Hacer lo que se debe hacer

Por Rogelio Alaniz

Las diversas y controvertidas especulaciones que se hacen respecto del destino político o penal de la Señora, confirman una vez más que la Justicia, lejos de ser ciega como la presenta cierta folletería, actúa con los ojos abiertos y distingue muy bien a los débiles y a los poderosos, no escatimando rigores y sanciones para unos, y licencias y contemplaciones para otros. La consideración vienen a cuento porque por más que el relato K pretenda presentar a su Jefa como una suerte de abanderada de los humildes y una aguerrida luchadora social, lo real es que pertenece por sus relaciones con el poder y su posición económica al campo de los poderosos, pertenencia que explica por qué a esta altura de los acontecimientos y con todas las informaciones y pruebas disponibles acerca de los ilícitos cometidos, disfrute de los beneficios de la libertad, cuando en situación mucho menos evidente un ciudadano común hace rato que estaría entre rejas. En homenaje al realismo político, lo dicho merecería relativizarse ya que desde que el mundo es mundo situaciones como las descriptas suelen ser habituales, pero en el caso que nos ocupa no está de más tener presente estas obviedades, aunque más no sea para recordarles a los epígonos del kirchnerismo el lugar que ocupan sus jefes en la pirámide social, lugar que les permite, entre otras cosas, disfrutar de privilegios que no corren para el común de la gente. El silencio, la displicencia y en más de un caso la complicidad de los jueces con causas a las que se encargaron de archivar durante años en el rincón de las cosas muertas, se explican por este contexto de poder, como también es esta relación de poder la que da lugar a especulaciones acerca de si es conveniente para el honor de una Nación o su prestigio internacional que una ex presidente esté entre rejas. Estos cabildeos habría que situarlos históricamente, porque ocurren en el país donde “roba pero hace” se ha transformado en una suerte de mandamiento sagrado; el país donde los ministros del kirchnerismo escapan escondidos en los baúles de autos, ingresan a altas horas de la noche a conventos de dudosas monjas acarreando bolsas con millones de dólares; el país en el que un ex presidente se abraza extasiado a una caja fuerte y su esposa lo premia bautizando con su nombre a un centro cultural; el país donde los jefes acumularon morbosamente millones de dólares y sus choferes, cocineros, jardineros y sirvientes también se hicieron millonarios; el país que practicó el proteccionismo más anacrónico, pero con la abierta complicidad de ministros y funcionarios abrió generosamente sus fronteras a los narcotraficantes; el país donde politólogos y periodistas discuten si el kirchnerismo fue más o menos ladrón que el menemismo. A ese país, en el que sus principales capitalistas prefieren tener sus millones afuera, hoy le preocupa la mala imagen que podría dar con una ex presidente presa, preocupación que, por ejemplo, no pareció conmover a los peruanos, quienes no vacilaron en poner entre rejas al señor Alberto Fujimori, acusado de delitos no muy diferentes a los perpetrados por la Señora. Es una verdad sabida que los hilos del poder funcionan, incluso con independencia de sus propios protagonistas. Pretender desconocer esa regla de la historia y de las sociedades sería ingenuo, pero no es inocente insistir que, en ciertas coyunturas históricas, la propia salud de las sociedades y de sus dispositivos de poder reclamen que los exponentes más representativos de un tiempo de desvergüenza y decadencia, paguen sus cuentas, no para poner fin a la lógica del poder, lo cual es imposible, sino para fortalecerlo, pero en otras condiciones. Las sociedades necesitan renovarse, mejorar sus condiciones, actualizar sus creencias, y para ello resulta importante, y a veces imprescindible, que aquellos valores que invocaron para su constitución: los de la virtud, del honor y la mínima decencia personal, esos principios que en algún momento le otorgaron consistencia histórica al deseo repetido por generaciones: “Al gran pueblo argentino, ¡salud!”, se hagan realidad, sancionando a quienes se encargaron con sorprendente esmero de transformar a una nación en una factoría manejada por ladrones y viciosos. Se equivocan, por lo tanto, quienes en nombre de la prudencia y las inefables razones de Estado, consideran que no es conveniente ir hasta las últimas consecuencias contra las autoridades cuyas corruptelas están a la vista. Por el contrario, si realmente se desea dar una vuelta de página a la historia, ésta es la ocasión para hacerlo, algo que en su momento entendió muy bien Raúl Alfonsín cuando decidió juzgar a los militares, decisión que para muchos fue considerada imprudente o imposible hasta que, como los hechos se encargaron de probarlo, se demostró que el poder militar entendido como el poder para extorsionar con las armas al Estado de derecho, fue puesto en su lugar, aunque para ello se impuso encarcelar a los principales jefes de la junta militar y a sus colaboradores inmediatos. Ninguna iniciativa trascendente en política es gratuita. Poner a las Fuerzas Armadas en el lugar establecido por las leyes significó un costo político alto para el gobierno radical, pero la grandeza de Alfonsín fue que entendió que era necesario pagar ese costo porque los beneficios para todos serían mucho más elevados. Esa certeza del presidente radical fue la que no tuvieron en su momento políticos peronistas como Luder o Bittel, quienes en nombre de la misma prudencia con la que ahora sus herederos reclaman que no se avance contra la Señora, insistían que era necesario amnistiar a los jefes militares. Se dirá que no es lo mismo el régimen militar que el régimen populista, lo cual es cierto, pero al respecto importa advertir que en la historia de las naciones nunca las grandes tareas son exactamente las mismas, lo que no habilita a que una Nación renuncie a cumplir con el deber histórico que reclama cada coyuntura, y que, dicho sea de paso, pone a prueba la calidad de su clase dirigente. Hoy, la historia nos coloca a los argentinos ante el desafío de resolver una de las lacras políticas que afectaron el desenvolvimiento de la democracia en el último cuarto de siglo. Diez años de menemismo y doce años de kirchnerismo, es decir de regímenes que más allá de las retóricas oficiales, hicieron de la corrupción el eje principal de su actividad de gobierno, merecen ser sancionados ejemplarmente sobre todo cuando existen condiciones sociales y culturales para que esto sea factible. ¿Es necesario agregar, además, que el precio que estamos pagando por esta actividad depredatoria practicada con singular esmero por el populismo, incluye pobreza, muertes, pérdida de calidad de vida, inseguridad y decadencia moral y material? Dejo a los expertos en derecho formalizar los modos y las formas que permitan sancionar a los responsables de Hotesur, Los Sauces, dólar futuro, asesinato de Nisman, por mencionar los casos más visibles y escandalosos. Por cualquiera de ellos, un hombre de la calle hace rato que estaría entre rejas, motivo por el cual supongo que ha llegado el momento de que los delincuentes, los corruptos que se valieron del poder para cometer sus fechorías, sean juzgados y vayan a la cárcel. El honor, la justicia, el sentido común y el destino mismo de la Nación así lo exigen. La Argentina no va a resolver todos sus problemas porque una ex presidente esté entre rejas, como no resolvió todos sus problemas sancionando una Constitución o garantizando el voto de los ciudadanos o haciendo realidad los derechos sociales o sancionando a los militares violadores de derechos humanos, pero una Nación que merezca ese nombre es aquella que en cada circunstancia de la historia hace lo que debe hacer, no porque supone que ingresará al Paraíso, sino porque sabe o presiente que renunciar a esos imperativos representaría persistir en el error, hundirse un poco más en el fango, añadir a los pesares cotidianos la complicidad. Pero por sobre todas las cosas, no hacer lo que corresponde significaría renunciar a la esperanza.

Los regímenes que hicieron de la corrupción el eje principal de su actividad de gobierno merecen ser sancionados ejemplarmente sobre todo cuando existen condiciones sociales y culturales para que esto sea factible.