La historia argentina dirá que alguna vez una presidente habló por cadena nacional para anunciar un plan de tenencia responsable de mascotas. Este hecho insólito sucedió el 3 de octubre de 2015, cuando Cristina Fernández lanzó el Rutra (Registro Único de Tenedores Responsables de Animales). Fue la cadena nacional número 41 de aquel año. “Gracias a ustedes por ese amor por los bichos que tanto nos quieren. Hay veces que uno los mira con más cariño que a otros que andan en dos patas. Siempre viajo con una mascotita: Lolita, es mi alter ego”, dijo la primera mandataria. Aquel registro nunca llegó a implementarse. Sin embargo, siete meses después la tenencia de mascotas volvió a ocupar un lugar preponderante en la agenda pública. Esta vez no fue por una cadena nacional, sino porque la Justicia condenó a ocho años de prisión al dueño de un perro Pitbull que en 2014 mató a dentelladas a un nene de 2 años, en la localidad bonaerense de Alejandro Korn. Los jueces consideraron que el condenado es responsable de homicidio simple con dolo eventual, y recordaron que el dueño del animal había sido “oportunamente advertido por terceros sobre ataques de sus perros a otros animales y a personas”. El problema no es nuevo, pero sólo aparece en la agenda pública cuando ocurre una tragedia o cuando surgen noticias como la que acaba de producirse en esferas judiciales. Por lo general, suele ser demasiado tarde. La actitud del hombre condenado fue de total desaprensión e irresponsabilidad. Sin embargo, no es necesario llegar a instancias de tal dramatismo para generar las condiciones propicias para que un hecho desgraciado ocurra. Los especialistas coinciden en que muchas personas tienden a humanizar a los animales, creyendo que sus conductas están vinculadas a una lógica predecible. Olvidan, sin embargo, que más allá de la crianza que se les brinde o de las condiciones en que vivan, mantendrán su instinto animal latente. En septiembre del año pasado se produjo el último caso que tuvo repercusión pública en la ciudad de Santa Fe. Sucedió en el parque Garay, cuando una niña de apenas 5 años también fue atacada por un perro de raza Pitbull mientras se encontraba junto a sus padres y tres hermanos en el área de juegos infantiles. Situaciones como éstas se repiten con frecuencia a lo largo y ancho del país. Algunas, incluso, en el seno de las familias propietarias de los perros. Desde 2009, en la ciudad de Santa Fe existe un Registro de Perros Potencialmente Peligrosos, creado a partir de una ordenanza. Se supone que los propietarios de ejemplares de razas Pit Bullterrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Dobermann, deberían informar de la existencia de su perro al Departamento de Zoonosis Urbana dependiente de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad. Sin embargo, este registro jamás llegó a funcionar de manera efectiva. Y aunque el listado operara convenientemente, de poco serviría mientras los propietarios de los animales no tomen conciencia de los riesgos y desde el Estado no se sancione a quienes actúan de manera irresponsable. Por ahora, no parece existir una decisión firme para avanzar en este sentido. Lamentablemente, todo indica que el tema sólo volverá a formar parte de la agenda de debate cuando ocurra una nueva desgracia. Sin embargo, para la próxima víctima será demasiado tarde.