Cuando la prensa atenta contra sus derechos

por José Curiotto Email: [email protected]

Todo derecho es importante. Sin embargo, existen algunos que se tornan esenciales para una sociedad y que merecen ser firme y cuidadosamente custodiados. Entre ellos, la libertad de expresión y de prensa. Puede que suene a mera abstracción. No obstante, se trata de un bien invaluable. Los engranajes de una comunidad difícilmente puedan funcionar de manera armónica sin esa suerte de lubricante que representa el derecho a informar y a estar informados. La libre información, la opinión y el conocimiento, igualan y permiten el control sobre quienes ejercen cualquier tipo de poder -no sólo el político-. De allí, la tensión permanente entre los que bregan por la libertad y aquellos que pretenden dominar a través del condicionamiento -a veces brutal, otras sutil- del flujo de informaciones y de opiniones. Sin embargo, las amenazas contra la libertad de expresión y de prensa no siempre provienen de factores exógenos al periodismo. En ciertos casos, surgen en el seno mismo de organizaciones que tienen en sus manos la delicada función de informar. Ángeles Rawson y Jazmín de Grazia jamás se conocieron. Si bien sus vidas transitaron por andariveles totalmente diferentes, el desatino periodístico hizo que sus destinos terminaran cruzándose después de muertas entre el 5 de febrero de 2012 y el 10 de junio de 2013. Quizá parezca un simple relato truculento, pero no es así. Lamentablemente, esto fue lo que sucedió con dos chicas cuyas vidas terminaron de manera trágica. Jazmín nació el 4 de julio de 1984 en Temperley, provincia de Buenos Aires. Fue modelo, conductora y panelista en televisión. Su carrera comenzaba a tomar vuelo cuando su cuerpo apareció sin vida en la bañera de su departamento. Había muerto ahogada, luego de haber sufrido los efectos de una dobredosis de cocaína. Ángeles Rawson era una simple estudiante secundaria de 16 años cuando, en junio de 2013, la asesinaron en el edificio donde vivía y arrojaron su cadáver a la basura. Poco después, su cuerpo fue encontrado en un predio de la Ceamse -donde se procesan los residuos- en la ciudad de José León Suárez. Aquellas imágenes morbosas En ambos casos, y con matices, las fotografías de sus cuerpos sin vida terminaron siendo publicadas por algunos medios periodísticos, lo que desató un lógico debate en la sociedad en general y dentro del periodismo en particular. Se trató de imágenes sin mayor valor periodístico, que sólo contribuyeron a despertar un morbo generalizado. ¿Era necesario vulnerar la intimidad de estas chicas de esa manera?, ¿valía la pena exponerlas así?, ¿es que acaso no tenían derecho a ser respetadas frente a la indefensión absoluta que representa la muerte? Durante los últimos días, se supo que el juez de Instrucción, Juan Ramos Padilla, procesó por el posible delito de “encubrimiento calificado con ánimo de lucro” a dos policías y a siete periodistas por las publicaciones del cuerpo de Jazmín de Grazia, pues todo indica que una cabo y una subinspectora de la División Fotografías de la Policía, vendieron las imágenes de la modelo tendida en su bañera y éstas terminaron en las páginas de un matutino. “No se difundieron imágenes que podrían denominarse comunes sino, por el contrario, se publicaron fotos que podrían ser consideradas morbosas, de mal gusto, repudiables, innecesarias, y que claramente afectaron el ámbito privado e íntimo al no respetarse a la víctima ni a su familia, máxime cuando el hecho ocurrió en el interior de su vivienda particular”, dice el fallo conocido en Tribunales. Quienes decidieron difundir estas imágenes contaron con el tiempo necesario para evaluar las consecuencias de tal publicación. De hecho, no fueron escenas registradas en vivo y en directo. Eran fotografías que también estuvieron en manos de otros medios de comunicación que, afortunadamente, evaluaron el impacto y optaron por no publicarlas. En un país acostumbrado a buscar en “el otro” el motivo de los problemas, bien vale realizar una autocrítica desde los medios de comunicación. Se sabe que los errores cometidos en el ejercicio del periodismo sólo pueden subsanarse a través de la autorregulación. Cualquier intento por generar órganos destinados a establecer qué publicar y qué callar, conduciría a generar un escenario propicio para la autocensura y la censura misma. El caso de Ecuador, donde a través de la Ley de Comunicación el gobierno se ha transformado en juez y gendarme de los contenidos periodísticos, es una clara muestra en este sentido: radios y diarios clausurados, periodistas perseguidos y amordazados. El principio de la libertad de prensa debe ser celosamente custodiado. Pero los medios de comunicación deben ser los primeros custodios, ejerciendo de manera responsable tales derechos. Y así debe ser no sólo por las víctimas inocentes; sino también por la libertad de expresión, por la prensa misma y, por sobre todas las cosas, por la sociedad en su conjunto. Lo que está en juego, es demasiado importante.