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Viernes 29.07.2016
20:41

Por Néstor Vittori

Desarrolismo, racionalidad y populismo

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Por Néstor Vittori Desarrolismo, racionalidad y populismo

Por Néstor Vittori

 

El desarrollismo, como política económica, tiene distintas vertientes, partiendo siempre del mismo paradigma: “La producción es una función matemática del consumo”.

Keynes sostenía que si se reducen los salarios en una situación de desempleo, la demanda agregada disminuye con la baja de los sueldos. La contracción de la demanda afectará a los empresarios y aumentará el desempleo. Consecuentemente con ello, cualquier enfoque productivo requiere contar con un mercado donde colocar lo que se intenta producir.

A partir de estos conceptos es posible transitar distintas propuestas políticas que pondrán énfasis en un aspecto u otro, cuyos destinatarios serán sectores determinados o indeterminados de la sociedad, parciales o globales, con utilidad y proyección económica o meramente política electoral.

Admitamos que ese análisis nació en un contexto crítico, como fue la Gran Depresión de los 30, y allí no encontró barreras ideológicas que se le opusieran, sobre todo a partir de la experiencia práctica del New Deal (Nuevo Acuerdo), propuesto por Franklin Roosevelt como alternativa a la crisis.

La teoría neoclásica mercadista -y antiintervencionista- se quedó sin argumentos para responder a las circunstancias críticas que vivió la sociedad de aquel momento, donde el comercio mundial se había reducido a una tercera parte, los productos agropecuarios no tenían quién los comprara; las industrias -en particular, las dependientes de la industria pesada- estaban al borde de la quiebra o efectivamente quebradas; y además había un parate inmenso en la construcción. La suma de estos desastres produjo un desempleo del 25 por ciento, en tanto que el sistema bancario había entrado en colapso, y sin ayuda de la Reserva Federal.

Aquella situación desesperante determinó que Roosevelt, que ganó las elecciones de 1932, ingresara al gobierno con un paquete de medidas de emergencia para los primeros 100 días de gestión consistente en la creación de un fondo de desempleo para paliar la desocupación, el establecimiento de precios sostén par los productos agrícolas, un programa de trabajo para desempleados de menos de 25 años, proyectos de obras públicas de magnitud, reorganización de la industria privada en torno a buenas prácticas competitivas, financiamiento de créditos hipotecarios, un sistema de seguros para los depósitos bancarios y reglamentación de las operaciones bursátiles.

Esta política se implementó desoyendo el consejo dogmático de los economistas neoclásicos, quienes recomendaban mantener el equilibrio fiscal. Roosevelt desconoció esos criterios y utilizó los fondos del Estado pese a ingresar en un fuerte déficit. Su propósito era modificar rápidamente las expectativas, detener la sangría bancaria y avanzar hacia la superación de la crisis en un plazo mucho más corto que otros países que prácticamente prolongaron la situación hasta la Segunda Guerra Mundial, e incluso más allá de su terminación.

En la Argentina, hubo distintos momentos en que se aplicaron políticas keynesianas con resultados dispares, de resultas de los cuales pueden consignarse dos criterios diferenciados: 1) aquel que ataca el desempleo utilizando políticas de subsidios directos o indirectos a los sectores privados para fomentar el empleo; y 2) aquel en que el Estado invierte fuertemente en infraestructura, produciendo ocupación mediante la obra pública y generando externalidades que mejoran la competitividad del sector privado, al proporcionarle mejores condiciones de desenvolvimiento en términos de eficiencia y baja de costos.

Hace algunos años, en oportunidad de una visita a nuestra ciudad, le pedí a Ruth Richardson, ex ministra de Hacienda de Nueva Zelanda, en momentos de una fuerte crisis de nuestra lechería, su opinión respecto de la instrumentación de subsidios para mitigar esa situación. Me contestó que Nueva Zelanda habían aplicado políticas de subsidios, y que éstas se habían convertido en una “droga”que había condicionado la producción, generando sobreoferta. Y que luego había sido muy difícil eliminarla porque los productores se habían convertido en adictos, sacrificando su eficiencia y competitividad.

La Argentina tiene sectores que se han desarrollado a partir de subsidios, sobre todo indirectos, que de no haberse otorgado, los proyectos probablemente no hubieran existido, o lo hubieran hecho en localizaciones más ventajosas, con menores costos; por ejemplo, por distancia a los puertos y su incidencia en los fletes.

En este caso, nos encontramos con la disyuntiva del mantenimiento del subsidio o la desaparición de las empresas y la consiguiente caída del empleo.

Hay tendencias en nuestra sociedad que se empeñan en ignorar las consecuencias del mantenimiento de actividades productivas que lucen económicamente insostenibles cuando se las analiza desde la arista de la competitividad. Me refiero a quienes sostienen contra viento y marea la existencia de empresas cuyos costos las sacan de competencia y que sólo pueden sobrevivir con subsidios del Estado, que a ese fin les extrae recursos a otros sectores mediante impuestos discriminatorios que terminan deprimiendo sus genuinas actividades.

Por supuesto que hay situaciones más o menos críticas que pueden referenciarse en la crisis del 30, casos en los que es conveniente auxiliar actividades cuya competitividad es sustentable en tiempos normales. Pero resulta absurdo subsidiar actividades cuya competitividad es imposible en el frente externo, y cuyo sostenimiento en el plano interno encarece artificialmente los precios que deben pagar nuestros consumidores

El laureado economista Michael Porter, luego de un importante trabajo de investigación de campo y conclusiones expuestas en su obra “Las ventajas competitivas de las naciones” coloca al Estado fuera del denominado diamante competitivo, no interviniendo en el desarrollo interno de las empresas. Pero, en suma, demuestra el importante rol que tiene en la generación de externalidades, de las que éstas se apropian para competir; por ejemplo, de una buena infraestructura en rutas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, sistemas informáticos; y de estructura en servicios de Justicia, educación y salud, entre otros, que aporten en términos de seguridad jurídica, conocimientos científicos tecnológicos y seguridad social de los involucrados en la ecuación productiva.

Para finalizar, cabe señalar la inevitable crisis de las políticas populistas, que poniendo foco en lo electoral reparten recursos que el Estado no posee. En esta concepción, el poder se nutre de las transferencias de otros sectores, y principalmente de la peor transferencia, que es la que realizan a diario todos los ciudadanos a causa de una emisión no sustentable que se paga con inflación creciente.

El papel del “bueno” que pone plata en los bolsillos de la gente y que luego se la saca por vía de una inflación que erosiona su poder de compra es la más perversa de las estafas políticas y sociales porque profundiza la pobreza y condiciona la libertad.


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