores, cosa que no hacemos porque nos impiden aplicar el nuevo cuadro tarifario.
Esta medida produce en la compañía un efecto devastador. No solamente no podemos actualizar nuestro margen de distribución desde 1996, sino que además no podemos pagar el precio del gas que ha sancionado la Secretaría de Energía.
Eso genera una deuda con los productores. A esto hay que monitorearlo y plantearlo permanentemente para ver cómo podemos salir de esta situación.
—Hasta aquí, ¿quién cubre esa deuda?, ¿el Estado?
—No. Hasta aquí no se ha cubierto. El Estado ha anunciado y ha puesto en vigencia un redireccionamiento de subsidios. El gas ya no lo tiene para los clientes residenciales y por eso hay un nuevo precio para el producto. Tal como han anunciado los ministros de Infraestructura y de Economía de la Nación se ha hecho un redireccionamiento de esos subsidios a otros fines sociales.
Hasta que se anunció el aumento, era, en efecto, el Estado quien cubría (con subsidios) el precio para producir gas. Ahora, no. A partir de abril se empezó paulatinamente a retirar los subsidios. Hablamos de julio, de agosto, de septiembre y de noviembre.
—¿A cuánto asciende el perjuicio directo por esta medida judicial?
—No lo tenemos evaluado aún. La realidad es que cuando estaba aplicándose por primera vez ese aumento hubo que cortar la facturación, de manera que no hemos podido medir completamente su efecto.
Hay sólo estimaciones. La actualización tarifaria era del orden del 27%.
—Sobre una torta de facturación de...
—Mire, tenemos una facturación de entre 300 y 400 millones anuales, pero con un mercado de grandes usuarios que se lleva el 75% del consumo. Y acá de lo que estamos hablando es sólo de cambios de tarifas para los clientes residenciales y algunos otros clientes de otras categorías. No hablamos de un cambio de tarifas para todos los segmentos de usuarios.
—Más allá del navideño fallo de San Nicolás... ¿Cuánto más debería subir la tarifa de gas para que a las distribuidoras como Litoral Gas les cierren sus números?
—Hay que repetir que el margen de distribución (lo que cobran de la tarifa las distribuidoras) no se toca desde 1998. Si consideramos sólo la inflación de 1999 a hoy, hablamos de la necesidad de aumentar en tres o cuatro veces el margen de distribución, como para poder comenzar una actualización
—¿Qué estrategias van a seguir Litoral Gas y las demás distribuidoras?
—En realidad, la única licenciataria que no puede aplicar el nuevo cuadro tarifario es Litoral Gas. Es la única perjudicada. No entendemos cómo tanto Metrogas como Gas Natural Fenosa -que actúan en Capital Federal y provincia de Buenos Aires- sí pueden aplicar las tarifas nuevas... Este fallo alcanza solamente a Litoral Gas. No lo entendemos.
No entendemos cómo es que una decisión del gobierno nacional, cuestionada ante la Justicia, se suspende sólo para una empresa. No queremos que se perjudique a otras distribuidoras, queremos que no se perjudique a Litoral Gas.
No comprendemos tampoco cómo es que, si quien interpone este recurso judicial es una entidad de alcance nacional, no haya efectos nacionales sino sólo aquí en esta firma.
Hay que recordar que la decisión de no subsidiar el precio de la producción del gas, que tomó el gobierno nacional, es de alcance nacional.
También me pregunto cómo es que sólo la empresa que tiene una pequeña porción del norte de la provincia de Buenos Aires y toda la provincia de Santa Fe es la única afectada. Entendemos que es un fallo cuanto menos discriminatorio.
Otro asunto que tenemos que destacar es que la entidad que cuestiona el aumento tiene alcance nacional, pero la decisión judicial se limita a Litoral Gas. Para nosotros, el fallo es discriminatorio.
—Litoral Gas ¿sólo va a defenderse en la Justicia o va a iniciar otras acciones?
—Nosotros le hemos planteado al Sr. juez que hay un perjuicio doble. Por una parte, no contamos con una actualización del margen de distribución y por otra no aplicamos el aumento que ha ordenado el gobierno nacional, lo que nos genera una deuda. No sabemos cómo vamos a salir de esta situación, porque los productores van a querer cobrar el precio que les ha fijado la Secretaría de Energía de la Nación. El juez sólo nos ha ordenado suspender el aumento a los usuarios y obviamente lo hacemos.
La resolución del juez ha sido recurrida y este viernes hay una reunión conciliatoria. Todo lo que estaba a nuestro alcance a nivel judicial se hizo. Y también ante Enargás y la Secretaría de Energía.