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También abarca a los pacientes en lista de espera. Tendrán garantizado el acceso a los medicamentos y a los estudios diagnósticos.
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A través de la reglamentación de la ley nacional 26.928, publicada ayer en el Boletín Oficial, las personas trasplantadas o en lista de espera contarán con cobertura total para los medicamentos, diagnósticos y patologías que estén relacionadas directa o indirectamente con el trasplante.
Además, los beneficiarios de la ley recibirán un certificado extendido por el Incucai para viajar gratuitamente hacia cualquier destino de corta, media y larga distancia, ya sea por causas familiares, médicas, educacionales, laborales o de cualquier otra índole, con el objetivo de favorecer su plena integración social.
Por otra parte, la normativa promueve programas de empleo instrumentados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o deducciones impositivas a empleadores sobre las retribuciones que abone a trabajadores trasplantados. Y quienes se encuentren en situación de desempleo podrán percibir una asignación mensual no contributiva equivalente a la pensión por invalidez.
Más derechos
El titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti, resaltó que esta ley es única en el mundo en su tipo. “Es muy valioso contar con un instrumento legal que garantice el cuidado de los pacientes, tanto de quienes se encuentran en lista de espera como de quienes recibieron un trasplante. Este reconocimiento va en consonancia con los grandes avances que en los últimos años ha realizado nuestro país en materia de donación y trasplante de órganos”, expresó.
En tanto, el viceministro de Salud de la Nación, Nicolás Kreplak, consideró que esta norma se trata de “un nuevo eslabón en la cadena de derechos sociales para garantizar la inclusión”. “A la posibilidad técnica y científica de que los pacientes que lo tengan indicado accedan a trasplantes de órganos gratuitos, ahora sumamos el derecho a acceder a la cobertura de los medicamentos al 100%, a los estudios diagnósticos y demás prácticas médicas, tanto para quienes hayan sido trasplantados como para quienes se encuentran en lista de espera‘, remarcó.
Para acreditar la condición de beneficiario, el Incucai junto los organismos provinciales, como el Cudaio, dictará las normas operativas para extender un certificado-credencial a las personas allí comprendidas y llevar un registro.
La ley fue promovida por el Consejo Asesor de Pacientes del Incucai, que buscó una norma que los categorice y reconozca sus necesidades como pacientes.
Santa Fe todavía no
Consultado acerca de los efectos locales de la reglamentación de la ley nacional, el titular del Cudaio, Pablo Maidana, aclaró que la provincia cuenta con una ley propia, que todavía no fue reglamentada.
Se trata de la ley 13.397, sancionada hace dos años, que instituye un amplio “sistema de protección integral para personas trasplantadas o en lista de espera para ser trasplantadas”, con el objetivo de favorecer su integración laboral, educativa, social y familiar.
“Además de lo planteado en la normativa nacional, con la que compartimos el mismo espíritu, se reconocen otros beneficios como el acceso a la vivienda o la exención de impuestos para las empresas que contraten personas trasplantadas”, detalló Maidana.
Si bien esta normativa todavía no está reglamentada, el director del Cudaio aclaró que “todas las personas que necesitan un trasplante reciben la cobertura de salud que necesitan”.