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La Cámara Federal de Casación Penal avaló un embargo de casi 82 millones de pesos contra la multinacional IBM por el presunto pago de sobreprecios y sobornos durante el gobierno de Carlos Menem, en el marco de un convenio para informatizar la ex DGI.
El embargo había sido pedido por la Oficina Anticorrupción ‘con el fin de asegurar la restitución de los bienes que resulten del beneficio‘ ilegal presuntamente obtenido por la empresa y sus directivos como consecuencia de los convenios sospechados de delictivos.
Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos ordenaron que se ‘dé inmediato cumplimiento‘ a un fallo de la propia Casación de hace cuatro años. En los hechos, ello significa que los bienes de la filial argentina de IBM serán embargados hasta cubrir la suma de 81.996.627,19 pesos.
El embargo tiene por objetivo, según explica el fallo, ‘asegurar la oportuna restitución al Estado del importe dinerario que pudiera haber constituido un pago en exceso‘. ‘Ante la restitución que una eventual sentencia de condena pudiera ordenar en el marco de la presente causa, resulta necesario evitar la frustración de esa medida a través del dictado del embargo preventivo que este Tribunal ya había considerado idóneo en su resolución anterior‘, explicó la sentencia.
En una resolución de unas diez carillas los jueces hicieron un ‘racconto‘ de la trayectoria de las causas en las que se investigan los acuerdos IBM-DGI y ANSES-Banco Nación firmados por el Gobierno de Carlos Menem.
En el fallo, el tribunal dijo que ‘el principio general establece que las decisiones atinentes a medidas cautelares -sea que las decreten, levanten o modifiquen- no constituyen sentencia definitiva‘ lo que no habilitaría el análisis de la Casación, pero ‘corresponde admitir una excepción‘. Es que la Oficina Anticorrupción (OA) dijo que era una ‘cuestión federal‘ y por ello ‘la potestad de los jueces de esta causa de ordenar la restitución de la ganancia indebida en caso de recaer condena por el delito imputado permanece incólume‘.
El delito del que se habla es ‘administración infiel en perjuicio de la administración pública‘. El reciente 23 de febrero los jueces revocaron los sobreseimientos de once imputados en la causa que investiga si el Estado pagó sobreprecios por 120 millones de pesos. La medida, que incluyó una exhortación para que se realice rápido el juicio oral y público, alcanzó a un numeroso grupo de imputados, entre ellos Gustavo Soriani y Juan Carlos Cattáneo.
Corrupción
Confirman un embargo de 82 millones de pesos contra IBM
Es por el presunto pago de sobreprecios y sobornos durante el gobierno de Carlos Menem, en el marco de un convenio para informatizar la ex DGI
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