La Casa Blanca mantuvo a Caracas en su “lista negra” de países a los que considera cómplices del delito de tráfico de personas. “Es inaceptable la obsesión intervencionista del gobierno estadounidense, que además de considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad y a la política exterior de los Estados Unidos pretende instruir a la República Bolivariana de Venezuela sobre elementos esenciales de su vida institucional”, dijo la administración del presidente Nicolás Maduro en un comunicado de su cancillería.
Obama afirmó ayer en Ottawa que en Venezuela “los presos políticos deben ser liberados, el proceso democrático debe ser respetado, y eso incluye los legítimos esfuerzos para llevar a cabo un referendo revocatorio que sea coherente con la ley venezolana”.
Paralelamente, el Departamento de Estado norteamericano mantuvo a Venezuela entre la veintena de países peor considerados en materia de combate al tráfico de personas, según su informe anual divulgado este jueves. La legislación estadounidense faculta a Obama a resolver, en un plazo de 90 días, si aplica sanciones —tales como el congelamiento de la ayuda no humanitaria y no comercial, o el veto a que reciban préstamos de organismos multilaterales— a los países incluidos en esa “lista negra” que también integran Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y, por primera vez, Haití, entre otros.
Venezuela y Estados Unidos mantienen una relación ambivalente desde el advenimiento del chavismo al gobierno del primero, a fines del siglo pasado, y el vínculo diplomático está formalmente limitado desde que en 2010 se retiraron los respectivos embajadores. Sin embargo, nunca afectaron la relación comercial.
El Estado venezolano es dueño de Citgo, una de las más grandes procesadoras de petróleo de Estados Unidos, con tres refinerías, 50 plantas de distribución y 6.000 estaciones de servicio. Los ingresos que produce ese negocio son relativamente cada vez más importantes para Venezuela, que en los últimos años cayó por debajo del décimo puesto entre los principales productores y exportadores mundiales de crudo.
Tras varios intentos que no prosperaron, Caracas y Washington acordaron hace dos semanas poner en marcha un mecanismo de “diálogo inmediato” con el objeto de restaurar la relación diplomática bilateral y facilitar conversaciones entre el oficialismo y la oposición venezolanos.
En ese contexto, el gobierno de Obama alentó dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) la postura de la mayoría de sus integrantes de promover el diálogo interno en Venezuela antes que imponerle el proceso de gestiones y sanciones previsto por la Carta Democrática Interamericana para aquellos países miembros en los que se vea afectado o roto el orden democrático.
Asimismo, la Casa Blanca estimuló las gestiones que los ex presidentes español José Luis Rodríguez Zapatero, dominicano Leonel Fernández y panameño Martín Torrijos vienen llevando adelante, con auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en procura de instalar un diálogo entre el chavismo y la oposición.