El Litoral
Este jueves se llevó a cabo la cuarta reunión en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la UNL.
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Se llevó a cabo este jueves la cuarta reunión entre los distintos actores involucrados en la problemática del transporte público de pasajeros que une a las ciudades de Santa Fe y Paraná. El encuentro tuvo lugar en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la UNL, en donde el decano de esta casa, Javier Aga, junto con el de la Facultad de Humanidades, Claudio Lizárraga, recibieron a representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) y de la Defensoría del Pueblo de Paraná.
Como repaso de lo acontecido en la reunión anterior, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uner, Gabriela Bergomás, retomó el proyecto de adecuación que sólo una de las empresas de transporte involucradas (Fluviales) presentó ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y que ésta última aprobó. “Para nosotros es un primer avance, en donde se pauta la puesta en marcha de un plan de redistribución de frecuencias en distintas paradas, ofreciendo servicios expresos a los puntos de mayor concurrencia. Se propone la inclusión de un servicio que evite el traslado hasta las terminales e incremente la cantidad de salidas”, dijo.
Por su parte, Lizárraga recordó que, según se informó en el encuentro anterior, “los contratos de la CNRT con estas empresas son por 10 años y por lo tanto no implican en principio una modificación de las condiciones que hicieron al contrato inicialmente, cuando se presentó una determinada frecuencia y una flota con una cantidad de coches específica”.
Atendiendo a esto, la Comisión de Seguimiento que surgió por iniciativa de la Uner y de la Defensoría del Pueblo de Paraná, continuará trabajando y acompañando en la problemática, apuntando -sobre todo- a la renovación de los permisos y adecuación de los contratos, con miras al 2017, y hará partícipe de la problemática a actores municipales y a los fiscales de ambas provincias.
Lizárraga también enfatizó en “la posibilidad de tener una conversación bilateral con las dos empresas que brindan actualmente los servicios y algunos representantes de esta Comisión, para poder dialogar con los empresarios y saber cómo ven ellos esta cuestión”.