Inseguridad: ¿impotencia o negocio?

Por Néstor Vittori

Hace algún tiempo, El Litoral publicó una nota en la que se planteaba la cuestión de si verdaderamente la policía y las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe tenían verdadera vocación por resolver los crecientes problemas de inseguridad que asuelan principalmente a las ciudades más grandes de nuestra jurisdicción. En esa oportunidad realicé una serie de preguntas respecto de las herramientas con que contaban nuestras fuerzas de seguridad, a la luz de las experiencias positivas que ofrecían otros países cuyas fuerzas de seguridad tienen un rumbo claro marcado por su dirigencia política. En esos casos, además, las policías cuentan con los elementos tecnológicos necesarios para hacer un seguimiento estructurado del ámbito criminal y, también, para el control del desempeño de sus propios agentes. Lamentablemente esas preguntas no fueron contestadas. Quizá porque no había a mano respuestas políticas y porque la fuerza policial carecía de los elementos mínimos indispensables para abordar dichas cuestiones en términos modernos. Obviamente hay por delante un largo camino a recorrer, que se transitará entre la voluntad política de abordarlo y la resistencia de sectores policiales y políticos que hacen negocios con la venta de impunidad. Este fenómeno se visualiza a través de los dos grandes flagelos de nuestro tiempo: el narcotráfico y la trata de personas que, porqué no decirlo, muchas veces contribuyen al financiamiento de la política. He visto la crispación de altos dirigentes provinciales frente a esta problemática. También su dificultad para abordarla, en un contexto de impotencia frente a la magnitud y extensión del problema, que suele incluir costos personales y familiares. Es que el desafío de las bandas mafiosas se ha desbordado en una clara y abierta intimidación. Ejemplo de esto fue el tiroteo contra el domicilio del gobernador Antonio Bonfatti, a poco de que intensificase en su ámbito de autoridad la persecución del narcotráfico. La participación que tuviera días pasados el ministro de Seguridad bonaerense, junto con otros funcionarios, en un programa periodístico que se emite por televisión, me dio la pista de que en ese ámbito provincial comienza a desbrozarse, al menos mediante el reconocimiento de las carencias, el camino que en su momento planteara el cuestionario referido al comienzo de estas líneas. El gran interrogante es si todas las carencias que se reconocen y se admiten en público se corresponden con una voluntad política genuina de resolverlas. O si, por el contrario, enmascaran propósitos de largo plazo en los que la desinversión -y la correlativa ausencia de medios y recursos- tiende a limitar la capacidad operativa y abrir ventanas a negocios mafiosos entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad. Creo que el gobierno nacional ha decidido hacer una apuesta fuerte en orden a un decidido combate contra la inseguridad, que empieza por plantarle cara al narcotráfico. Y entiendo que esta orientación debería replicarse en nuestra provincia aprovechando parte de los recursos que deben serle devueltos por la Nación a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, el primer paso debería apuntar a planificar una estrategia de control sobre la misma policía, que posibilite en tiempo real a la superioridad jerárquica tener información de qué hace, cómo y dónde se mueve, y en qué tiempo, cada uno de sus agentes. En segundo lugar es menester desarrollar un mapa del delito que permita diferenciar las áreas donde ejercitar el mayor control. Por supuesto que hay otras muchas cuestiones, y a modo de colaboración reitero las preguntas que desde estas mismas páginas hiciera oportunamente: 1) ¿Tiene la provincia alguna metodología para construir el mapa del delito en los principales centros urbanos? 2) ¿Cuáles son la metodología y las tecnologías que se utilizan? 3) ¿Qué sistema se tiene para la recepción de denuncias de actos delictivos? 4) ¿Cómo se garantiza la confidencialidad del denunciante, y cuál es el procedimiento de validación de denuncias anónimas? 5) ¿Cuál es el sistema de confluencia de denuncias, para construir el mapa del delito? 6) ¿Tiene la policía un sistema de comunicación on line y de intercomunicación con todo el sistema de patrullas, tanto motorizadas como pedestres? 7) ¿Tiene la estructura de patrullas sistema de GPS intercomunicado? 8) ¿Tiene la policía un banco de datos informatizado que permita el rápido acceso a las huellas dactilares de las personas detenidas por presuntos delitos? 9) ¿Tiene la policía un banco de datos o acceso a un banco de datos informatizado de ADN de las personas que resultan detenidas por distintas imputaciones delictivas? 10) ¿Posee la policía o tiene acceso a un laboratorio equipado con un sistema PCR para determinar ADN? 11) ¿Tiene la policía un cuerpo criminalístico de escena del delito y con cuáles elementos y programas? 12) ¿Qué sistema de descentralización de responsabilidades de conducción existe en las ciudades de Rosario y Santa Fe? 13) ¿Cuál es el sistema de control de cumplimiento de los objetivos respecto de los responsables de área o zona? 14) ¿De qué modo se determinan los objetivos por área o zona, y cómo se miden los resultados?

Creo que el gobierno nacional ha decidido hacer una apuesta fuerte en orden a un decidido combate contra la inseguridad, que empieza por plantarle cara al narcotráfico. El gran interrogante es si todas las carencias que se reconocen y se admiten en público se corresponden con una voluntad política genuina de resolverlas.