¿Qué falta en Santa Fe para que no haya más carros?

Agustina Mai
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En la última década, en la ciudad hubo intentos -tibios, aislados, esporádicos- para intentar ordenar la compleja realidad de la tracción a sangre, pero hasta ahora no se encaró una verdadera política al respecto.

La creación de un registro municipal de carros (se contabilizaron más de 500 en 2011, hoy se estiman más de 1.000); un cuestionado acuerdo provincial con carreros sobre el destino de los caballos rescatados del maltrato (por el cual se apartó a la ONG SOS Caballos y se entregaban los animales a los mismos cartoneros); los primeros trueques de carros y caballos por motos y subsidios (siete en 2011, hoy llegan a 40); el creciente número de denuncias por maltrato animal (más de 500 en los últimos diez años); protestas de carreros que cortaron rutas, puentes y hasta la autopista por la retención de animales en evidente mal estado; marchas de la ciudadanía y de entidades proteccionistas contra el maltrato animal son algunos de los hechos que delinean las aristas de esta problemática en la ciudad.

Más adelante, se celebró con bombos y platillos la llegada de la campaña nacional “Basta de TAS (tracción a sangre) a Santa Fe en 2012; hubo una promisoria pero fallida mesa de diálogo (por cruces políticos) entre carreros y proteccionistas para buscar una solución conjunta; y mientras tanto cientos de caballos fueron rescatados del maltrato (300 de 2006 a 2012) y otros murieron en las calles de la ciudad (tres en los últimos dos meses) o en proceso de recuperación (diez el último año).

La polémica siguió con más marchas de la ciudadanía y 25.000 firmas pidiendo la eliminación de los carros; la creación de la Cooperativa Recicladora de Santa Fe (que arrancó en 2013 con 14 trabajadores y hoy cuenta con más de 80 recicladores que recogen manualmente la basura en el microcentro); una ordenanza (la 11.917) para regular la recolección de macrobasura y a los ex carreros; protestas contra esta norma; incorporación paulatina al trabajo formal (empezaron reconvirtiéndose tres y hoy son 50); más animales desplomados en las calles; y hasta un pedido de informe de concejales opositores (en 2014) sobre qué hizo el municipio para atender este problema.

Tres nuevos proyectos -dos provinciales y otro local- intentan solucionar este problema atravesado por factores sociales, ambientales, económicos, culturales y legales: la recolección de basura a través de carros tirados por caballos, muchos de ellos en pésimas condiciones. El primero es un mensaje enviado por el gobernador Miguel Lifschitz a la Legislatura, para prohibir la tracción a sangre en todo el territorio provincial. El segundo fue ingresado por la diputada Alicia Gutiérrez (SI) semanas atrás y apunta a sustituir el uso de caballos por otros modos de transporte y brindar asistencia y capacitación a las familias que los utilizan como modo de vida. El más reciente es un proyecto de ordenanza presentado por Sergio Basile (FPCyS) que busca un reemplazo gradual de los carros.

El Litoral entrevistó al secretario municipal de Desarrollo Social, Carlos Medrano, para hacer un balance de lo que se hizo, lo que falta y cómo pueden impactar los nuevos proyectos legislativos.

“Nosotros compartimos el objetivo de eliminar la tracción a sangre, pero le agregamos dos problemas: la familia que va arriba del carro y la basura. Una norma que sea solamente restrictiva es insuficiente. A un carrero no debería pararlo un inspector de tránsito, sino un asistente social para atender la problemática social”, comenzó planteando Medrano.

—¿Qué falta en la ciudad para que el fin de los carros y del maltrato animal sean una realidad?, requirió El Litoral.

—Falta inyectarle recursos. Tenemos varias estrategias, pero dispersas, que apuntan a reducir la basura en la calle a través de la ordenanza de grandes generadores y con la Cooperativa de Cartoneros en el centro.

—¿Y dónde pueden conseguirse esos recursos?

— De los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. En este momento tenemos ocho carreros de Santa Rosa de Lima, Barranquitas Sur y Alto Verde a punto de reconvertirse, gracias a fondos provinciales provenientes del Programa Vínculos, que está orientado a la prevención de la violencia, la inseguridad y el delito. Nosotros presentamos el tema de los carros en relación a la inseguridad vial y tuvimos una buena respuesta. Además, hay otros diez carreros que están esperando subsidios municipales para comprar sus vehículos y entregar los carros y caballos. Por otra parte, ahora tenemos una buena relación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así que por ese lado podríamos conseguir apoyo.

Proyectos provinciales

En los argumentos que acompañan al mensaje 4.446 enviado por el gobernador a la Legislatura, Lifschitz menciona “la inseguridad vial que esta práctica representa para todos los miembros de la sociedad, debido a la indiscutible peligrosidad que traen aparejada estos vehículos a tracción a sangre, por no contar con los elementos de seguridad necesarios ni con una estructura estable, sin perjuicio de la suciedad que su circulación conlleva, afectando de esta manera la salud pública en el territorio provincial”.

El otro fundamento apunta a que “el proyecto entiende a los animales como seres vivos con capacidad de sentir diferentes emociones y sensaciones, con capacidades cognitivas, si bien diferentes a las de los humanos, pero no por ello menos valiosas, merecedores de cuidados y respeto, amparados a su vez en la Ley Nacional 14.346, sobre malos tratos y actos de crueldad”.

El escueto mensaje nada dice sobre la forma en que esta prohibición se implementará ni sobre las estrategias para reemplazar la forma de sustento de quienes hoy viven de la basura que recolectan con los carros. Ése es el quid de la cuestión y el principal punto a resolver si se quiere dar una solución definitiva. Lo saben hasta los proteccionistas.

—¿Qué opinión tienen del proyecto de ley para prohibir la tracción a sangre en la provincia?, le consultó El Litoral a Cristina Pagani, presidenta de SOS Caballos.

—¿Y qué les van a dar a los carreros? porque para dejar el carro van a necesitar otra forma de sustento. El Estado tiene que garantizarles un medio de sustento a las personas que ya no puedan vivir del carro. Es una responsabilidad que deberá asumir, fue la primera respuesta de Pagani.

A continuación enumeró otras características para que la reglamentación de la ley sea efectiva: no dilatar los plazos de erradicación de los carros, controles para verificar que la prohibición se cumpla, “santuarios” para enviar a los caballos “jubilados” y que la prohibición sea en toda la provincia.

Por su parte, la asociación civil Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad cuestionó el proyecto de ley del gobernador, “dado que una simple prohibición sin una correlativa solución del problema de fondo da cuenta de una gran improvisación en un asunto tan delicado”, y continúa: “Una parte de la fotografía de esta problemática es el sufrimiento y el maltrato de los caballos, lo cual se encuentra debidamente probado. Sin embargo, la fotografía es más amplia y compleja. La realidad muestra que los usuarios pertenecen a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, quienes son empujados por la pobreza y la desocupación a llevar adelante un trabajo al margen de toda formalidad y sin los más mínimos recaudos de seguridad, higiene y salubridad. El caballo se convierte, para ellos, en fuente de los magros recursos que obtienen por su tarea y que les permite la subsistencia. Subsistencia que se basa en lo que otra parte de la sociedad descarta a modo de basura”.

La segunda iniciativa provincial, a cargo de la diputada Gutiérrez, fue elaborada en conjunto con las organizaciones proteccionistas de la provincia y busca terminar con el maltrato al que son sometidos los caballos que son sobreexigidos, al ser cargados con mucho peso, y mal alimentados, lo cual les puede llegar a provocar la muerte.

Al respecto, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) cuestionó el proyecto y lo consideró inconsulto: “Ningún proyecto de este tipo puede evitar tener como interlocutores a quienes son los y las protagonistas de este trabajo” dice.

La organización expresó “preocupación ante un nuevo intento de intromisión sobre la vida y trabajo de las familias carreras, poniendo la cuestión social, política y humana de los carreros en segundo lugar, mientras que se privilegia la situación de los caballos”.

Además exigen al Estado que se los reconozca “como trabajadoras y trabajadores” y a partir de ahí discutir sobre sus derechos laborales y condiciones de trabajo dignas. “En tanto esto no suceda, que se nos deje trabajar en paz, para poder llevar a casa el pan del que dependen nuestras familias”, concluyeron.

Iniciativa local

En las comisiones del Concejo Municipal se está analizando un proyecto de ordenanza -de autoría de Sergio Basile (FPCyS) acompañado por Adriana Molina y Leandro González- que pretende reemplazar “gradual y definitivamente” los vehículos a tracción a sangre. “La decisión política tiene que ser clara y el proceso, gradual”, comenzó planteando el edil ante la consulta de El Litoral.

Una vez aprobada la norma, el primer paso será registrar a todos los carreros de la ciudad, en un plazo de tres meses. “Se les exigirán ciertos requisitos para circular, como la libreta de sanidad animal, medidas de seguridad y chapa del vehículo. De lo contrario, no podrán transitar. y en caso de que lo hagan sin cumplir con estas condiciones, el vehículo se retendrá”, aclaró Basile.

—¿Quiénes se encargarán de controlar que todo esto se cumpla?, preguntó El Litoral.

— Las secretarías de Control y de Desarrollo Social tendrán competencia para la aplicación de esta ordenanza, respondió Basile.

Las alternativas a la tracción a sangre serán, por un lado, el reemplazo por motovehículos y, por el otro, la capacitación laboral.

—¿De dónde saldrán los fondos para implementar esta política?

—Los fondos económicos no tienen que salir sólo del municipio, sino que éste está facultado para pedir a Provincia o Nación.

Sobre por qué fallaron los intentos previos por erradicar la tracción a sangre, Basile mencionó la falta de recursos para darle continuidad. “A lo largo de los años se ha intentado abordar la problemática pero sin continuidad, lo que nos hace replantear la efectividad de las normas vigentes y elevar una propuesta superadora. Debemos considerar los riesgos de la actividad de los recuperadores sobre distintos aspectos: la falta de trabajo o precarización del mismo, los accidentes de tránsito, la exclusión social y la atención de salud ante la falta de cuidado de los animales”, concluyó.

En tanto, desde la Cooperativa Recicladora Santa Fe -que nuclea a unos 80 recicladores de cartón, papel y plástico-, Leonel Méndez planteó que es necesario un cambio de paradigma: “No se puede seguir pensando el reciclado como una actividad gratuita, sino que hay que pensarlo como un trabajo pago: el trabajo de juntar la basura que otros generan. Esto implica pensarlo como un problema ambiental, por ejemplo con leyes que les cobren a las empresas que generan envases descartables o basura electrónica. De esa manera, el Estado podrá hacerse de los recursos necesarios para pagarles a los trabajadores que se ocupan de reciclar la basura que, de lo contrario, termina siendo enterrada y contaminando. No somos cirujas, somos recolectores ecológicos. ¿Por qué a las empresas recolectoras de basura se les paga por el servicio que brindan y se pretende que los recicladores lo hagan en forma gratuita?”, preguntó para abrir el debate y la reflexión, y focalizó sobre un aspecto esencial para que el reciclado funcione: la separación de residuos en secos y húmedos. “Falta mucho trabajar en este sentido porque la gente no se involucra”.

1.000 carros
se calcula que hay en la ciudad, en base al primer registro municipal y a estimaciones de entidades proteccionistas y ex carreros.

667 comercios
de los 1.761 registrados en la Municipalidad como grandes generadores de basura entregan sus residuos a ex carreros, que ahora trabajan con camionetas. Otros 299 comerciantes contrataron empresas para sacar la basura. El resto aún no cumple la ordenanza, porque aduce no producir la magnitud de residuos exigidos por la ordenanza 11.917.

300 toneladas
diarias de basura ingresan al Relleno Sanitario, al que le quedan cinco años de vida útil.