Se mueven causas por corrupción

Gonella vs. Bonadío El jefe de la Procuraduría antilavado (Procelac), Carlos Gonella, sostuvo hoy que el juez federal Claudio Bonadío “ya tiene el procesamiento escrito” en su contra pese a que se presente a declaración indagatoria, y acusó al magistrado de ser “absolutamente parcial y arbitrario”. Gonella hizo estas declaraciones luego de que Bonadío lo declaró ayer en rebeldía, pidió su juicio político y prohibió su salida del país, después de que el fiscal no quiso someterse a una indagatoria argumentando que hay una serie de planteos suyos pendientes de resolución. “No nos vamos a prestar a la declaración indagatoria, es un juez que ha tenido un accionar arbitrario, no nos ha dado acceso a la causa ni tampoco a las pruebas”, destacó Gonella. En su dictamen, Bonadío entendió que Gonella tiene una “mala intención” para con la causa ya que faltó a cinco indagatorias y explicó que pidió que se le quiten los fueros con el fin de poder detenerlo para llevarlo a declarar porque por su cargo tiene inmunidad de arresto. Ayer a las 9, Gonella estaba citado en el juzgado de Bonadío a declarar como imputado de supuesta “violación de secretos”, por haber difundido que la jueza María Gabriela Lanz y otras personas se encuentran imputadas por presunto lavado de dinero del narcotráfico.

Larroque vs. Clarín El dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque, volvió hoy a arremeter contra algunos medios de prensa al acusarlos de hacer “ciencia ficción” en sus referencias a Máximo Kirchner, vinculado al manejo de la empresa Hotesur, propiedad de la familia presidencial, e incluyó en sus críticas a sectores de la Justicia a los que tildó de “reductos corporativos” dedicados a “amedrentar” y “extorsionar”. El diputado kirchnerista advirtió que a los medios de comunicación no alineados al gobierno “lo que les molesta hoy es el rol de Máximo, de miles de militantes y de la política” y embistió contra sectores de la Justicia que investigan presuntos hechos de corrupción que involucrarían a altos referentes del poder político. La presidente Cristina Fernández defendió ayer a través de su cuenta en Twitter a su hijo Máximo, con relación al manejo de la empresa hotelera Hotesur, propiedad de los Kirchner, investigada por el juez Claudio Bonadío tras la denuncia que hizo la diputada Margarita Stolbizer. En seis tuits, la jefa del Estado recomendó la lectura de un artículo firmado por Larroque, publicado por la agencia oficial de noticias Télam, a través del cual el secretario general de La Cámpora criticó a Clarín, a cuyos directivos les pidió desde el título: “Aflojen un toque, se les nota mucho”.

Un fiscal vs. Lorenzetti Un fiscal federal impulsó una investigación penal contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por supuestos “comportamientos encaminados en concentrar la administración y control de los recursos financieros que corresponden al Poder Judicial de la Nación”. El fiscal Federico Delgado se hizo eco de una denuncia de la diputada porteña por la Coalición Cívica, Paula Olivetto, quien describió una serie de “procedimientos” mediante los cuales “se habría desactivado y pasado a manos de personas de suma confianza del presidente de la Corte y consejeros de la Magistratura con los que mantiene una misma sintonía política” el manejo presupuestario. La causa está en manos del juez federal Luis Rodríguez, a quien el fiscal le pidió investigar si existió “una disputa política entre los dos cuerpos del Poder Judicial de la Nación”, la Corte y el Consejo de la Magistratura, “donde el bien buscado no era otro que la administración y control de los recursos financieros del Poder Judicial”. Según la diputada Olivetto, en un proceso que se inició en 2008, “desde la Presidencia de la Corte se habría continuado con la misión de captar para sí ciertas oficinas clave en el funcionamiento del Consejo, ya que al contar con el apoyo del estamento judicial y los representantes oficialistas de ese cuerpo podían aprobar las resoluciones necesarias para lograr su objetivo”.

El gobierno en Ciccone La Cámara Federal porteña aceptó al Ministerio de Justicia como querellante en una derivación de la denominada “Causa Ciccone”, en la que está procesado -entre otros- el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. La Sala Primera del tribunal admitió la intervención como parte de la cartera judicial en la causa en la que se investiga la desaparición de expedientes de la Inspección General de Justicia, oficina que depende del ministro Julio Alak. En la causa, se investiga la desaparición, en marzo de 2012, de expedientes relacionados con el derrotero administrativo del rescate de Ciccone Calcográfica, entre ellos los de empresas que aparecen relacionadas con la operación que posibilitó el levantamiento de la quiebra. Entre esos expedientes figuran el de la Compañía de Valores Sudamericana (sucesora de Ciccone), London Supply y The Old Fund. El Ministerio acusó de la pérdida del expediente a la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, hoy asesora de la diputada Margarita Stolbizer y testigo en la causa en la que el juez federal Claudio Bonadío investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, administradora del hotel Alto Calafate, y en la que tiene participación la presidente, Cristina Fernández de Kirchner.

Casanello va por Báez La Cámara Federal porteña le ordenó al juez Sebastián Casanello que profundice la investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez por presunto lavado de dinero, tras achacarle al magistrado que impulsa una pesquisa “desarticulada” y que “resulta inapropiado el fraccionamiento” de la causa. La Sala II de la Cámara consideró que es “ineludible” avanzar en la causa hacia “las operaciones que involucran una suma importantísima de divisas”, como por ejemplo la compra en cinco millones de dólares de un campo en Mendoza que hizo Leonardo Fariña y en la que estaría involucrado Báez. En ese marco, los camaristas aludieron también a las sumas de dinero “que habrían sido ilícitamente remitidas al exterior y posteriormente reintroducidas mediante bonos finalmente vendidos en el país”. El juez federal Casanello procesó por lavado de dinero a Fariña y al financista Federico Elaskar por distintas operaciones comerciales que no pueden justificar, como la compra de autos, viviendas y acciones en empresas. Ambos revelaron en el programa “Periodismo para todos” que sacaron del país 55 millones de euros de Báez -Fariña, en aviones, y Elaskar, mediante su financiera SGI con la que creó empresas off shore en el extranjero para depositar la plata-. Después los dos negaron sus dichos pero se inició una causa penal en la que se investiga a Báez, a su hijo Martín, a su contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi.