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La fiscalía solicitó que los 11 acusados por la explosión en el edificio sean juzgados por “estrago culposo” y “supuesto estrago culposo”. El hecho, que ocurrió el 6 de agosto de 2013, dejó 22 víctimas fatales y 60 heridos.
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La fiscal rosarina Graciela Argüelles pidió que los once acusados por la explosión de gas que se produjo en un edificio de Rosario en 2013, que provocó 22 muertos y 60 heridos, sean sometidos a juicio.
El pedido se produjo a pocos días de que se cumplan dos años de la tragedia, un 6 de agosto, fecha en que los damnificados y familiares de las víctimas suelen marchar en Rosario para reclamar soluciones a la justicia.
‘Se han presentado las acusaciones a la jueza de Instrucción Penal, Irma Bilotta, para que sean remitidas al juzgado de sentencia para tramitar el juicio, donde se debatirá la acusación que hace esta fiscalía y las querellas‘, detalló la funcionaria en declaraciones radiales.
En el expediente, agregó, ‘tenemos imputadas más de diez personas, entre ellas el gasista Carlos García y su ayudante, los integrantes de la inmobiliaria Calvillo que administraba el edificio de Salta 2141 y cinco empleados de la empresa Litoral Gas‘.
El juicio será escrito y podría demorar no menos de seis meses, de acuerdo con la normativa procesal que rige en Santa Fe.
La jueza Bilotta procesó por supuesto estrago culposo a once personas, cuatro de ellas trabajadores de la empresa Litoral Gas, mientras que el gasista que manipuló una válvula antes de la explosión y su ayudante fueron imputados por estrago culposo agravado.
La explosión se produjo el 6 de agosto de 2013 en el edificio ubicado en la calle Salta 2141, cuando el gasista matriculado Carlos García y su ayudante, contratados por la administración del consorcio, cambiaban el regulador de gas ubicado en las cocheras. En ese marco hubo una importante pérdida de gas que se expandió dentro y fuera del edificio, lo que desencadenó una explosión y un incendio que en pocos segundos derrumbó el bloque central del complejo de departamentos y destrozó gran parte de las dos torres adyacentes, a la vez que dañó viviendas en un radio de 200 metros.
El gasista y su ayudante, Pablo Miño, alcanzaron a salir del lugar ilesos en los pocos segundos entre el inicio del escape y la explosión. Lo que quedó en pie de los edificios debió ser demolido.
Dos meses atrás, en el marco de la investigación del siniestro, la Corte Suprema de Santa Fe rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por los padres de un joven fallecido en la explosión, quienes pedían que no se archive una parte de la pesquisa que señalaba a un empleado de la empresa Litoral Gas por autorizar una maniobra irregular con la llave de paso.
En la causa que tramita la jueza Bilotta se encuentran procesados por supuesto estrago culposo los inspectores de Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba, el jefe de ellos, Claudio Tonucci, la gerente técnica Viviana Leegstra y otras seis personas, entre ellos García, el gasista que manipuló la válvula antes de la explosión, y su ayudante. También tiene como principales imputados al técnico José Luis Allala, quien estuvo trabajando en el sistema de gas del edificio unos diez días antes del siniestro, y los administradores del complejo habitacional Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repulli.