Hay sospechas de que armaron el sumario para proteger a un policía

Juliano Salierno

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“A mí me llevaron como secuestrado”, dijo hoy en sede judicial Matías Alcides Cáceres, el albañil de 35 años que está acusado por el hurto y la portación indebida de un arma de fuego de guerra perteneciente a un funcionario policial. El caso, que trascendió públicamente el viernes pasado porque, supuestamente, el arma reglamentaria había sido puesta en alquiler por el policía, se develó completamente diferente hoy en la audiencia para tratar la medida cautelar, en la que el imputado recuperó la libertad bajo fianza.

El juez de la investigación penal preparatoria, Sergio Carraro, desestimó el pedido de prisión preventiva para Cáceres, no sólo por la falta de riesgos procesales, en cuanto al entorpecimiento probatorio y peligro de fuga, sino que directamente porque puso en crisis la autoría del hecho. Basado en el principio de “in dubio pro reo” o beneficio de la duda, el magistrado valoró los testimonios de los tres testigos, aportados por el abogado defensor Néstor Darío Pereyra, especialmente el de una joven de 21 años que sostuvo que fue el policía el que efectuó los disparos con su propia arma, estando alcoholizado y drogado.

Versiones encontradas

Cuatro versiones se cruzan en esta historia, que surgió ante la pregunta de un periodista el viernes pasado, en una conferencia de prensa brindada en el Ministerio de Seguridad.

El primero en dar la novedad fue el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad de la provincia, David Reniero, quien confirmó a la prensa que la madrugada del 29 de julio dos hombres -se dijo que eran tres- habían sido detenidos en ocasión del robo a una mujer, con una pistola 9 mm, perteneciente a la fuerza policial. El funcionario sostuvo además que “cuando se lo consulta acerca de ello (al que tenía el arma), responde que se la alquilaba a un policía en ejercicio”.

Pero ni la declaración del policía -que denunció el robo del arma a las 7 de la mañana del mismo día en la Subcomisaría 12 del barrio Los Troncos-, ni la versión de los imputados hacen mención al alquiler del arma, y tampoco son coincidentes entre sí.

Hay un dato clave, que es el que da inicio a las actuaciones: un llamado al 911 en el que se denunciaba que alrededor de las 2 de la mañana del viernes se produjeron disparos de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Dra. Cecilia Grierson y Juan Mantovani del barrio Los Troncos.

Tomando juntos

Coincidentemente en esa zona, en un radio de dos o tres manzanas, viven los tres involucrados: el detenido Matías A. Cáceres, su sobrino Jonatan Barrios -imputado por encubrimiento- y el suboficial Norberto Manuel Lacuadra, de 25 años, con lugar de revista en la Policía de Acción Táctica de Rosario -actualmente en disponibilidad-, quien se presenta como víctima.

El policía dijo que había estado tomando bebidas alcohólicas en la casa de un conocido -un tal Luque-, que se quedó dormido producto de la ingesta alcohólica y que cuando despertó, el arma ya no estaba en su poder.

El detenido Cáceres coincidió en que se encontraba tomando un porrón con el policía, a quien conocen del barrio, pero que fue éste el que bajo los efectos de alcohol y sustancias salió a la calle y abrió fuego con su arma reglamentaria. Tres testigos lo respaldaron diciendo que trataron de contenerlo, que el arma se le cayó y que aprovecharon para dejarla sobre una mesita de luz donde después la encontró la policía.

Acta policial

Por último, existe un acta policial, que no lleva la firma de testigos de actuación, en la que se da cuenta de que ante el llamado al 911 acuden a la zona y ven a dos masculinos que intentan escapar -Cáceres y Barrios-, a los cuales le secuestran el arma al primero y 9 vainas servidas al segundo.

La versión se da de patadas con lo expuesto por los testigos, que si bien son familiares de los imputados, fueron muy claros y contundentes en sus respectivos relatos. Uno de ellos, una joven de 21 años, contó que el policía, que no estaba cuando llegó el Comando, regresó en dos oportunidades a las 4 y antes de las 7 de la mañana preguntando por el arma.

Previo a la declaración de los testigos, el fiscal Carlos Lacuadra solicitó la prisión preventiva para Cáceres, por entender que su libertad ponía en riesgo no sólo la investigación en curso, sino otras derivadas de ello, como la sospecha de que el arma pudo haber sido alquilada. Esto último originó que de manera paralela se abrieran actuaciones en la Dirección de Asuntos Internos y la División Judicial de la policía.

Libertad bajo fianza

El fiscal Lacuadra dijo también que el coimputado Barrios ya había aceptado un juicio abreviado por el delito de “encubrimiento”, y finalmente cuestionó que los testigos propuestos por la defensa no constan en ningún acta prevencional, aunque no se opuso.

Por su parte, el abogado Pereyra expresó en favor de los imputados que “en ningún momento tuvieron cabal comprensión de lo que estaba ocurriendo” y por ende no dimensionaron la gravedad de sus consecuencias al ser detenidos. En favor de Cáceres y Barrios sostuvo que “no tienen antecedentes penales de ninguna naturaleza” y que “toda la prueba de interés ya fue producida”, por lo que solicitó la libertad de Cáceres.

Finalmente el juez Carraro resolvió concederle la libertad al único detenido -Barrios recuperó la libertad el lunes- y fijó alternativas entre las que cuentan la de fijar una fianza por $ 50.000, presentarse una vez cada 15 días ante el MPA y designar a una persona mayor como guardadora, entre otras.