Fuente: EFE
Un fiscal de Colombia envío a la cárcel a la ex rectora de un colegio del municipio de Charalá, en el departamento de Santander, acusada de entregar alumnas de la institución a paramilitares que las sometían a abuso sexual.
Fuente: EFE
La detenida, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, consintió presuntamente que integrantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) abusaran entre 2001 y 2003 de sus estudiantes, la mayoría menores de edad.
Los abusos eran cometidos dentro de la escuela que dirigía Gutiérrez, en el corregimiento de Riachuelo, perteneciente a Charalá, y también fuera del centro educativo, indicaron fuentes de la Fiscalía citadas por la agencia EFE. Gutiérrez fue detenida el 9 de abril en Bucaramanga, capital de Santander, y es investigada por concierto para delinquir agravado, secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual, desplazamiento forzado, acto sexual abusivo y reclutamiento ilícito, agregó la información.
Por este caso también deberán responder el ex concejal de Charalá y esposo de la acusada, Luis María Moreno Santos, y la ex inspectora de Policía del corregimiento de Sincelada (Santander), Luz Marina Eslava. Moreno también está detenido y es investigado por reclutamiento ilícito, acceso carnal violento, acceso carnal abusivo, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y secuestro, mientras que Eslava es acusada de haber sabido de los casos de explotación sexual y haberlos ignorado.
Según denuncias conocidas por la Fiscalía, los niños del centro educativo también resultaron víctimas de la situación, porque eran obligados por los paramilitares a patrullar las calles de Riachuelo. La Fiscalía informó que hay al menos 25 casos de alumnas y alumnos que fueron abusados sexualmente o reclutados por el grupo paramilitar entre 2001 y 2003, pero que la cifra podría ser mucho más alta.
Por un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Alvaro Uribe los paramilitares se desmovilizaron en 2006, y 14 de sus principales cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.