Pedirán pena máxima por el crimen de una mujer

De la Redacción de El Litoral

El juez de la Investigación Penal Preparatoria, Nicolás Falkenberg, admitió como querellantes a los padres de una joven de 28 años, asesinada a comienzos de año en el barrio San Lorenzo. En su representación actuaron los abogados del Centro de Asistencia Judicial de la provincia, quienes adelantaron que llevarán el caso a juicio y que solicitarán la pena máxima para Raúl José Oviedo, el único imputado por el crimen.

La audiencia de constitución de querella se llevó a cabo el 29 de junio pasado en el subsuelo de tribunales y contó con la presencia de los padres de Pamela Rodríguez -la víctima-, Gerardo Rodríguez y Graciela Paye, quienes fueron asistidos por los abogados Federico Lombardi y Agustín Roubineau, del CAJ.

Por el imputado estuvieron presentes los abogados particulares Rodolfo De Aguirre y Juan José Patiño, quienes se opusieron a la pretensión de los padres de participar como querellantes en el proceso, dado que la víctima tiene hijos y que éstos desplazan a los padres en el orden sucesorio. Dicho argumento fue contrariado tanto por la representante del Ministerio Público de la Acusación, la fiscal Cristina Ferraro, como por los abogados del CAJ, quienes sostuvieron que la normativa aplicable permite a los herederos forzosos obtener la calidad de querellante, no correspondiendo tener en consideración el orden imperante en materia sucesoria.

En tal sentido, los representantes legales admitieron que “buscarán que la causa sea elevada a juicio oral y público y a su vez solicitar la pena de prisión perpetua para el único acusado que existe en el caso”, según señalaron en un comunicado de prensa difundido días pasados. La repartición dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibió a los padres de la víctima en mayo y desde ese momento les brindó asistencia interdisciplinaria y asesoramiento jurídico a la familia de la joven asesinada. En ese marco, y en consonancia con la demanda de los familiares, los abogados del CAJ solicitaron ser aceptados como querellantes para ser parte activa en el proceso.

Desde la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, repartición de la que dependen los CAJ, se manifestó que “es una decisión de política criminal y un objetivo institucional luchar contra la violencia de género”, y en este sentido se agregó que “si el caso lo amerita, el CAJ no vacila en constituirse como querellante”.

Pamela Rodríguez fue atacada a balazos entre la medianoche del 12 y los primeros minutos del 13 de febrero, cuando se encontraba en la puerta de su casa, en calle Estrada al 1400, del barrio San Lorenzo. La víctima fue trasladada al Cullen con un disparo en el tórax, el cual habría lesionado la arteria aorta. La mujer fue intervenida y alojada en la terapia intensiva hasta las 5.45 de la madrugada en que se produjo su fallecimiento.

Por ese hecho fue detenido en una vivienda de la calle Dr. Zavalla al 7300, su ex cuñado Oviedo, quien se encuentra preso, imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género”.

Medida de distancia

• Según manifestaron los familiares de la víctima, las hermanas Rodríguez estaban sentadas en la vereda con sus hijos cuando “pasadas las doce de la noche del viernes un sujeto cruzó en moto por el frente de la casa y realizó una serie de amenazas y advertencias”, señaló una fuente del caso. No conforme con ello, minutos después vuelve a repetir su itinerario, aunque esta vez en lugar de proferir insultos directamente abrió fuego, con las consecuencias ya sabidas. La fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro, se refirió en ese entonces a la existencia de medidas de distancia para el autor del crimen respecto de una de las hermanas Rodríguez y el entorno familiar.