De la redacción de El Litoral [email protected] Los jueces santafesinos cuestionaron duramente las críticas hacia su nivel de salarios, ratificaron la necesidad de mantener la exención del pago del impuesto a las Ganancias como una manera de garantizar la intangibilidad y evitar que se afecte “seriamente su esquema económico familiar”, y consideraron que existe “una estrategia coordinada” y “una cruzada” para menoscabar la independencia del Poder Judicial. En un documento interno, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial -Zona Norte expresa su “preocupación” ante “las sucesivas manifestaciones públicas provenientes de integrantes de otros poderes del Estado” y las informaciones periodísticas referidas a la temática. En primer término, recuerdan el régimen de equiparación -o “enganche”- con el régimen salarial del Poder Judicial de la Nación, establecido por la Ley Provincial 11.196. Y sostienen que “no parece un despropósito que los integrantes de las Justicias provinciales perciban una remuneración razonablemente equiparable” con la escala nacional. Y recuerdan que la Justicia “se consolida o se degrada conforme sea la mayor o menor asignación presupuestaria, y la mayor o menor remuneración que se establezca para sus integrantes”. Por otra parte, califican como “una maniobra que evidencia una estrategia coordinada” la sumatoria de voces que plantean la necesidad de que jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial tributen el Impuesto a las Ganancias. “Sectores que ayer pregonaban que ‘el salario no es ganancia’ y la necesidad de eliminación de este impuesto, hoy parecen haber dejado de lado esas banderas embarcados en una cruzada contra el Poder Judicial”, argumentan. En tal sentido, advierten que el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Santa Fe genera “en forma innecesaria una situación de malestar entre los abogados y los magistrados, funcionarios y empleados judiciales; en un evidente error de conducción de sus directivos que pone en riesgo el equilibrio y la armonía que debe existir entre los actores judiciales”. Afectación Para los magistrados, “las escalas salariales establecidas para el Poder Judicial han sido definidas teniendo en cuenta que el sector no tributa el Impuesto a las Ganancias”, y que por lo tanto esgrimir como “reivindicación” que lo haga supone exponer a sus miembros a “una disminución sustancial de su salario, que afectará seriamente su esquema económico familiar, que se ha estructurado de acuerdo con el nivel salarial de cada categoría”. Por lo demás, interpretan que con esto el Colegio de Abogados se suma a un planteo “ajeno a la incumbencia” de sus representados, “en lugar de ocuparse de otros aspectos que sí son específicos de su función”, como por ejemplo sancionar a profesionales sentenciados que continúan ejerciendo o a los que “más allá de las costosas campañas publicitarias desplegadas, continúan desarrollando con total impunidad su red de captación de víctimas de accidentes”. También consideran parte de “esta montada campaña contra el Poder Judicial” a las autoridades de la Facultad de Derecho de la UNL, “cuando tal casa de estudios no tiene ninguna injerencia en lo que respecta al quehacer judicial”. Menoscabo Además de entender que se utiliza al Poder Judicial “con fines estrictamente políticos y de distracción de los verdaderos problemas que aquejan a los ciudadanos”, lamentan que “se esté intentando poner a la sociedad en contra de los magistrados y funcionarios, en un preocupante escenario en el que incluso, se arrojan cifras salariales alejadas del común denominador de este sector, y en un peligroso antecedente desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores”. El Colegio subraya que “si lo que se ataca es la remuneración de los integrantes del Poder Judicial, el objetivo perseguido es el menoscabo de la independencia de este Poder. Un juez erosionado desde distintas órbitas, puede convertirse en un juez maleable, sujeto a las apetencias de sectores corporativos, y claro está, de sus intereses puramente económicos, alejados de las necesidades de los ciudadanos”. Y que al apuntar contra la intangibilidad salarial consagrada por la Constitución como mecanismo para evitar presiones sobre los jueces, lo que se hace “orquestando este inusitado y nunca visto ataque” es, precisamente, ir contra su independencia.